Honduras: Comisión liquidadora reporta bienes sin registrar y nuevas irregularidades en administración anterior

La Comisión Técnica Liquidadora informó sobre una nueva serie de hallazgos detectados durante la revisión de bienes y de la ejecución presupuestaria correspondiente a la administración anterior, entre ellos la existencia de activos que fueron adquiridos con fondos públicos, pero que no aparecen registrados en los sistemas oficiales del Estado.

El coordinador de la comisión, Ángel Antonio Mendoza, explicó que actualmente se desarrolla un proceso de verificación para identificar el destino de estos bienes y determinar si fueron utilizados conforme a la normativa vigente.

Según el funcionario, la revisión ha permitido detectar inconsistencias en la compra, control y utilización de equipos tecnológicos, así como en otros gastos administrativos que ahora forman parte de las investigaciones.

Mendoza señaló que la comisión mantiene un proceso técnico de auditoría para documentar cada uno de los hallazgos antes de remitirlos a las autoridades competentes.

Entre las principales observaciones figura la adquisición de computadoras y otros equipos tecnológicos que, según la comisión, no fueron incorporados al Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI) ni a los registros institucionales correspondientes.

Durante las inspecciones también se identificaron casos de empleados que tenían asignados simultáneamente equipos de escritorio y computadoras portátiles, sin una justificación clara para ello.

Asimismo, las investigaciones apuntan al presunto uso de algunos dispositivos fuera del horario laboral para actividades de carácter político.

La comisión también revisa contratos relacionados con el alquiler de impresoras y el incremento de gastos en alimentación que, según los investigadores, no estarían vinculados con actividades oficiales.

Otro de los hallazgos señalados corresponde al aumento del consumo de combustible durante los meses cercanos al proceso electoral.

De acuerdo con Mendoza, las cifras registradas no guardan relación con el uso habitual de la flota vehicular institucional, por lo que se analiza el destino de esos recursos.

Las revisiones también abarcan áreas de planificación estratégica, unidades administrativas, la Red Solidaria y Proasol, donde se concentró parte importante de la ejecución presupuestaria.

El objetivo es establecer si existieron irregularidades en el manejo de fondos públicos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La Comisión Técnica Liquidadora informó que toda la documentación recopilada será trasladada al Ministerio Público y a los órganos de control del Estado para que continúen con las investigaciones.

Según explicó Mendoza, el análisis permitirá determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de los hallazgos identificados.

Además, indicó que los procesos que no cuenten con respaldo legal suficiente no serán reconocidos para efectos de pago mientras continúan las auditorías.

La comisión también trabaja en el cierre administrativo de procesos pendientes desde 2022 en coordinación con distintas instituciones estatales.

Entre las entidades que acompañan las investigaciones se encuentran el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), las cuales podrán presentar denuncias si encuentran elementos suficientes.

Finalmente, Mendoza reiteró que el trabajo de la comisión se desarrolla con base en evidencia documental y criterios técnicos, por lo que los resultados serán puestos a disposición de las autoridades encargadas de continuar los procedimientos legales correspondientes.