El fiscal general de La Plata apeló el fallo que anuló la causa contra el puntero del PJ Julio “Chocolate” Rigau

La causa judicial que tiene en vilo a la política bonaerense, especialmente al Frente de Todos, quedó a un paso de reabrirse. El fiscal general de La Plata, Héctor Vogliolo, apeló esta mañana el cuestionado fallo de la Cámara de Apelaciones que anuló hace una semana la investigación sobre Julio Segundo Rigau, alias “Chocolate”, un puntero del PJ que fue detenido en un cajero automático con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense.

Vogliolo tenía 20 días a partir de la notificación del fallo de la Cámara, pero ya había anticipado que iba a apelar antes de ese límite temporal. Ahora se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso y deberá decidir si concede el recurso.

La Sala III de la Cámara de Apelaciones había planteado la nulidad de la detención de Rigau para voltear toda la investigación. “La actuación del personal policial que requisó sin orden judicial a Julio Rigau no puede ser convalidada, al no quedar comprendida la misma en lo normado por el art. 294 inc. 5 del CPP en tanto su labor no condice con los supuestos allí establecidos específicamente ni menos aún pueden ampararse en el estado de sospecha razonada o causa probable”, sostuvo el camarista Juan Alberto Benavides, al que se sumó Alejandro Villordo.

Para esos dos jueces, la Policía le avisó a la fiscal de turno recién cuando Rigau fue trasladado a la comisaría. Pero además plantearon que se “violó la privacidad” del puntero que recaudaba millones con los sueldos de supuestos empleados de la Legislatura.

En cambio, el juez Fernando Mateos dijo en disidencia que el procedimiento policial fue correcto y alertó sobre la trascendencia social del caso. “En el caso concurren circunstancias previas y concomitantes que razonable y objetivamente permitieron justificar el accionar policial”, sostuvo.

Benavides y Villordo fue denunciados por los dirigentes de Juntos por el Cambio Ricardo López Murphy, Javier Iguacel, y María Eugenia Talerico y ahora su conducta está siendo evaluada por la Corte bonaerense. A su vez, el fiscal Juan Manucci pidió la causa principal para determinar si el objeto procesal es similar o si puede avanzar con una causa paralela sobre el manejo de los fondos de la Legislatura bonaerense, tal como lo reclamaron los legisladores.

Por su parte, Poder Ciudadano se presentó en la causa principal y fue aceptado como querellante por lo que ahora podrá pedir pruebas y tener acceso a los movimientos de la investigación.

Rigau fue detenido el 9 de septiembre en un cajero ubicado en la calle 54 y la avenida 7, de la ciudad de La Plata, mientras retiraba los sueldos de 48 empleados de la Legislatura bonaerense. En su poder ya tenía $1.260.000. Además le secuestraron una tarjeta del Banco Macro. Por ese motivo, en el expediente se habla de 49 tarjetas.

El arresto se concretó cuando un cliente del Banco de la Provincia de Buenos Aires alertó a la Policía que había una persona que llevaba mucho tiempo parado frente a uno de los cajeros automáticos. Cuando lo requisaron, se dieron cuenta que llevaba dinero, tarjetas, sobres, y varios tickets.

Entre los titulares de las tarjetas había hombres y mujeres de distintas edades, cuyos sueldos rondan los 500 mil pesos. Algunos son vecinos de la zona (La Plata, Tolosa, Berisso y Ensenada) y otros de municipios del Conurbano más lejanos, como Tigre o Hurlingham. A la fiscal la atención que había dos personas con el mismo apellido que Rigau, aunque todavía no se pudo establecer el vínculo familiar.

Los tickets que llevaba Rigau revelaron que venía haciendo extracciones hace varios días, al menos desde el 4 de septiembre, cuando se depositaron los sueldos de la Legislatura.

Luego la fiscal Betina Lacki ordenó allanar la casa de Rigau donde secuestró un cuaderno con anotaciones que se secuestró en el domicilio del puntero del PJ. También le secuestraron el teléfono celular, pero todavía no se pudo abrir porque la causa quedó anulada.

La causa principal se detuvo el jueves pasado tras el fallo de la Cámara. Hasta ese momento habían declarado 16 de los 48 dueños de las tarjetas de débito ante la fiscal. Infobae reveló que la mayoría aseguró cumplir alguna función en la Legislatura, que lo conocían a Rigau, y que le entregaban de manera voluntaria la tarjeta. “Es inverosímil todo lo que dicen”, admitió una fuente judicial.

“Yo le di la tarjeta para que me hiciera un retiro, cada dos por tres le daba la tarjeta, era más cómodo, de todos modos él me devolvía la tarjeta y el ticket con la plata”, aseguró Diego Köster (68), quien dijo ser empleado de la construcción y afirmó cumplir tareas en la Legislatura de lunes a viernes de 8 a 13 horas. Cobraba entre 560 y 570 mil pesos.

Otra de las empleadas que declaró ante la Justicia, Lourdes Degollada (50), dijo ser empleada en un depósito de la Cámara de Diputados ubicado en la calle 70, entre 4 y 5 de La Plata, donde solo tenía que cumplir unas 30 horas semanales. También ensayó la teoría de la entrega “voluntaria” de la tarjeta y habló de colaboraciones para un merendero que tendría el puntero del PJ. “Nosotros le dábamos la tarjeta de débito para cobrar, éramos varios los que le dábamos la tarjeta, mi hermana se la daba seguro, después conozco otra chica en común Agatha. Él se encargaba de eso, le dábamos para que él vaya a cobrar y colaborábamos con el merendero, cada uno le daba lo que quería”, sostuvo.

De todos los empleados que declararon ante la fiscal, el único que se corrió del libreto fue Ezequiel Torchi, quien aseguró que entregó su tarjeta en la Cámara de Diputados porque le habían asegurado que su contrato no había prosperado.

Rigau es un histórico puntero vinculado al PJ provincial y hasta fue candidato a concejal suplente, en 2019, en una lista que encabezaba el precandidato a intendente Guillermo Escudero, del Frente de Todos. También se lo vincula a Claudio Albini, que siempre estuvo en el área Legislativa de la Cámara de Diputados bonaerense, y a su hijo, Facundo, actual concejal de La Plata.