
El Congreso Nacional de Honduras convocará a representantes de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial para que informen sobre los resultados de las reformas penales aprobadas para combatir el crimen organizado, las maras y las pandillas.
El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, anunció que las primeras reuniones se desarrollarán durante la última semana de noviembre, como parte de un mecanismo de evaluación periódica que pretende medir el impacto de las nuevas disposiciones legales.
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Según explicó el parlamentario, las instituciones encargadas de la seguridad y la administración de justicia deberán presentar informes oficiales sobre los avances obtenidos desde la entrada en vigencia de los cuatro paquetes de reformas penales.
El objetivo, indicó, es que la ciudadanía conozca los resultados de las acciones contra las estructuras criminales y que los diputados puedan determinar si las herramientas legales aprobadas están produciendo los efectos esperados.
Durante las reuniones también se analizará si es necesario introducir nuevas modificaciones al marco jurídico para fortalecer la respuesta estatal frente a la criminalidad.

Zambrano aseguró que el Congreso mantendrá disposición para aprobar las herramientas que soliciten los operadores de justicia, con el argumento de que las instituciones necesitan respaldo legal para mejorar la seguridad ciudadana.
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“El Congreso Nacional ha aprobado reformas fuertes, contundentes y claras contra la criminalidad organizada y estos grupos terroristas que integran maras y pandillas; son herramientas legales que nunca en la historia la habían tenido los operadores de justicia”, manifestó el titular del Legislativo.
El funcionario sostuvo que las medidas responden a una decisión política de coordinar el trabajo entre las instituciones para obtener resultados en el combate a las organizaciones criminales.
Seguridad reporta 183 capturados bajo la tipificación de terrorismo
Como parte de los primeros resultados que el Congreso espera evaluar, las autoridades de Seguridad reportaron la captura y remisión a centros penitenciarios de 183 presuntos delincuentes señalados bajo la tipificación de terrorismo.
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De acuerdo con lo informado por Zambrano, las personas detenidas bajo este esquema legal son trasladadas a recintos penitenciarios de máxima seguridad, donde deben cumplir condiciones de reclusión más restrictivas.
El presidente del Congreso detalló que el régimen contempla 23 horas y media de encierro y 30 minutos de ejercicio, además de limitaciones en las comunicaciones con el exterior. Según explicó, los privados de libertad únicamente podrían comunicarse con sus abogados mediante un vidrio y un teléfono.
Zambrano aseguró que estas restricciones buscan impedir que los imputados continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles, sin afectar, según su planteamiento, el derecho a la defensa.
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Las cifras y condiciones de reclusión forman parte de los aspectos que se enmarcan en la aplicación de las reformas y que serán relevantes durante el seguimiento anunciado por el Poder Legislativo.
El congresista defendió las medidas y afirmó que no habrá retrocesos en las decisiones orientadas a fortalecer las acciones de seguridad. También sostuvo que la prioridad debe ser la protección de las víctimas y de la población.

Además de las reformas penales, el Legislativo impulsa otras iniciativas relacionadas con el funcionamiento del sistema penitenciario. Entre ellas figura una propuesta para que las personas privadas de libertad clasificadas como de mínima y mediana peligrosidad realicen trabajos comunitarios.
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Zambrano explicó que la intención es establecer actividades de reinserción mediante las cuales los internos puedan contribuir a la sociedad y compensar parte del gasto que representa su permanencia en los centros penales.
Entre las labores mencionadas por el diputado se encuentra la elaboración de pupitres, uniformes, bloques y ladrillos, así como trabajos de infraestructura fuera de los establecimientos penitenciarios, siempre bajo mecanismos de control.
La propuesta busca que los reclusos participen en actividades productivas y de carácter social durante el cumplimiento de sus condenas. Sin embargo, el planteamiento forma parte de las iniciativas que se discutirán en el Congreso y no debe confundirse con una medida cuya aplicación ya esté confirmada.
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