Presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica decide cerrar proceso disciplinario contra el exdiputado Fabricio Alvarado

La presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, decidió archivar este jueves los tres informes relativos al caso por presunto acoso sexual contra el exdiputado Fabricio Alvarado, quien fue denunciado por la exlegisladora Marulin Azofeifa. Esta determinación implica que los informes, dos de los cuales recomendaban una sanción ética pública, no serán sometidos a votación en el Plenario y, por lo tanto, el Congreso actual descarta la posibilidad de sancionarlo administrativamente, mientras la causa continúa su curso en la vía judicial.

Según la resolución planteada por Jiménez, la potestad para sancionar por hechos ocurridos durante la función legislativa se perdió con la salida de Alvarado, quien dejó su curul el 30 de abril. En el escrito presentado en el Plenario, la presidenta de la Asamblea expuso que, conforme al criterio del Departamento de Servicios Técnicos, el reglamento contra el hostigamiento sexual limita la aplicación a quienes conservan la condición de diputados o diputadas, por lo que el plazo para imponer alguna sanción habría quedado extinguido.

Esta definición fue adoptada pese a la presión de legisladores de diversas bancadas para someter los informes a votación, cerrar el expediente y aplicar el Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados y Diputadas, aprobado en 2020. Alvarado podría haberse convertido en el primer exdiputado sancionado por el Congreso bajo este reglamento, si la moción hubiera prosperado. Actualmente, el procedimiento queda archivado a nivel parlamentario, aunque el proceso judicial sigue en marcha.

Los legisladores de oposición criticaron duramente la decisión de archivar el expediente 25,400. El diputado José María Villalta, jefe de fracción del Partido Frente Amplio, afirmó: “La bancada de Pueblo Soberano y el gobierno están protegiendo su red de cuido”. Por su parte, Claudia Dobles, legisladora de Agenda Ciudadana, cuestionó la legalidad de dejar los informes sin votar y sostuvo: “Están protegiendo al señor Fabricio Alvarado”.

El expediente parlamentario alude tanto a la denuncia presentada por Azofeifa como a otras imputaciones. Además del caso de hostigamiento sexual señalado por la exlegisladora, Alvarado enfrenta otras dos acusaciones: una interpuesta por Alicia Castillo, quien denunció abuso sexual supuestamente cometido contra ella cuando tenía 13 años en 2006, y una tercera presentada por otra mujer. Tras dejar la Asamblea, el exdiputado perdió toda inmunidad parlamentaria y los tres procesos seguirán en la vía judicial ordinaria.

La defensa de Azofeifa ha solicitado diversas medidas cautelares: arresto domiciliario, tobillera electrónica, prohibición de salida del país y restricción de acercamiento a la denunciante. El 12 de mayo, Alvarado se presentó ante la Fiscalía General para una indagatoria, donde recibió comunicación formal de los procesos en su contra y se le impusieron medidas como la prohibición de perturbar a una de las denunciantes durante la investigación.

El Congreso anterior tampoco llevó a término la votación sobre las sanciones a Fabricio Alvarado. Estrategias impulsadas por la bancada oficialista y otras fracciones aliadas al gobierno minaron el cuórum en las últimas sesiones, lo que impidió concluir el trámite. Yara Jiménez lamentó que “el Congreso anterior, pese a contar con plenas facultades, no resolviera el caso en tiempo y forma”.

El caso Alvarado se mantiene bajo investigación judicial, con medidas cautelares vigentes y sin posibilidad de sanción ética pública por parte del Congreso costarricense.