La jueza Servini citó a indagatoria al joven acusado por los hackeos a Santilli y D’Alessandro

Elías Ezequiel Nuñes Pinheiro, un joven misionero de 22 años, deberá prestar declaración indagatoria este lunes en los tribunales de Comodoro Py 2002. Así lo dispuso la jueza federal María Servini, que investiga el hackeo del teléfono del diputado del PRO Diego Santilli.

El acusado ya había declarado en esa causa pero como testigo y aseguró que no sabía nada. El expediente se cerró por imposibilidad de avanzar, pero resulta que en la investigación que se sustanció por el hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro el joven admitió en indagatoria haber cambiado chips de funcionarios y jueces por encargo de un desconocido.

El avance en esa otra investigación motivó a los abogados de Santilli a pedir la reapertura del expediente y medidas de prueba. Servini certificó esa y otras causas y ordenó llamarlo a indagatoria. Pero según pudo saber Infobae, no encontraban al sospechoso.

La jueza asentó en el expediente que la dirección de mail que el joven acreditó en el expediente “rebota” los correos entrantes y que tampoco pudieron comunicarse con su teléfono celular. Cuando llamaban, daba “mudo” u “ocupado”. La Justicia llegó a notificar de la situación al ENACOM, que recomendó “fijarse en Páginas Amarillas” (sic).

Finalmente el joven pudo ser notificado del llamado a indagatoria a través de la Policía. Deberá presentarse a las 12:30 del próximo lunes en el tercer piso de los tribunales de Comodoro Py.

Los abogados de Nuñes Pinheiro daban por sentada la convocatoria. Por la información que se obtuvo en la causa que se instruyó en la justicia porteña y que ahora fue enviada al juzgado de Sebastián Ramos en Comodoro Py, el joven buscó información para apropiarse de la línea del hoy precandidato a gobernador de Juntos por el Cambio. A diferencia del caso D’Alessandro, no hubo difusión del posible contenido al que pudieron haber accedido de su teléfono

Santilli y D’Alessandro denunciaron al mismo tiempo, a inicios de noviembre, haber perdido el control de sus celulares. A los dos les había pasado lo mismo. Alguien se hizo pasar por ellos ante la empresa telefónica y pidió un cambio de chip. Santilli, por su condición de diputado, denunció en los tribunales de Comodoro Py. D’Alessandro, hasta ese momento ministro porteño, denunció el caso ante la justicia de la Ciudad.

Las causas, sin embargo, se unen: el mismo hacker fue el que gestionó los cambios de tarjeta de Sim. No solo sobre ellos, también sobre al menos tres jueces federales: el camarista de Casación Gustavo Hornos y los jueces del tribunal oral que llevaba adelante el juicio contra Cristina Kirchner, Rodrigo Giménez Uriburu y Andres Basso. Curiosamente a ellos también los hackearon en ese mismo momento y desde Misiones.

Precisamente, en Misiones también sucedió algo que se investiga en otra causa: el presidente de la Corte Suprema Horacio Rosatti denunció que se gestionaron cuatro líneas a su nombre en la empresa Personal y la investigación detectó que se activaron en Misiones. Tal como reveló en Infobae, en rigor no fueron cuatro sino cinco y además también descubrieron que, desde un mismo equipo, habían activado líneas fabricadas a nombre del juez de la Corte Carlos Rosenkrantz y la jueza federal de Posadas María Verónica Skanata. Se investigan más de 106 mil comunicaciones por orden del juez Marcelo Martinez De Giorgi. El juez Ricardo Lorenzetti se comunicó también con el juez para reportar que él también habría sido víctima de una maniobra similar, según él mismo contó en radio Mitre.

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El hacker como “testigo”

La primera causa por espionaje que se activó en Comodoro Py 2002 fue, precisamente, la de Santilli, que se radicó en el juzgado federal de Servini. El hoy precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires por Juntos por el Cambio denunció que en la tarde del 14 de octubre de 2022 notó que su celular no estaba funcionando bien. Llamó a Movistar y le dijeron que “sujetos no autorizados, simulando mi identidad y por vía remota, habían gestionado un cambio no autorizado del CHIP SIM CARD de mi aparato de telefonía celular”. El impostor había respondido una trivia de preguntas.

”Esa circunstancia derivó en que se viera ostensiblemente afectada mi conectividad, y si bien a partir de mis reclamos pude recuperarla, para lo cual tuve que instalar un nuevo chip, quienes sustrajeron momentáneamente mi identidad lograron acceso a información de carácter personal, funcional y confidencial. Esa maniobra les permitió acceder seguramente a mis casillas de correo, WhatsApp, contactos personales y otras redes”. “Ignoro la intencionalidad de semejante acción, pero el acceso no autorizado de información sensible fue el obvio objetivo de la sustitución ardidosa del chip de mi teléfono”, sostuvo Santilli.

La investigación de Servini y Federico Delgado apuntó a la trazabilidad de la gestión realizada por la distribución de la SIM CARD. Fue así que llegaron a Misiones: puntualmente al vendedor Junior Gularte, quien a su vez entrega los chips en distintos puntos de venta. Servini lo interrogó por zoom como testigo. Gularte afirmó que fue “vendedor de la empresa COMTEL SA hasta fines de julio”. Y como tenía un stock remanente de chips Sim Cards “Multitrámite” en caja cerrada, se las vendió a Elías Ezequiel Núñez Pinheiro, técnico de celulares y revendedor de Sim Cards. Se la mandó por correo el 9 de septiembre.

