
La Cámara de Casación revocó los sobreseimientos de tres allegados a los hermanos Schoklender en una causa vinculada al escándalo de Sueños Compartidos. El expediente principal fue elevado a juicio en mayo de 2019 y desde entonces está prácticamente paralizado. Todavía se siguen haciendo pericias por las obras.
La Sala IV de Casación, integrada por Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky, revocó el sobreseimiento de Leonardo Alejandro Hubscher, Walter Abel Cavagliato y Federico Segura, un arquitecto vinculado a una obra en la ciudad de Bariloche.
Cavagliato y Hubscher integraron el directorio de algunas de las empresas investigadas por la defraudación millonaria. En tanto, Segura fue imputado por haber sido beneficiario de 37 transferencias realizadas desde una cuenta de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. En primera instancia, los tres habían sido sobreseídos por el juez Marcelo Martínez de Giorgi. Ese fallo fue confirmado en octubre del año pasado por la Cámara Federal. Pero la Fiscalía volvió a apelar y logró que ahora se revoque.
“El examen de la resolución recurrida permite advertir que el a quo omitió brindar un adecuado tratamiento a extremos que el Ministerio Fiscal planteó ante esa instancia y cuya consideración resultaba pertinente para la resolución del caso, prescindiendo, a su vez, de exponer razones suficientes que sustenten el temperamento adoptado”, sostuvo el juez Borinsky en su voto.
La causa Sueños Compartidos está prácticamente paralizada desde que fue elevada a juicio oral. Nada cambió tras la muerte de Hebe de Bonafini. Todavía no se fijó una fecha para comenzar el debate y tampoco avanzaron las pericias que ordenó el Tribunal Oral Federal 5. En ese contexto, la Fiscalía reclamó en marzo que se fije una “fecha límite” para esos estudios, lo que permitiría arrancar el juicio.
La causa está a cargo del TOF 5, el mismo que sobreseyó a la ex presidenta Cristina Kirchner por las maniobras investigas en Los Sauces y Hotesur, aunque en este caso lo preside Adriana Palliotti, una jueza de bajo perfil que tuvo varios fallos resonantes contra el kirchnerismo.
La Fiscalía, a cargo de Diego Velasco, viene reclamando hace tiempo que se terminen las pericias solicitadas en la “instrucción suplementaria”, una etapa del proceso para hacer medidas de prueba que se omitieron o denegaron en la investigación.
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El escándalo de corrupción estalló en 2011, en plena campaña electoral. El ex juez Norberto Oyarbide apuntó a los Schoklender y protegió a Bonafini. En agosto de 2013, la Cámara Federal decidió anular todo y apartar a Oyarbide. Desde entonces, todo el expediente se concentró en el juzgado de Martínez de Giorgi, que ya tenía una denuncia contra los funcionarios involucrados.
En mayo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, De Giorgi procesó a los hermanos Schoklender, a Bonafini, al ex subsecretario de Obras Públicas de la Nación Abel Fatala, y al ex secretario de Obras Públicas José López, entre otras personas. El ex ministro de Planificación Julio De Vido se sumó a la lista de procesados tiempo después.
Desde entonces, el listado de los que se sentarán en el banquillo de los acusados se sigue ampliando con elevaciones parciales. El mes pasado, de hecho, se sumó Juan José Ferreyra, quien recibió un total de 72 cheques a su nombre, entre enero de 2010 y junio de 2011, por un monto total de $ 2.572.643.
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