
El Tribunal de Mayor Riesgo B de Guatemala otorgó arresto domiciliario al general retirado Manuel Benedicto Lucas García, hermano del expresidente guatemalteco Fernando Romeo Lucas García.
La medida tomada este miércoles 15 de julio, no implica una absolución ni el cierre del proceso penal y, aunque se le autoriza permanecer en la residencia de uno de sus hijos, se establece la prohibición de comunicarse con testigos vinculados al expediente.
La resolución fue adoptada tras la exposición de argumentos de la defensa ante el órgano jurisdiccional. No obstante, el beneficio concedido no supone la liberación del militar, ya que enfrenta otros procesos judiciales que impiden que abandone la prisión. Esta modificación de las medidas de coerción sólo afecta el expediente del denominado caso Genocidio Ixil.
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Otros procesos abiertos
El proceso penal por genocidio, desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad permanece abierto y deberá reiniciarse en el Tribunal de Mayor Riesgo B. El juicio, iniciado en abril de 2024 por el Tribunal de Mayor Riesgo A, acumuló 99 audiencias y llegó a su fase final, pero fue anulado antes de que se dictara sentencia.

Tal es el caso que en noviembre de 2024, la Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo aceptó una recusación de la defensa, separó a los jueces y ordenó trasladar el expediente a otro tribunal. En junio de 2025, la Corte de Constitucionalidad confirmó la decisión, dejando firme la orden de repetir el juicio desde el inicio.
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Acusaciones y antecedentes judiciales
Durante el debate, el Ministerio Público solicitó una condena de 2,860 años de prisión para Lucas García por hechos atribuidos al Ejército de Guatemala en la región Ixil, durante el conflicto armado interno. El militar, de 93 años, sigue bajo prisión preventiva y custodia médica en el Hospital Militar de la Ciudad de Guatemala debido a su estado de salud.
Manuel Benedicto Lucas García es considerado una de las figuras más influyentes del conflicto armado guatemalteco, especialmente durante el gobierno de su hermano, el expresidente Romeo Lucas García (1978-1982).
En mayo de 2018 fue condenado a 58 años de prisión en el caso Molina Theissen por delitos contra los deberes de humanidad y desaparición forzada.
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Reacción de víctimas y organizaciones
La decisión judicial provocó rechazo entre organizaciones de víctimas. La Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR) expresó su desacuerdo y preocupación por la medida.
“Para las víctimas y la AJR es bastante indignante. Alertamos a las autoridades de justicia, porque él, como parte de la cadena de mando del ejército de Guatemala, no debe beneficiarse de esta decisión”, afirmó un portavoz de la organización en una conferencia de prensa.
El representante recordó la masacre del 12 de febrero de 1982 en el caserío Pacoj, Quiché, y sostuvo que Lucas García fue responsable de los operativos militares en esa zona.
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Además, la AJR señaló: “No consideramos oportuno esta acción. La fiscalía y nuestros abogados también pidieron que no se diera la medida sustitutiva, pero el tribunal solo tomó en cuenta la defensa”.
Ante la decisión, solicitaron al nuevo Fiscal General Gabriel Estuardo García Luna que continúe con la investigación y recordó que el Ministerio Público no está de acuerdo con las medidas sustitutivas otorgadas al acusado.
Posicionamiento del general Lucas García
El propio Lucas García agradeció al tribunal la concesión de la medida y argumentó su necesidad de desplazarse por el país, especialmente a Alta Verapaz y Petén.
“No tengo necesidad de salir al extranjero. Prefiero estar en Guatemala”, declaró el general durante la audiencia.
Añadió que sufre el encierro, aunque recibe atención médica en el Hospital Militar, y afirmó contar con el respaldo del Ejército de Guatemala.
Perfil del militar
Manuel Benedicto Lucas García, nacido en San Juan Chamelco, Alta Verapaz, el 24 de agosto de 1932, fue jefe del Estado Mayor del Ejército guatemalteco y figura central durante el conflicto armado interno (1960-1996). Ha enfrentado varios procesos judiciales por violaciones a los derechos humanos, incluyendo el caso Molina Theissen y el proceso por genocidio en la región Ixil.
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Hasta ahora, el expediente del caso Genocidio Ixil no tiene sentencia. El juicio deberá reiniciarse ante el Tribunal de Mayor Riesgo B y el militar permanece privado de libertad bajo custodia médica.
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