La Justicia de Uruguay imputó a los dueños de una corredora de bolsa por beneficiarse de un empleado que engañaba clientes

Un grupo de inversores uruguayos había confiado en la corredora de bolsa Pérez Marexiano para hacer rendir sus ahorros. La empresa les generaba confianza por la trayectoria y antigüedad. Lo que no se esperaban era que sus dueños y uno de sus empleados se aprovecharan de esa imagen para concretar una estafa.

Los dueños de la corredora, Pedro Pérez Stewart y Carlos Pérez Lafone, fueron imputados por estafa y asociación para delinquir a pedido de la fiscal Sandra Fleitas. Tiempo atrás, por un delito continuado de estafa y falsificación de documento, lo había sido Ignacio González Palombo, el principal ejecutor de esta maniobra.

Los mismos dueños de la empresa habían denunciado a González Palombo, pero ahora también quedaron involucrados en la artimaña.

La maniobra

La semana pasada hubo una audiencia, consignada por el diario uruguayo El Observador, en la que la fiscal dio detalles de la maniobra. “Los denunciantes confiaban en la empresa por su trayectoria y antigüedad”, detalló Fleitas. Consideró que de la “asociación”con González Palombo obtuvieron “beneficios económicos”.

González Palumbo había trabajado en la corredora de bolsa Pérez Marexiano entre 2008 y 2015. Allí se encargaba de la realización de estudios contables para entregarlo a auditores. Luego fue despedido por no haber hecho los aportes correspondientes. Sin embargo, se dedicó a capactiar a los empleados que lo iban a suplantar y a captar inversiones.

Como la cartera de clientes se agrandaba, en 2020 se asoció con la uruguaya radicada en México Tamara Taube. Su rol era el de captar ahorristas de ese lugar, aunque también participaba de reuniones con clientes uruguayos.

Pero, ¿los Pérez estaban al tanto de la maniobra? Según la teoría fiscal, hay evidencia que muestra que sí. González Palombo daba directivas a un operador sobre las acciones que tenían que comprar y ese trader se encargaba de ejecutarlas. Hubo órdenes de compras por hasta un millón de dólares.

La fiscal describió: “Cuando González Palombo traía un cliente, le daban la documentación y los Pérez decidían si se creaba la cuenta o no”. Además, relató que le pagaban comisiones por orden de los socios cada dos o tres meses, algunas de hasta 20 mil dólares que eran considerados “gastos propios”. Se lo transferían directamente a su cuenta bancaria o se entregaban como cheques.

Los Pérez habían evitado mencionarle al Banco Central del Uruguay –el regulador del mercado de valores– que González Palombo actuaba como intermediario o que enviaba estados de cuenta a los clientes. Esto porque, según afirmó la fiscal, “sabían que estaba violando la ley del mercado de valores”.

La corredora de bolsa Pérez Marexiano tenía 652 clientes, de los cuales 107 se vinculaban a González Palombo, según los datos consignados por El Observador.

En definitiva, los dueño de la corredora de bolsa le dieron a González Palombo “carta abierta para que dispusiera del dinero de los damnificados”.

“Esto significó importantes beneficios económicos para ambos imputados, en perjuicio de los denunciantes, desde que cobraban buenas comisiones por una gestión deficiente y disponían de los dineros ajenos, realizando transacciones no solicitadas por los inversores”, señaló.

Por último, la fiscal agregó otra contradicción: “No se entiende cómo un ex empleado podía llevar adelante operaciones de quien se dedica a la actividad bursátil. Pone de manifiesto que hay un concierto y un conocimiento”.

La medida cautelar que dispuso la jueza Diovanet Olivera es la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país hasta el 11 de diciembre. Uno de los imputados señaló que requiere la libertad ambulatoria para un tratamiento al que tiene que someterse, al tiempo que el otro expresó que pretende seguir haciendo su trabajo para “recuperar dinero para devolverle a los clientes”.

La fiscal prevé avanzar sobre otras personas involucradas en la asociación para delinquir. Taube, la socia de González Palombo, está en calidad de indagada.

La defensa de los nuevos imputados aceptó la imputación, pero aclaró que tiene “otra teoría del caso”. Señaló que el monto a pagar –1,6 millones de dólares– se redujo porque los dueños de la corredora pusieron a disposición que se liquidara todo el patrimonio.