La corrupción se coló en el tramo final de la campaña por los escándalos de “Chocolate” Rigau y Martín Insaurralde

Casi de casualidad, por esas vueltas del destino, la corrupción pasó de tener un lugar secundario en el discurso de los principales candidatos a condicionar la agenda pública en la recta final de la campaña. La detención del puntero Julio “Chocolate” Rigau con 49 tarjetas de débito de supuestos empleados de la Legislatura bonaerense y el escándalo del intendente de Lomas de Zamora (en uso de licencia) Martín Insaurralde lograron lo impensado. La corrupción se volvió a meter en la mesa de los argentinos. Pero esta vez la protagonista ya no fue la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Patricia Bullrich aprovechó más que nadie la sucesión de escándalos. Tras una reacción tibia en el primer debate, apenas unas horas después de la filtración de fotos de Insaurralde y la modelo Sofía Clerici en Marbella, la candidata de Juntos por el Cambio comenzó a hablar en público del escándalo y terminó insultando al ex jefe de Gabinete en un acto en Tucumán: “Un día en el barco de Insaurralde son siete años del pago de un jubilado en nuestro país. ¡Siete años, hijo de puta!”. Sus asesores festejaron esa reacción tan visceral.

La estrategia fue hablar de Insaurralde como parte de un modelo de corrupción, que incluye a decenas de ex funcionarios condenados y procesados. “La pornografía brutal de Insaurralde ha sido lo que nos ha llenado el vaso de 20 años de robo de la Argentina”, fue la frase más contundente de Bullrich en el acto de cierre.

La ex ministra de Seguridad eligió el bastión de Insaurralde para la foto final de la campaña. La decisión se tomó luego de una disputa interna. Su candidato a gobernador, Néstor Grindetti, y otras figuras de Juntos por el Cambio, no querían aprovechar el escándalo para sumar votos y preferían un cierre en Lanús. Terminaron perdiendo.

Javier Milei también pasó por Lomas de Zamora casi por obligación, pero en los últimos días casi no se refirió al escándalo de Insaurralde. No es una temática donde se sienta cómodo. De hecho, varias veces tuvo que explicar desde que se puso el saco de candidato por qué no condenaba con más firmeza la corrupción del kirchnerismo.

En cambio, Sergio Massa no pudo esquivar el tema, especialmente a partir del segundo debate. En varias entrevistas, el ministro de Economía repitió que apenas se enteró del escándalo reclamó que renuncie en la jefatura de Gabinete de la provincia de Buenos Aires y a su candidatura a concejal. Insaurralde duró apenas unas horas.

Kicillof también intentó desprenderse de su funcionario pero tuvo mayores dificultades. Durante su estadía en Marbella, entre el 15 y el 21 de septiembre, Insaurralde firmó varios decretos. Por ese motivo, la ex vice de la UIF, María Eugenia Talerico, lo denunció esta semana por dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y falsedad ideológica de documento público.

Según esa presentación, que menciona el decreto provincial 11/20202, Insaurralde debería haber pedido una licencia, lo que hubiera activado el mecanismo de sustitución de su firma.

Unas horas después, Talerico amplió la denuncia y pidió que también sea investigado el gobernador Kicillof, quien públicamente dijo que no sabía del viaje de su jefe de Gabinete. “No podemos descartar la participación del Gobernador en la falsedad instrumental en la medida que no resulta verosímil el desconocimiento de la ausencia de Insaurralde de la República Argentina o en su caso, el incumpliendo de las normas que imponían conforme al Decreto 11/2020″, destaca esa denuncia.

La presentación podría terminar adosada a la causa principal, donde Insaurralde ya está imputado por los delitos de lavado y enriquecimiento ilícito. El expediente sumó durante las últimas dos semanas algunas respuestas de organismos oficiales, pero casi no trascendieron por el secreto de sumario, vigente hasta la semana próxima. La investigación derivó en un cruce entre el fiscal Sergio Mola y el juez Ernesto Kreplak, que terminará obligando a una intervención de Cámara Federal de La Plata. El fiscal reclamó que varias medidas, incluso allanamientos, no fueron ordenados. Para el juez, faltaba información.

El escándalo de Insaurralde tiene varios puntos de contacto con el otro caso que conmovió a la opinión pública durante las últimas semanas: el de Julio “Chocolate” Rigau, un puntero del PJ que fue detenido in fraganti mientras retiraba dinero en un cajero ubicado a metros de la Legislatura. Por empezar, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires está en manos de un hombre del riñón de Insaurralde, Federico Otermín. Pero no es el único. El secretario administrativo de esa Cámara, Miguel Antonio De Lisi, quien maneja contratos, subsidios y otros sistemas de financiamiento internos, responde a Juan Pablo De Jesús, otro funcionario de estrecha relación con Insaurralde. De hecho, una concejal lo acusó esta semana de ser su testaferro. No dijo que era el único.

En el caso de Rigau, la oposición tardó más tiempo en reaccionar y solo el sector de Juntos por el Cambio que responde a Bullrich terminó yendo a la Justicia. Los dirigentes Ricardo Lopez Murphy, Javier Iguacel y María Eugenia Talerico presentaron una denuncia para que se investigue el sistema de contrataciones de la Legislatura bonaerense. Esa presentación tenía otros datos alarmantes. La Legislatura maneja un presupuesto de $62.152.000.000. Y en la Cámara de Diputados, puntualmente, hay 1510 empleados y $36.500 millones para 92 bancas, es decir, 396 millones de pesos por cada banca.

La Justicia hasta ahora no profundizó sobre las cajas negras de la política. La fiscal Betina Lacki se concentró en “Chocolate” y en su teléfono, que este viernes finalmente se abrió luego de una ardua batalla legal con sus abogados. En los próximos días, con el puntero detenido, comenzará a conocerse el contenido de ese celular, que sigue teniendo en vilo a todo el arco político político de la política bonaerense.

Si la investigación judicial se amplía, la fiscal deberá pedir, tarde o temprano, la nómina completa del personal de la Cámara de Diputados para analizar cómo se realizaban las contrataciones, y cómo se distribuían los subsidios y las becas, otro flujo por donde se escapaban los recursos públicos. Hasta ahora, las autoridades de esa Cámara mandaron apenas algunos legajos de empleados y demoraron el resto de la información.

Además de ir a la Justicia, la oposición presentó varios pedidos de informe y un proyecto de reforma de la Legislatura, que apunta a un sistema unicameral, pero no plantea reformas de fondo sobre el sistema de contrataciones. “Estamos dispuestos a dar el debate”, respondió Kicillof para no quedar pegado al escándalo.

No fue el único gesto. El jueves, a horas de la veda, el gobierno bonaerense, a través de la Fiscalía de Estado, pidió ser querellante en la causa argumentando que la maniobra habría generado un “perjuicio para la Provincia”. Unas horas antes, el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, impulsó un juicio político para los dos camaristas que anularon la causa de manera escandalosa.

A partir de mañana, el ritmo de las causas de corrupción del momento se verá afectado por el resultado de las urnas. Pase lo que pase.