
Hugo Maldonado representante del CODEH cuestiono el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Periodistas, Defensores de Derechos Humanos y Operadores de Justicia en Honduras y advirtió que sus fallas han limitado la capacidad del Estado para responder a situaciones de riesgo.
Las declaraciones se conocieron mientras organismos de derechos humanos informaron en los últimos años un incremento de amenazas, hostigamientos y agresiones contra personas vinculadas a la defensa de derechos fundamentales y al ejercicio del periodismo, lo que elevó la presión sobre el sistema de protección estatal.
Maldonado sostuvo que el mecanismo atraviesa un proceso de debilitamiento institucional que, según su criterio, se agravó durante la administración de la exsecretaria de Derechos Humanos Natalie Roque, a quien responsabilizó por decisiones que habrían afectado la operatividad del sistema.
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Cuestionamientos a la gestión del mecanismo
De acuerdo con su denuncia, en ese período se habría priorizado la incorporación de personal técnico y administrativo, mientras múltiples solicitudes de protección no recibieron respuesta oportuna, lo que habría generado atrasos en la atención de casos urgentes.
El presidente del CODEH advirtió que esta situación derivó en lo que calificó como un “retroceso” en la capacidad del Estado para garantizar medidas de seguridad a personas en situación de riesgo y afectó la confianza de sectores que históricamente han recurrido al mecanismo.
“Tenemos un retroceso definitivo. Yo creo que ese es un reto de las nuevas autoridades: reorganizar el mecanismo y hacerlo funcionar”, manifestó Maldonado.

También aseguró que distintos sectores organizados expresaron inconformidad con el funcionamiento del sistema. Entre ellos mencionó al Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), el Colegio de Abogados y organizaciones de sociedad civil dedicadas a la defensa de derechos humanos, que —según afirmó— optaron por distanciarse del mecanismo debido a la falta de resultados efectivos.
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Reclamos de reforma y recursos
En ese sentido, hizo un llamado a la actual titular de la Secretaría de Derechos Humanos, Leda García Pagán, y a la viceministra Kathia Crivelli para impulsar una reestructuración que permita corregir fallas operativas y administrativas y garantizar una respuesta más eficiente.

Aunque no detalló cifras oficiales, señaló que datos de organizaciones de sociedad civil y observatorios de derechos humanos indicaron en distintos informes que en Honduras se registran decenas de solicitudes de protección cada año, relacionadas principalmente con amenazas, persecución, desplazamiento forzado interno y riesgo a la integridad física de periodistas y defensores.
Esos reportes también advirtieron que una parte de los casos enfrenta demoras en la evaluación de riesgo, además de limitaciones presupuestarias y logísticas para la implementación de medidas de seguridad, lo que impacta de forma directa en la capacidad de respuesta del mecanismo estatal.
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Maldonado insistió en que el problema no solo es administrativo, sino estructural, por lo que consideró indispensable una revisión integral del modelo de protección, con coordinación interinstitucional y mayor participación de los sectores beneficiarios.
El dirigente del CODEH también solicitó al Congreso Nacional incrementar la asignación de recursos para el funcionamiento del mecanismo, al considerar que el presupuesto actual es insuficiente para atender la demanda creciente de medidas de protección.
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