El fiscal federal Carlos Stornelli apeló este viernes un fallo del juez Daniel Rafecas que hace dos días decretó la falta de mérito de cuatro funcionarios nacionales que habían apelado fuera de plazo, presuntamente de manera intencional, un fallo de la justicia federal de Bariloche que había ordenado la entrega de tierras del Ejército a la Comunidad Mapuche Millalonco-Ranquehue.
El miércoles pasado, Rafecas decretó la falta de mérito de Silvia Vázquez, abogada designada por la Procuración del Tesoro para representar al Ministerio de Defensa en la causa; Nicolás Rodríguez Vaccarezza, integrante del cuerpo de abogados del Ministerio de Defensa; Agustín Gasparini, director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa; y Leonardo Havela, director de Asuntos Judiciales del Ministerio de Defensa.
El magistrado sostuvo que faltaban medidas de prueba y consideró que los elementos reunidos “no han permitido dilucidar acabadamente ciertos pormenores de relevancia que guardan estricta vinculación con el desempeño que han tenido los imputados, en el rol que les competía y a la luz de la normativa que regía su función, durante el trámite del expediente FGR 8355/2020″.
Stornelli decidió apelar y volvió a insistir con que hay pruebas suficientes para avanzar con el procesamiento de los imputados, tal como había reclamado en mayo pasado.
“No podemos soslayar el hecho de que el interlocutorio, en su mayor parte, se encuentra integrado de postulados dogmáticos y estereotipados bajo los cuales se pretende dar un manto de motivación que, ciertamente no lo tiene. Se exhibe así huérfano de una debida motivación en los términos del artículo 123 del rito, o, cuanto menos, se nutre el mismo de una fundamentación sólo aparente”, sostuvo el fiscal en su apelación. Y destacó que “ninguna de las diligencias probatorias que se ordenan en el mismo resolutorio resulta idónea ni suficiente, a criterio de esta Fiscalía, para posponer la adopción del temperamento procesal que hemos propuesto, finalizada que fuera la aletargada ronda de declaraciones indagatorias receptadas en autos”.
La causa se inició por una denuncia que presentó Alberto Asseff junto a otros diputados nacionales de Juntos por el Cambio. Allí señalaron que el Ejército Argentino presentó fuera del plazo legal -y con esa intención- la apelación al fallo que había ordenado al Poder Ejecutivo Nacional que en 60 días transfiriera a título gratuito al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas el dominio de las tierras que reclamaba la comunidad mapuche.
Cuando pidió el procesamiento de los cuatro funcionarios, Stornelli resaltó un mensaje del sistema interno del Ministerio de Defensa en el cual Vaccarezza le dice a Vázquez “ya me bajaron la orden de no apelar; cualquier cambio de rumbo le aviso”.
Hubo otro mensaje que Rodríguez Vaccarezza le envió a Vázquez cuando faltaban 11 minutos para que venza el plazo de apelación: “Dra. recién me llamó el Director de asuntos jurídicos del Ministerio a pedido del Ejército, quiere que apelemos la sentencia, le pido que esté atenta ya que, en algún momento del día o inclusive en el fin de semana, le voy a enviar la apelación, tenemos las dos primeras del lunes”.
“Tal intercambio de mensajes es un claro indicador más de que el Ministerio de Defensa se hallaba investido de la potestad (y el deber) de apelar el fallo en cuestión, que existió una decisión deliberada de sus funcionarios de no hacerlo (para minutos antes de vencer el plazo impartir una contra-orden de imposible cumplimiento), y que aquello se materializó en la inacción ilegal de la letrada presentada en el expediente quien, sin contar con un acto administrativo idóneo que la autorizara eventualmente a consentir la sentencia, finalmente lo hizo perjudicando los intereses confiados”, sostuvo Stornelli en el escrito presentado este viernes.
La apelación por parte de los cuatro funcionarios imputados se hizo fuera del plazo y así lo dijo la Cámara Federal de General Roca que la desestimó y dejó firme el fallo de primera instancia que ordenaba la entrega de tierras.
Pero la puesta a disposición de esas tierras a la comunidad mapuche fue suspendida en febrero pasado por la Corte Suprema. Lo hizo al rechazar un recurso de queja del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y así dejó sin efecto la Resolución 90/20 emitida por ese organismo que ordenaba la entrega de 481 hectáreas de tierras.
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