La Cámara Federal de Casación ratificó el avance de la causa por evasión agravada contra el abogado de Lázaro Báez, que se desempeñaba como administrador judicial de una de sus empresas constructoras en la provincia de Chaco. El imputado en cuestión es Jorge Oscar Chueco, acusado en el expediente por presentar declaraciones juradas apócrifas desde la firma Sucesión Adelmo Biancalani durante el año 2013. Esta investigación comenzó en 2016 por una denuncia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que luego de una auditoría detectó una serie de irregularidades en la documentación que era presentada ante el organismo recaudador. Chueco ya cuenta con una condena a ocho años de prisión en la causa conocida como “la ruta del dinero K”.
Chueco es defensor en causa propia. Había presentado este recurso presentado porque a su juicio la imputación no reúne la condición objetiva de punibilidad. El tribunal rechazó el recurso por razones formales. La defensa de Chueco sostiene nunca firmó “ninguna declaración impositiva en sucesión Biancalani” ni tuvo su clave fiscal. Además que no existen pruebas de ello en el expediente. En sus presentaciones también asegura que su breve actuación como administrador judicial de la sucesión no realizó “ningún acto con trascendencia impositiva” ya que la empresa contaba con sus profesionales internos y externos para ello.
La empresa tiene su domicilio fiscal en la ciudad de Resistencia y pertenece en su mayoría accionaria a Lázaro Báez, condenado por defraudación al Estado junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión por el Tribunal Oral Federal 2 porteño, en el caso públicamente conocido como “Vialidad”. Sin embargo en estos hechos la firma de Báez no operaba en Santa Cruz como Austral Construcciones sino que se dedicaba a la ejecución de obras viales y a la explotación de canteras en la provincia de Chaco.
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El abogado Jorge Chueco se desempeñó como administrador judicial y fue el encargado de realizar las declaraciones juradas de Sucesión Adelmo Biancalani ante la AFIP. Una auditoría en abril 2016 detectó inconsistencias en los documentos que presentaba la firma ante la sede regional del ente tributario y presentó una denuncia que cayó en manos del fiscal federal de Resistencia, Patricio Sabadini.
Según informó en su momento el diario El Comercial, la investigación avanzó y a mediados de 2020 el juez Enrique Bosch decidió procesar al ex senador por el PJ chaqueño, Fabio Biancalani —dueño del 16% de las acciones de la constructora—, junto a Lázaro Báez y a los administradores de la firma, Claudio Bustos y Julio Mendoza. Todos fueron imputados por “evasión agravada por el uso de documentos apócrifos y “evasión agravada por el monto”, en concurso real. En esa misma resolución el magistrado le endilgó a Chueco un hecho de evasión agravada por el uso de documentos apócrifos.
La decisión del juez de primera instancia fue confirmada en mayo de 2021 por la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia. Luego el expediente se elevó a juicio y cayó en manos del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Resistencia. En ese contexto la defensa de Chueco recurrió a distintas armas procesales para lograr su sobreseimiento en la causa. Primero presentó una “excepción de falta de acción” y luego —y en subsidio— un planteo de nulidad para que el tribunal desestimara lo actuado hasta entonces. Todo fue rechazado en una sentencia emitida el pasado 22 de marzo.
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Así las cosas, el abogado patrocinante de Chueco en la presentación ante la Casación, Rafael Resnick Brenner, quien fuera mano derecha de Ricardo Echegaray durante su gestión en la AFIP, interpuso un recurso de casación que fue denegado y luego un planteo de queja para llegar directamente hasta el máximo tribunal penal del país. De ese modo tomó el expediente la Sala 4 de la Casación Federal, integrada por los jueces Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Mariano Hernán Borinsky, quienes en unanimidad decidieron rechazar la impugnación de la defensa por no cumplir con los requisitos formales de “impugnabilidad objetiva” previstos en el Código Procesal Penal de la Nación.
Jorge Chueco recibió en 2021 una pena de ocho años de prisión por parte del Tribunal Oral Federal 4 porteño en la causa de lavado de activos conocida como “la ruta del dinero K”. En ese expediente también se dictaron condenas a 12 años de cárcel contra Lázaro Báez, 9 años de cárcel a su hijo mayor Martín y 5 años a Leonardo Fariña, entre otros condenados. La causa fue luego revisada por la Cámara Federal de Casación Penal que en abril pasado redujo esas penas y también modificó la interpretación sobre el origen del dinero lavado. La condena para Chueco quedó fijada en seis años.
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