
José Luis Espert amplió su indagatoria ante el juez Lino Mirabelli, en el marco de la causa por presunto lavado de activos, que le costó su candidatura en 2025. Presentó un descargo de 65 páginas con documentación que, según sostuvo, permitiría demostrar que no recibió dinero ilícito.
El ex diputado de La Libertad Avanza se presentó esta mañana en el juzgado federal de San Isidro tras solicitar una nueva declaración, para insistir —según sus palabras— en que “la acusación sostiene que el contrato de consultoría que explica el pago fue un invento para disfrazar dinero sucio”.
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A su vez, rechazó la imputación por lavado de activos y sostuvo que la acusación fiscal parte de una falla central: no tiene probado el origen ilícito de los USD 200.000 que recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria de Estados Unidos.
En su presentación, Espert pidió el sobreseimiento o, de manera alternativa, la falta de mérito, y ofreció nueva prueba con informes a organismos nacionales y extranjeros, constataciones documentales y adhesión a medidas impulsadas por otras partes.
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De acuerdo con su planteo, la imputación se apoya en la recepción del giro desde una empresa vinculada a Federico Machado; el ingreso posterior de parte de esos fondos al país; la compra de dos vehículos; una inversión inmobiliaria en la costa; y el presunto uso de la sociedad Varianza S.A. para disimular el origen de los fondos.
La pesquisa está vinculada a una transferencia de USD 200.000 que, según el expediente, Espert recibió en enero de 2020 en una cuenta bancaria a su nombre en Estados Unidos, desde Wright Brothers Aircraft Title Inc., una de las firmas utilizadas por una red acusada de blanquear dinero del narcotráfico, ligada a Federico “Fred” Machado.
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En el mismo expediente también aparecen imputados Mariano Alejandro Cosentino y Varianza S.A., la sociedad de Espert y su esposa, María de las Mercedes González.
El descargo
José Luis Espert sostuvo que la cuenta desde la que recibió el giro era una cuenta comercial de una empresa de aviación que operaba con decenas de contrapartes, y remarcó que ningún tribunal argentino o extranjero declaró que esa transferencia concreta proviniera de un delito.
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En esa línea, agregó que el propio planteo del fiscal Domínguez utiliza el término “presuntamente” para referirse al origen de los fondos, por lo que concluyó que “sin origen ilícito probado no hay nada que ‘lavar’: se cae el edificio entero”.
En ese marco, el ex legislador indicó que ese documento “está más documentado que la mayoría de los contratos”.

Para respaldar esa afirmación, enumeró una firma certificada ante escribano en junio de 2019, una apostilla internacional del Estado argentino verificable en línea, correos electrónicos de 2019 incorporados a la causa mediante extracción pericial forense, una reunión personal previa que la contratante agradeció por escrito y tres testigos que, según señaló, corroboraron esa secuencia sin aportar hechos adversos.
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Por otro lado, Espert rechazó la idea de que supiera con quién trataba cuando cobró el dinero. Su respuesta fue que en 2019 y 2020 “no lo sabía nadie”, porque en ese momento no existía “una sola alerta, causa o reporte” sobre Machado.
Argumentó que esa ausencia de antecedentes alcanzaba a los bancos estadounidenses que procesaron el movimiento con controles antilavado, y también a organismos argentinos y extranjeros. Añadió que el propio expediente muestra que la información estatal sobre Machado aparece desde el año 2021 en adelante.
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En su descargo, mencionó un único giro a su cuenta con su nombre en la referencia, transferencias firmadas por él, retiros personales por ventanilla, dos automóviles comprados en concesionarias y agencias con factura, recibo y certificación ante el registro público, y una inversión inmobiliaria canalizada por un fideicomiso inscripto con adhesión bancarizada.
También incluyó a Varianza S.A., la sociedad mencionada en la imputación. Dijo que estaba a su nombre, con sede legal en su propia casa, que sus sueldos fueron declarados ante el fisco y que su última factura corresponde a 2021, cuando asumió como diputado.
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Además, Espert sostuvo que las cuestiones tributarias invocadas en la imputación no prueban un plan de blanqueo sino, por el contrario, una omisión administrativa. Atribuyó el tratamiento del ingreso a una cuestión técnica llevada por sus contadores, afirmó que fue corregida de manera espontánea con declaraciones rectificativas y que el monto correspondiente fue pagado.
En el cierre de su descargo afirmó que no hubo retorno de dinero a Machado, porque “ni un dólar volvió a él”, y que tampoco tiene sentido la hipótesis de un autoencubrimiento deliberado con escribano, apostilla, correos y testigos para después cometer “el único descuido capaz de delatarme”.
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