A través de la Secretaría de Derechos Humanos, el Estado argentino firmó un acuerdo de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) donde reconoció su responsabilidad internacional “por la violación de los derechos a la vida, al debido proceso legal, a la protección judicial efectiva y a la integridad personal” en perjuicio del desaparecido Jorge Julio López y de sus hijos. Con la firma, el país asumió una serie de obligaciones como el impulso de una Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia y el fortalecimiento de políticas públicas para el acompañamiento de las víctimas y testigos en investigaciones vinculadas a crímenes de lesa humanidad.
Según informó la Secretaría de Derechos Humanos, el acuerdo internacional fue formado este lunes por el secretario Horacio Pietragalla Corti; los hijos de Jorge Julio López -Rubén y Gustavo; sus abogados y miembros de la Cancillería. En el acto, el Estado Argentino dejó asentada su responsabilidad internacional “por la falta de articulación de medidas” para resguardar a López “como víctima y testigo en juicio por crímenes de lesa humanidad y de debida diligencia en la investigación de la desaparición y en la búsqueda de su paradero”.
Además, el Estado asumió su responsabilidad ante la CIDH “por la impunidad imperante sobre lo sucedido y sus eventuales responsables, y las lesiones a la integridad personal que todo aquello significó para sus hijos”.
Jorge Julio López, que actualmente tendría 92 años, salió por última vez de su casa en Los Hornos, partido de La Plata, el 16 de septiembre de 2006 con el propósito de llegar a la audiencia donde se iban a leer los alegatos en el juicio que se seguía al ex comisario de la policía bonaerense Miguel Etchecolatz, condenado por la Justicia por cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar. Sin embargo, nunca llegó a los tribunales.
Con los militares en el poder, López se había desempeñado como albañil y militante peronista, y fue uno de los sobrevivientes de los centros clandestinos de detención del denominado “Circuito Camps”, coordinado por Etchecolatz, donde estuvo secuestrado y recibió torturas. Por ese motivo, su testimonio en los juicios condenatorios de quien fuera director de Investigaciones de la policía bonaerense resultó ser fundamental.
Ahora, poco más de 17 años después de su desaparición, el Estado argentino concretó un acuerdo de solución amistosa -un mecanismo que permite resolver denuncias ante los órganos internacionales y regionales de protección de derechos humanos- donde se comprometió ante la CIDH a desarrollar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y a difundir el compromiso firmado en diarios de “amplia circulación nacional”.
El acuerdo también prevé la exigencia de “seguir fortaleciendo y promoviendo políticas públicas para el acompañamiento y asistencia a víctimas y testigos en investigaciones y juicios vinculados a crímenes de lesa humanidad” y la obligación de la Secretaría de Derechos Humanos de “elaborar un informe integral y circunstanciado que dé detallada cuenta del proceso de búsqueda de Jorge Julio López desde su desaparición hasta la actualidad”.
Además, la firma establece el compromiso de impulsar la sanción de una Ley Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en democracia por el Congreso de la Nación, que deberá adoptar los “Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas”.
Al momento sellar el acuerdo, el secretario Pietragalla expresó: “En tiempos actuales donde se reproducen constantemente discursos negacionistas, para nosotros poder seguir trabajando y estar hoy firmando este documento significa seguir fortaleciendo las políticas públicas de derechos humanos y la defensa del proceso de memoria, verdad y justicia”.
Y añadió: “Es una deuda que tenemos con la familia de Jorge Julio López y con lo que Julio aportó a la construcción de la democracia. Él fue ejemplo del valor que tuvieron y tienen los testigos en los procesos judiciales contra los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Esta es la primera acción de esta reparación simbólica y debemos trabajar fuertemente para que se cumpla con todo lo que nos comprometimos en el acuerdo como Estado nacional”.
El acuerdo de solución amistosa es una herramienta jurídica prevista en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y apunta a lograr la articulación de medidas de reparación de las violaciones a los derechos humanos reconocidas por el Estado firmante.
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