El Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó a cadena perpetua a diez de los 12 imputados en el juicio oral y público de la causa de lesa humanidad conocida como “Brigadas”, en el cual se investigaron crímenes en perjuicio de 605 víctimas que pasaron por los centros clandestinos de detención de “el Pozo de Banfield”, “el Pozo de Quilmes” “Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo, y en el cual también se analizaron casos de violencia diferencial cometidas contra personas trans. Entre los crímenes analizados, está la desaparición de los estudiantes de “La Noche de Los Lápices”
Los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti condenaron a perpetua a Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada; Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata; Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata y Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.
También recibieron la pena máxima Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata; Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura; Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas; Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de los bebés nacidos en cautiverio; el ex comisario Horacio Luis Castillo; y el exagente de inteligencia del Ejército Carlos Gustavo Fontana.

En tanto, el exjefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata, Alberto Julio Candioti, recibió 25 años de prisión, y el exjefe de la policía bonaerense Enrique Augusto Barré –quien hasta diciembre del año pasado fue defendido por el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona–, resultó absuelto.
El juicio había comenzado el 27 de octubre de 2020, en plena pandemia con 18 acusados. En instrucción había 39. Las condenas llegaron para 12 implicados: 7 ex militares, 4 ex policías y 1 civil.
De las 605 víctimas de este juicio, 373 sobrevivieron, 189 se encuentran desaparecidas y 31 fueron asesinadas. Entre estas últimas, 30 estuvieron desaparecidas y sus cuerpos fueron recuperados con posterioridad. La mitad de esas víctimas tenían entre entre 18 y 29 años; y un 23% tenían menos de 40 años. Un 8% eran niños y niñas.
Entre las víctimas, remarcó la fiscalía en su alegato, había personas trans. “Todas fueron sometidas a la maquinaria del terrorismo de Estado al igual que las otras personas victimizadas” y sus derechos avasallados por “toda clase de vejaciones”.

“Los hechos de esta causa son singulares; no estamos frente a episodios comunes dentro de la normalidad del sistema, sino frente a crímenes contra la humanidad, imprescriptibles e inderogables. Este proceso penal involucra crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada”, se sostuvo en la acusación. Remarcó que “lo acontecido, por su dimensión, ingresa en la categoría de terrorismo de Estado” y, en tal sentido, refirió que en el juicio quedó acreditado que “la decisión de quienes adquirían la condición de ‘enemigos’ respondió únicamente al arbitrio de los integrantes de los grupos que desplegaron las acciones criminales dictatoriales, independientemente de que las personas perseguidas se percibieran a sí mismas como ‘subversivas’ o, incluso, como opositoras al régimen”.
La lectura del veredicto comenzó pasadas las 13, y la mayoría de los imputados siguió la lectura del veredicto por vía remota desde sus casas, ya que se encuentran bajo arresto domiciliario. El único de los acusados que se encuentra en prisión es Di Pacuale. El tribunal configuró que los delitos juzgados son de lesa humanidad.
La lectura llevó más de cinco horas. Es porque se dio lectura a los nombres de cada una de las más de 600 víctimas en cada uno de los casos. Por zoom, los acusados siguieron la resolución y se generaron incluso altercados.

Domínguez Matheu se escondía de la cámara y se asomaba tímidamente, así como Balmaceda miraba su celular y Lamont Smart se alejaba del foco y hablaba por teléfono. El juez le llamó la atención. “No estaba afuera de cámara, estaba oyendo perfectamente”, respondió. Ante sus palabras, Basílico lo interrumpió: “Señor Smart, no es un diálogo con usted. Usted tiene la obligación de escuchar el veredicto. No voy a admitir ninguna inconducta ni fuera ni dentro de la sala, así que apague el micrófono y limítese a escuchar”. Luego, el abogado de Smart señaló que su defendido estaba hablando por celular con personal de la defensoría, que -según dijo- le estaba avisando que estaba fuera de foco. “Señor Wolk, estoy leyendo su veredicto. Es una cuestión de respeto. La próxima vez que se levante le voy a llamar la atención. No voy admitir interrupciones”, tuvo que decirle el juez a otro de los implicados.
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