Confuso episodio con un diplomático de la embajada de Venezuela que llegó hasta el avión iraní retenido en Ezeiza

El episodio ocurrió el lunes 5 de febrero, en horas de la tarde. Un diplomático de la embajada de Venezuela en Argentina, identificado como José Jesús Jatar Díaz, ingresó al aeropuerto internacional de Ezeiza y se dirigió hasta una zona restringida donde está el avión iraní-venezolano, retenido desde el 8 de junio de 2022. En ese lugar, sacó varias fotos de la aeronave con su teléfono celular hasta que fue sorprendido por efectivos de la PSA. Por ese episodio, todavía confuso, se abrió una investigación judicial, según pudo saber Infobae de fuentes judiciales y diplomáticas.

El avión de la empresa EMTRASUR está retenido mientras se define la disputa judicial. El último capítulo ocurrió el 29 de diciembre, cuando el juez Federico Villena decidió que se cumpla el decomiso ordenado por la Justicia de Estados Unidos del Boeing 747-300, número de matrícula YV-3531.

La aeronave sigue en Ezeiza porque la empresa apeló la resolución y logró trasladar la decisión a la Cámara Federal de La Plata, que todavía no resolvió. Entre otras cosas, la empresa venezolana, representada por el estudio de Maximiliano Rusconi, sostuvo que el juez Villena “se arrogó arbitrariamente competencia sobre el nuevo pedido de colaboración” y que “no hay una causa penal en Estados Unidos” que habilite la aplicación del Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre Argentina y Estados Unidos. Además, EMTRASUR planteó que no tuvo la posibilidad de defenderse ante la justicia estadounidense, que ordenó el decomiso luego de un extenso proceso.

La aeronave está hace más de un año bajo custodia del Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. De hecho, pueden hacer inspecciones mecánicas y de los lugares de almacenamiento aunque todas las tareas de mantenimiento quedaron a cargo de la empresa Risk Mondial, Aviation & Recovery.

En los últimos meses, el avión se puso en movimiento más de una vez y circularon videos en las redes.

El episodio del lunes todavía es confuso aunque ya llegó a oídos de la canciller Diana Mondino, que comparte la gira por Israel e Italia junto al presidente Javier Milei.

Un informe de la PSA elevado a la Justicia destaca que Jatar Díaz, primer secretario de la embajada venezolana, estaba acompañado por un empleado de la ANAC, que le habría permitido el ingreso hasta el área restringida. “Estuvo demorado por unos minutos mientras se hacía la consulta con el juzgado”, explicó una fuente aeronáutica.

Por el hecho se abrió una causa judicial y ya se pidieron varias medidas de prueba para saber cómo entró el diplomático al aeropuerto, por qué lugar ingresó, quién lo autorizó, entre otras cosas. También se pidieron las cámaras de seguridad del aeropuerto como en otros episodios que ocurren dentro de la terminal.

En principio, el episodio no tiene un impacto directo en la causa judicial que tramita en la Argentina. Ahora todo está en manos de la Cámara Federal de La Plata, que debe ratificar o revocar el decomiso.

El pedido había quedado congelado casi ocho meses en el Ministerio de Justicia, durante la gestión de Martín Soria y Juan Martín Mena, que tiene estrechos vínculos con Venezuela. Apenas asumió Mariano Cúneo Libarona dio la orden de cumplir con el Tratado de Asistencia y remitir las actuaciones al juez Villena.

Documentos judiciales a los que tuvo acceso Infobae revelan que el pedido de decomiso estuvo frenado en el ministerio de Justicia desde el 5 de mayo del año pasado. Dos días antes, un Tribunal de Columbia había dictado el decomiso y determinó que “las autoridades estadounidenses habían cumplido con la ley al haber notificado debidamente a todos los terceros identificados y al público en general mediante notificación pública concediendo tiempo suficiente para presentar cualquier reclamación de tercero”.

El 26 de diciembre, el nuevo secretario de Justicia, Sebastián Amerio, le mandó al juez las dos solicitudes complementarias de asistencia jurídica remitidas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Antes de decidir, el magistrado le corrió traslado a la fiscal Cecilia Incardona, que en menos de 48 horas dictaminó a favor del decomiso. Esa decisión desencadenó una dura embestida del gobierno venezolano. “La Justicia argentina pretende desconocer el contenido del artículo 27 del Convenio sobre Aviación Civil Internacional que establece la prohibición o paralización o embargo de una aeronave en servicio por cuestiones de patentes, y que luego de probarse en un juicio, lleno de arbitrariedades en incumplimiento del propio ordenamiento jurídico interno, que la tripulación, la aeronave y la carga, cumplieron todas y cada una de las normas internacionales para la navegación aérea y del ordenamiento jurídico argentino”, sostuvo el gobierno de Nicolás Maduro.

No es la primera vez que Venezuela ataca a la fiscal y al juez de la causa. En este caso, el comunicado activó una respuesta de la Procuración General, que respaldó a Incardona y a un funcionario de ese organismo, Diego Solernó, al afirmar que cumplieron con sus funciones “en el marco de un proceso donde les toca intervenir por imperio legal”.

Con el dictamen de la fiscal, el 29 de diciembre, Villena ordenó que se cumpla el decomiso y le pidió al FBI que designe una persona para que reciba la aeronave.

El avión incautado en Ezeiza pertenecía a la aerolínea iraní Mahan Air, sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los EE.UU. El conflicto comenzó cuando la aeronave pasó a manos de EMTRASUR, una filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), sin la autorización del gobierno de Joe Biden. La situación se agravó entre febrero y mayo de 2022, porque la empresa venezolana permitió que el avión viajara desde Caracas a Teherán y Moscú.

La aeronave llegó a Buenos Aires el 6 de junio de 2022 con una carga de autopartes de SAS Automotriz, una firma que comercializa asientos y panel de instrumentos para Volkswagen. Ante el escándalo, SAS responsabilizó a Fracht, una empresa de logística con sede en Suiza y sucursales en 40 países. Con el tiempo se comprobó que hubo una cadena de contrataciones entre varias empresas para ocultar a Emtrasur.

El 8 de junio, dos días después de su llegada, el avión intentó volar a Uruguay para cargar combustible pero el gobierno de ese país le impidió aterrizar. Ante el escándalo, el gobierno argentino argumentó que se habían tomado todas las medidas de seguridad posibles. Pero igualmente debió soportar las presiones diplomáticas de Venezuela e Irán.

El piloto iraní y otros cuatro tripulantes estuvieron retenidos casi un año en el país.

En la causa judicial local también se evaluó la situación de los 19 tripulantes: 5 iraníes y 14 venezolanos. Al comienzo del expediente, el FBI hizo llegar un informe con supuestas pruebas que vinculaban al piloto, Gholamreza Ghasemi, con la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y Hezbollah. También apuntaba a una supuesta relación comercial con Fars Air Qeshm, la aerolínea de carga iraní sancionada por Estados Unidos. Pero el piloto nunca fue procesado. En mayo del año pasado, la Justicia argentina confirmó la falta de mérito de Ghasemi y otros cuatro tripulantes, y unos días después regresaron a Venezuela.