La cantidad de hondureños que busca refugio o asilo fuera del país volvió a crecer: 262.913 personas requerían protección internacional al cierre del año pasado, según ACNUR. El Conadeh advirtió que muchas habrían permanecido en Honduras con medidas oportunas de seguridad, asistencia y acompañamiento.
La institución expresó su preocupación por el aumento de ciudadanos que buscan protección internacional y señaló que muchas de esas personas fueron víctimas de amenazas, violencia o desastres.
De acuerdo con el informe Tendencias Globales 2025, de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 94.449 personas ya obtuvieron la condición de refugiadas en distintos países, mientras 168.464 continúan con solicitudes de asilo a la espera de una resolución.
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Los principales destinos de quienes buscan protección siguen siendo Estados Unidos, México, España y Costa Rica, países que concentran una parte de las peticiones presentadas por ciudadanos hondureños.
El desplazamiento interno
Para la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Conadeh, Elsy Reyes, la prioridad debe centrarse en atender a las personas cuando aún permanecen en Honduras, antes de que la migración se convierta en la única salida posible.
Reyes señaló que el desplazamiento interno suele ser la primera consecuencia de situaciones de riesgo que enfrentan miles de familias y que, cuando no existe una respuesta institucional efectiva, termina en migración forzada hacia otros países.
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También insistió en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección, asistencia humanitaria y reubicación para evitar que las víctimas sigan expuestas a las amenazas que las obligaron a abandonar sus comunidades.
Según ACNUR, cerca de 423,845 personas han experimentado desplazamiento interno en algún momento de sus vidas por distintos factores que afectan al país.
El fenómeno incluye familias que abandonan sus hogares por amenazas de estructuras criminales, conflictos vinculados con la violencia, desastres naturales y otras condiciones que ponen en riesgo su integridad o sus medios de subsistencia.
Para el Conadeh, estos datos muestran que el desplazamiento interno continúa y requiere políticas públicas permanentes y coordinación entre las instituciones del Estado.
Violencia y cambio climático
Según explicó Reyes, la mayor parte de los desplazamientos internos tiene su origen en hechos de violencia relacionados con el crimen organizado y la delincuencia común.
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Familias enteras dejan sus viviendas tras el asesinato de un pariente, amenazas de muerte, extorsiones o persecuciones de grupos criminales con presencia en distintas regiones del país.
En muchos casos, las víctimas intentan reubicarse primero con familiares o conocidos en otros municipios o departamentos. Cuando las organizaciones criminales logran ubicarlas nuevamente, el desplazamiento interno deja de ser una solución y la migración internacional pasa a ser la única alternativa para preservar la vida.
El organismo defensor de derechos humanos advirtió que el desplazamiento forzado en Honduras ya no responde solo a factores de inseguridad.
Los efectos del cambio climático también modifican los patrones migratorios, especialmente en comunidades rurales donde las sequías prolongadas, tormentas tropicales, inundaciones y la degradación ambiental han reducido las oportunidades de producción agrícola y generación de ingresos.
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La pérdida de cultivos, viviendas y fuentes de empleo ha incrementado la vulnerabilidad económica de miles de familias, muchas de las cuales terminan abandonando sus comunidades ante la imposibilidad de reconstruir sus condiciones de vida.
El llamado al Estado
El Conadeh considera que el desplazamiento forzado debe abordarse como una política de Estado que combine acciones de seguridad, protección social, acceso a la vivienda, recuperación de medios de vida y atención psicológica para las víctimas.
La institución sostiene que una intervención temprana permitiría reducir el número de personas que después buscan refugio o asilo en otros países, además de garantizar el derecho de las familias a permanecer en su lugar de origen en condiciones de seguridad y dignidad.
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