Diversas organizaciones sociales presentaron este martes un habeas corpus preventivo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para proteger 217 territorios que, según sostienen, podrían verse afectados por la Ley de Fomento y Protección a la Agroindustria en Honduras.
La acción fue impulsada por organizaciones indígenas, campesinas, feministas, estudiantiles y obreras, que consideran que la normativa amenaza a comunidades asentadas en zonas con intereses vinculados a proyectos agroindustriales, turísticos y energéticos.
El abogado Edy Tábora explicó que el recurso busca que el máximo tribunal constitucional adopte medidas preventivas para garantizar los derechos de poblaciones que, según los promotores, podrían enfrentar procesos de desalojo o desplazamiento. “Hemos comparecido en la Sala de lo Constitucional para presentar un habeas corpus en su carácter preventivo y colectivo para proteger 217 territorios a nivel nacional”, declaró tras la presentación.
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Qué cuestionan las organizaciones
De acuerdo con los impulsores del recurso, las comunidades identificadas están en condición de vulnerabilidad porque la legislación contempla mecanismos que, según su interpretación, podrían facilitar la ejecución de proyectos de inversión en áreas donde existen asentamientos campesinos e indígenas.
Tábora sostuvo que la preocupación principal radica en la posibilidad de desalojos forzados en territorios donde operan o buscan instalarse iniciativas relacionadas con la agroindustria, el turismo y el sector energético.
El recurso fue presentado contra autoridades de los tres poderes del Estado y de los organismos de seguridad. Entre los señalados figuran el presidente de la República, Nasry Asfura; el titular del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Wagner Vallecillo; el fiscal general, Pablo Emilio Reyes Theodore; así como los titulares de Seguridad y Defensa, además de los máximos responsables de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
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Según los promoventes, la inclusión de estas autoridades responde a que tendrían competencias directas o indirectas en la ejecución de medidas relacionadas con la aplicación de la ley y con eventuales acciones de desalojo.
El contexto del debate
La presentación del habeas corpus ocurre en medio del debate por la nueva legislación en distintos sectores del país. Mientras algunos grupos sociales sostienen que la normativa podría afectar derechos territoriales y comunitarios, sectores empresariales y promotores de inversión han argumentado que este tipo de instrumentos busca generar condiciones para atraer capital, impulsar la producción y dinamizar la economía nacional.
El conflicto por el acceso, uso y tenencia de la tierra ha sido una de las principales fuentes de tensión social en Honduras. En distintas regiones, en especial en zonas rurales y áreas de alta riqueza natural, comunidades campesinas e indígenas han protagonizado disputas relacionadas con proyectos productivos, concesiones energéticas, desarrollos turísticos y aprovechamiento de recursos naturales.
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Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado en múltiples ocasiones la necesidad de garantizar procesos de consulta, participación comunitaria y respeto a los derechos territoriales reconocidos en la legislación nacional e instrumentos internacionales suscritos por Honduras.
Qué pidió el recurso
Los impulsores solicitaron a la Sala de lo Constitucional que actúe con celeridad y nombre jueces ejecutores que puedan trasladarse a las comunidades identificadas para constatar las condiciones existentes y escuchar directamente a las poblaciones que consideran en riesgo.
También pidieron que se adopten medidas preventivas mientras se analiza el fondo del reclamo, con el objetivo de evitar acciones que, según sostienen, podrían afectar cientos de familias distribuidas en distintos puntos del territorio nacional.
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La Sala de lo Constitucional deberá determinar la admisibilidad del recurso y definir los pasos a seguir dentro del proceso judicial. Mientras tanto, el debate sobre los alcances de la Ley de Fomento y Protección a la Agroindustria continúa entre organizaciones sociales, sectores productivos y actores políticos.
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