Núñez Pinheiro declaró como testigo dos días después, también vía zoom. El joven de 22 años admitió haber hecho la compra a Gularte y explicó que no tenía el detalle de cada chip. Aseguró que “él hacía un recorrido en su propio automóvil buscando en las ciudades aledañas a su domicilio, diversos locales que pudieran estar interesados en comprarle los chips en cuestión”. Insistió en que no conocía “con exactitud qué Sim había vendido a qué local, ni tampoco los locales específicos a los que habría concurrido”. Y, a preguntas de la fiscalía, explicó que tendría que “rastrear, de memoria y uno por uno, la ruta de distribución que había hecho ese día, aunque de todos modos no sabría con exactitud a cuál había vendido la Sim que aquí interesa”.

Aunque los abogados de Santilli pedían acusar al joven y promover más medidas de prueba, Delgado y Servini entendieron que ya no podían avanzar: “nos encontramos que la investigación que tenía su norte seguir la ruta de distribución de la SIMCARD para poder conocer la identidad de quien fue el último tenedor de la misma, y de ese modo quizás encontrar a la persona que efectuó la maniobra delictiva denunciada en autos, no resultó satisfactoria toda vez que cuando se llegó a la ciudad de El Dorado, provincia de Misiones, quien se encargó de distribuir las SIMCARD, entre las cuales estaba la número 8954071144726168578, no registró las ventas debido a que lo realizaba de manera informal, con lo cual en coincidencia con la postura del Ministerio Público Fiscal no restan medidas por realizar al respecto”. No obstante, notificaron al Presidente del Enacom (Ente Nacional de Comunicaciones), Claudio Ambrosini, para que “arbitre los medios necesarios para evitar que las circunstancias descriptas se repitan”.

La decisión se dictó el 22 de diciembre. Apenas unos días después se difundirían una segunda tanda de supuestos chats obtenidos del teléfono de D’Alessandro. Los primeros, conocidos a inicios de diciembre, en vísperas de la sentencia contra Cristina Kirchner, ventilaban diálogos del entonces funcionario y jueces por la difusión del viaje a Lago Escondido, hecho apenas horas después del hackeo del celular. La segunda tanda sirvió para impulsar un juicio político a la Corte Suprema en pleno.

El hacker acusado y el pase a Comodoro Py 2002. Lo cierto es que la fiscal especializada Daniela Dupuy, que había recibido la denuncia de D’Alessandro sobre el hackeo de su teléfono, también llegó hasta Misiones. Pero en este caso Piñeiro no fue un simple testigo. Aquí la fiscal reclamó su detención junto a cuatro integrantes de su familia. No tuvo éxito en los arrestos, pero sí en los allanamientos que se hicieron y permitieron secuestrar gran parte de documentación.

En indagatoria, Elias Ezequiel Nuñez Pinheiro reconoció como imputado que le pagaron entre 12 y 15 mil pesos, vía billetera virtual, para tomar el control de una serie de líneas telefónicas. Dijo que se lo pidió en agosto un misterioso sujeto de Telegram identificado como “ElJuanxd”. No solo entró se apropió de la línea de D’Alessandro. También reconoció que, consultando al Nosis y al RENAPER, entró a la línea de Giménez Uriburu. Pero en su imputación se asegura que, desde el mismo IMEI, y desde la localidad de Eldorado, ingresó también a las líneas de Santilli, Basso, Hornos y de Fabio Alejandro Segurado, Luis Esteban Barbier, María Eugenia Piperio, Cristina Vanesa Figueroa, Verónica Salido y Adriana Lázaro.

El hacker aseguró que no fue él el que entró a esas líneas. Que lo hizo la persona que le pagó el encargó y que después desapareció. El contenido de los diálogos entre “Eljuanxd” y Nuñez Pinheiro fue borrado. El joven aseguró que la última vez que hablaron fue en noviembre y que “para diciembre ya no usaba más Telegram”. En una segunda declaración, admitió que después de declarar como testigo se asustó y tiró el teléfono al río Paraná después de quemarlo. Después dijo que se ofrecía como colaborador.

El viernes pasado, en consonancia con la fiscal Dupuy, la jueza porteña Araceli Martínez se declaró incompetente y decidió mandar la investigación por el hackeo al ex ministro de Seguridad D´Alessandro a la justicia federal. Puntualmente la remitió al juez Sebastián Ramos, que tiene a su cargo el caso por el viaje a Lago Escondido, porque la denuncia que abrió la causa hablaba no solo de la hipótesis de dádivas sino también al hackeo del celular del ex funcionario.

La jueza porteña aseguró que en ese tribunal se ordenaron todas las medidas urgentes, pero que la investigación corresponde a la justicia federal, algo que “el frenesí de la investigación aconsejó posponer hasta este día”. El avance de la causa en la justicia porteña y a pedido de la querella, Servini reabrió la investigación que había cerrado. Pidió ver el expediente que se seguía en Ciudad. Ahora la llamaron a indagatoria.

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