La Secretaría de Finanzas analizará el funcionamiento de las instituciones estatales y el uso de sus recursos presupuestarios durante 2026 para determinar cuáles pueden cerrarse o integrarse a otras dependencias, como parte de un proceso de reorganización del Estado.
El coordinador de la Comisión Técnica Liquidadora, Ángel Mendoza, explicó que la revisión busca determinar qué organismos pueden ser eliminados o integrados a otras dependencias, como parte de los esfuerzos para reorganizar la estructura del Estado.
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Según el funcionario, existen 103 instituciones con asignación presupuestaria en el Presupuesto General de la República. La evaluación permitirá identificar cuáles mantienen funciones necesarias y cuáles podrían dejar de operar de manera independiente.
La propuesta contempla dos alternativas: el cierre definitivo de determinadas entidades o su incorporación a otras secretarías, dependiendo de las funciones que desempeñan y de los resultados del análisis institucional.
Liquidación con avance del 90%
Mendoza informó que el proceso de reducción de las instituciones previamente suprimidas o adscritas a otras dependencias registra un avance del 90%.
Este procedimiento forma parte de la reorganización administrativa impulsada por las autoridades, que busca revisar la estructura institucional y evitar la duplicidad de funciones dentro del aparato gubernamental.
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El coordinador señaló que los trabajos también incluyen la revisión de documentación y la identificación de posibles irregularidades en el funcionamiento de algunas entidades.
La comisión ha remitido hallazgos al Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y al Consejo Nacional Anticorrupción (CNA). El Ministerio Público, por su parte, ha solicitado información relacionada con instituciones que están bajo investigación.
La remisión de estos hallazgos permite que los organismos correspondientes examinen la información dentro de sus respectivas competencias, aunque no implica por sí misma que se hayan establecido responsabilidades legales.
Tres instituciones previstas para cerrar en 2026
Entre las entidades que, según Mendoza, tienen previsto cerrar durante 2026 figuran la Secretaría de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, la Secretaría de Planificación Estratégica y el Programa de Vivienda y Asentamientos Humanos.
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Estos cierres forman parte del proceso de reorganización institucional que desarrolla la Comisión Técnica Liquidadora.
La revisión de estas dependencias también se relaciona con la necesidad de determinar qué funciones deben mantenerse dentro de la administración pública y cuáles pueden ser asumidas por otras instituciones.
En el caso de las entidades integradas a otras secretarías, el objetivo sería evitar estructuras administrativas separadas cuando sus responsabilidades puedan ser atendidas desde dependencias existentes.
La eventual reducción de organismos para 2027 dependerá de los resultados de las evaluaciones presupuestarias y administrativas que se desarrollen durante el año.
Reducción del gasto corriente
Uno de los objetivos señalados por el coordinador es disminuir el gasto corriente del Estado para liberar recursos destinables a sectores considerados prioritarios.
Entre las áreas mencionadas figuran seguridad, salud e infraestructura vial, rubros que requieren financiamiento para mantener y ampliar la prestación de servicios públicos y la ejecución de proyectos.
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La reducción de instituciones podría modificar la distribución de los recursos destinados al funcionamiento administrativo del gobierno. Sin embargo, el ahorro efectivo dependerá de los costos asociados al cierre de cada entidad, las funciones que deban trasladarse y los recursos que continúen siendo necesarios para mantener los servicios.
Por ello, la evaluación presupuestaria será un elemento determinante para establecer qué instituciones pueden desaparecer, cuáles deben integrarse a otras dependencias y qué gastos podrían reducirse.
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