
La investigación del organismo de inteligencia interior Shin Bet sobre las denuncias de compra de votos en la comunidad árabe durante las elecciones de octubre en Israel no ha hallado pruebas de irregularidades que pudieran alterar los resultados de los comicios, según informó este martes la Comisión Central Electoral.
El comunicado fue autorizado por el presidente del organismo y vicepresidente del Tribunal Supremo, Noam Sohlberg, y emitido con el consentimiento del jefe del Shin Bet, David Zini, quien la noche anterior le había trasladado los avances de la pesquisa. El texto precisa: “El análisis de las pruebas y de la información de inteligencia plantea numerosas sospechas; no obstante, en esta etapa no existen indicios de que se hayan pagado sobornos a los votantes a una escala que pudiera afectar a los resultados electorales”.
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El documento agrega que la entidad continuará trabajando “de forma incansable” para esclarecer lo ocurrido, aunque aclara que a partir de ahora el foco se desplazará hacia “cuestiones más relacionadas con la seguridad”, en particular “asuntos de subversión e influencia extranjera, los cuales no constituyen el núcleo del proceso electoral ni de sus resultados”.
Dos días después de la jornada de votación, Sohlberg había ordenado abrir una indagación sobre una posible injerencia extranjera en los comicios, luego de recibir información de inteligencia que, según explicó en ese momento, justificaba esa decisión. La semana previa, el funcionario ya había adelantado que no se contaba con evidencia concreta sobre esa sospecha, y admitió que tal evidencia quizás nunca llegue a aparecer.
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En paralelo, durante y después de la contienda electoral circularon denuncias según las cuales activistas del partido árabe Raam habrían participado en una maniobra para ofrecer incentivos económicos a los votantes a cambio de su voto. Como consecuencia, fueron detenidos tres de sus miembros, que posteriormente recuperaron la libertad y, según trascendió, el caso se cerraría sin la presentación de cargos en su contra.
Esos arrestos motivaron un pronunciamiento del primer ministro en funciones, Benjamín Netanyahu, quien difundió un video al respecto y acusó a los partidos árabes de intentar “robar las elecciones”. Al día siguiente, su fuerza política, el Likud, reiteró esa postura y bautizó el episodio como “Raamgate”.
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La principal coalición de partidos árabes, junto a otras fuerzas opositoras, respondió a las acusaciones de Netanyahu y lo señaló como responsable de impulsar la detención sin fundamento de los dirigentes de Raam con el propósito de sembrar dudas sobre la legitimidad del voto árabe. A ese reclamo se sumó un pedido de investigación estatal sobre un supuesto traspaso de información desde la oficina del primer ministro hacia la policía antes de la votación, señalado por un reportaje del Canal 12 como el origen de las detenciones.
Ante la disputa, desde el Ministerio de Justicia se dispuso un encuentro entre el asesor jurídico del Gobierno y la fiscal general para definir cómo proceder, mientras pidieron a la policía frenar sus actuaciones internas hasta establecer un criterio común para la investigación. La coalición árabe presentó, además, un nuevo reclamo ante la Fiscalía para que se abra una causa penal contra Netanyahu.
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(Con información de EFE y The Times of Israel)
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