Transportistas en Honduras se quejan por altos costos operativos y extorsión que los tiene de rodillas

Cálix, advirtió que el rubro atraviesa una situación crítica marcada por pérdidas económicas, incremento de costos operativos y la persistencia de la extorsión, factores que —según afirmó— mantienen al sistema “en números rojos”.

Durante una entrevista, Cálix manifestó que el transporte público continúa operando bajo condiciones adversas, mientras los empresarios y conductores enfrentan dificultades para sostener el servicio.

El dirigente explicó que el aumento constante en los precios de combustibles, repuestos, lubricantes y mantenimiento de unidades ha generado una fuerte presión financiera sobre el sector.

“Estamos trabajando prácticamente en números rojos”, expresó, al señalar que muchos transportistas continúan operando únicamente para evitar la paralización total del servicio público.

A pesar del complejo panorama, Cálix aseguró que los operadores siguen prestando servicio a la población hondureña, aunque advirtió que la situación se vuelve cada vez más insostenible si no se adoptan medidas urgentes.

En ese contexto, insistió en la necesidad de revisar la estructura tarifaria del transporte urbano e interurbano para evitar el colapso financiero del sistema.

El dirigente recordó que desde hace cuatro años no se realiza una revisión tarifaria y señaló que el pasaje de los buses rapiditos se mantiene en 13 lempiras desde el año 2014, pese al incremento generalizado de costos en el país.

Según explicó, los ingresos actuales ya no permiten cubrir adecuadamente los gastos operativos de las unidades, situación que afecta directamente a transportistas, conductores y usuarios.

Cálix también confirmó que recientemente el gobierno realizó el desembolso correspondiente a cuatro meses de subsidio atrasado, correspondientes a diciembre, enero, febrero y marzo.

No obstante, indicó que aunque el pago representa un alivio parcial para el rubro, no resuelve los problemas estructurales que enfrenta el transporte público en Honduras.

Asimismo, sostuvo que las políticas de subsidio pueden ser positivas cuando están dirigidas a beneficiar a la población más vulnerable y garantizar la continuidad del servicio.

“Las políticas de subsidio focalizadas a los más pobres son buenas”, reflexionó.

Durante la conversación el dirigente también abordó uno de los problemas que más golpea al sector: la extorsión.

Cálix aseguró que este flagelo continúa afectando gravemente a transportistas y conductores, quienes diariamente enfrentan amenazas, cobros ilegales y riesgos para su seguridad.

Afirmó que lejos de disminuir, el problema se ha arraigado aún más en el país, afectando la operatividad de las rutas y generando temor entre quienes laboran en el rubro.

El dirigente cuestionó la falta de respuestas contundentes por parte de las instituciones encargadas de combatir la criminalidad, señalando que se requiere una intervención más efectiva y permanente para proteger al sector transporte.

“Se necesitan acciones reales y no solo discursos”, sostuvo.

En relación con el papel de las autoridades, Cálix hizo un llamado a los entes reguladores y al gobierno para que prioricen soluciones técnicas y operativas sobre intereses políticos.

Indicó que el sector transporte necesita respuestas concretas y urgentes que permitan enfrentar la crisis económica y de seguridad que atraviesa actualmente.

“El gobierno cumplió 100 días, pero el pueblo quiere respuestas prontas”, expresó el dirigente, al referirse a la necesidad de medidas inmediatas para aliviar la situación que enfrenta la población y distintos sectores productivos.

Cálix subrayó que el transporte público representa uno de los pilares fundamentales de la economía nacional, ya que diariamente moviliza a miles de hondureños hacia sus centros de trabajo, estudio y actividades comerciales.

Por ello, insistió en que garantizar la sostenibilidad del sistema no solo beneficia a los transportistas, sino también a toda la ciudadanía que depende del servicio para movilizarse.

Finalmente, reiteró el llamado al gobierno para generar condiciones que permitan fortalecer el rubro, garantizar la seguridad de operadores y usuarios, y asegurar la continuidad del servicio público en todo el país.