La justicia hondureña dictó este martes detención judicial contra el exalcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez, y otros dos imputados acusados por el asesinato del ambientalista y defensor de derechos humanos Juan López, un caso que volvió a colocar bajo presión a las autoridades hondureñas por las exigencias de justicia en el Bajo Aguán.
La medida fue emitida por un juez de letras durante la audiencia de declaración de imputado realizada en La Ceiba, Atlántida, donde el Ministerio Público presentó requerimiento fiscal contra Adán Fúnez, Héctor Eduardo Méndez y Juan Ángel Ramos Gallegos por los delitos de asesinato y asociación para delinquir.
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La audiencia inicial quedó programada para el próximo 15 de mayo a las 9:30 de la mañana, mientras los acusados permanecerán bajo detención judicial en el centro penal de Támara, en Francisco Morazán.
El caso ha generado un fuerte impacto político, ambiental y social debido a que Juan López era una de las voces más reconocidas en la defensa ambiental y de derechos humanos en la región del Bajo Aguán, una zona marcada históricamente por conflictos agrarios, denuncias de violencia y disputas territoriales.
De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), los imputados habrían participado en la planificación y ejecución del crimen perpetrado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, Colón.
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Las autoridades sostienen que el ambientalista fue asesinado cuando se encontraba en las cercanías de la iglesia San Antonio de Padua, en la colonia Fabio Ochoa, uno de los lugares que frecuentaba constantemente.
Según el expediente judicial, en el caso también figuran como implicados Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, quienes enfrentarán juicio oral y público entre el 15 y el 26 de junio.
La investigación señala que Guardado Alvarenga habría coordinado reuniones previas con los presuntos ejecutores materiales del crimen y facilitado la motocicleta utilizada para cometer el asesinato.
Además, las autoridades indicaron que se realizaron labores de vigilancia alrededor de la vivienda de Juan López y de los lugares que frecuentaba, acciones que habrían servido para planificar el atentado.
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La captura de Adán Fúnez provocó reacciones de organizaciones sociales, defensores ambientales y sectores religiosos que durante meses exigieron avances en el caso.
Uno de los pronunciamientos más contundentes fue realizado por el sacerdote jesuita Ismael “Padre Melo” Moreno, quien pidió que el proceso judicial avance sin interferencias políticas ni empresariales.
“El caso Juan López debe avanzar hasta las últimas consecuencias y sin privilegios para nadie”, expresó el religioso en declaraciones difundidas tras la captura del exalcalde.
Por su parte, el exfiscal general Johel Zelaya también reaccionó al caso y defendió las acciones impulsadas por el Ministerio Público, señalando que las investigaciones deben sustentarse en pruebas sólidas y no en presiones mediáticas o políticas.
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El asesinato de Juan López generó condena de organismos internacionales debido a su papel como defensor ambiental en una región marcada por conflictos relacionados con explotación de recursos naturales y denuncias de amenazas contra líderes comunitarios.
Diversas organizaciones de derechos humanos han advertido en reiteradas ocasiones sobre el riesgo que enfrentan ambientalistas y defensores territoriales en Honduras, especialmente en zonas vinculadas a disputas mineras, agrícolas y ambientales.
La detención judicial contra Adán Fúnez representa uno de los avances más relevantes en el caso desde el asesinato ocurrido en 2024 y vuelve a colocar el foco sobre la violencia contra defensores ambientales en Honduras.
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Mientras tanto, las autoridades judiciales continúan el proceso contra los acusados en medio de una creciente expectativa nacional sobre el desenlace de uno de los casos criminales más sensibles de los últimos años en el país.
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