Reformas electorales habilitan escaños a la diáspora y formalizan salida de El Salvador del PARLACEN

La Comisión Política de la Asamblea Legislativa de El Salvador dio aval este martes a tres reformas que buscan modificar de manera sustancial el Código Electoral, la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y la Ley de Partidos Políticos, con el objetivo de redefinir la organización electoral, los procedimientos de inscripción y fiscalización de partidos, así como la representación legislativa, de cara a los comicios de 2027.

Las propuestas de reforma incluyen cambios en circunscripciones, requisitos de candidaturas, integración del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y reglas para el voto en el exterior.

La legislación vigente establece que el proceso electoral abarca la elección de Presidente y Vicepresidente, diputados a la Asamblea Legislativa, Parlamento Centroamericano y concejos municipales. Las propuestas ahora buscan armonizar esta legislación con una antigua reforma constitucional que retiró al país del Parlamento. Ahora, las reformas eliminan de la redacción legal la elección a diputaciones a dicho organismo.

Las circunscripciones municipales, departamentales y nacional coinciden con la división administrativa de El Salvador, mientras que la legislación vigente otorga a los salvadoreños en el exterior la posibilidad de votar y postularse a cargos, asignando su voto según el domicilio inscrito en el Documento único de Identidad (DUI) o el uso del pasaporte.

Las reformas analizadas proponen que, para la elección presidencial, los votos emitidos por salvadoreños en el exterior se asignen a la circunscripción nacional, y para las elecciones legislativas, se mantenga la asignación a la circunscripción del extranjero cuando el domicilio en el DUI esté fuera del país. El uso del pasaporte permanece como mecanismo para votar en la circunscripción del extranjero.

Además, se elimina la exigencia de vigencia del DUI para votar en 2027, requiriendo únicamente la existencia del documento para acreditar la nacionalidad e identidad.

La integración de la Asamblea Legislativa también se modifica. Según los cambios, San Salvador pasará a contar con 11 escaños, seguido de Santa Ana y San Miguel con 5, La Libertad con 6, Sonsonate con 5, Usulután con 4, Ahuachapán y La Paz con 3, y varios departamentos con 2, mientras que la circunscripción del extranjero recibirá 6 diputados. Esta distribución reemplaza el esquema previo, que otorgaba 16 escaños a San Salvador y 24 entre los otros departamentos, sin contemplar el extranjero en la asignación principal.

El método d’Hondt se mantiene para la asignación proporcional de escaños, incluyéndose de manera explícita la circunscripción del extranjero. La normativa propuesta establece que el registro electoral suspenderá la inscripción de ciudadanos noventa días antes de las elecciones y cerrará definitivamente sesenta días antes, permitiendo solo correcciones, cancelaciones de personas fallecidas o inscripciones de nuevos votantes que adquieran la mayoría de edad antes de la elección.

Respecto al Tribunal Supremo Electoral (TSE), la reforma propone ampliar el periodo de funciones de cinco a seis años, seleccionando tres magistrados mediante un proceso público y los otros dos a partir de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, que deberán contar con el respaldo de al menos dos tercios de la Asamblea Legislativa. Los requisitos para magistrados se endurecen, exigiendo ser salvadoreño por nacimiento, mayor de 40 años, tener experiencia judicial relevante y carecer de afiliación partidista.

La Ley de Partidos Políticos mantiene la prohibición de promover la reelección presidencial consecutiva, afiliar a miembros activos de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil, y utilizar símbolos patrios en propaganda electoral. Los cambios propuestos refuerzan los requisitos para la inscripción de candidaturas y las reglas para la presentación de planillas completas, así como la apertura y cierre de los periodos de inscripción.

Tras la presentación de las propuestas, la fracción de Nuevas Ideas introdujo una serie de solicitudes de modificación al proyecto de reformas, presentadas por su jefe de bancada, Christian Guevara.

De acuerdo con lo leído por Guevara, los cambios incluyen la obligación para los partidos de llevar contabilidad formal y contar con auditoría interna durante sus periodos de gestión respecto al uso de su patrimonio y fondos de financiamiento privado. Se introduce la exigencia de detallar los montos de financiamiento privado e informar sobre el destino de los fondos obtenidos por donaciones privadas.

Además, se establece la obligación de poner a disposición del Tribunal Supremo Electoral y el Ministerio de Hacienda la información sobre financiamiento privado sin requerir el consentimiento de los donantes, tanto al cierre de cada ejercicio fiscal como cuando lo soliciten las autoridades judiciales.

Las modificaciones también incluyen ajustes formales en los artículos relacionados con elecciones internas, circunscripciones, integración de la Asamblea Legislativa y requisitos de pactos de coalición, así como la derogación de la letra G del artículo 71 de la ley. De acuerdo con Guevara, el articulado del proyecto pasaría de once a dieciséis artículos tras estos cambios, y solicita además reordenar y renumerar ciertas disposiciones para mayor claridad legislativa.

Para la reforma al Código Electoral, la fracción oficialista propuso agregar capítulos específicos sobre circunscripciones y la integración de la Asamblea Legislativa, modificar enunciados de artículos para mayor precisión y ajustar la numeración de los artículos finales. En la Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior, se solicita agregar un apartado específico sobre la asignación del voto.

Los dictámenes de reformas al Código Electoral, Ley Especial para el Ejercicio del Sufragio en el Exterior y Ley de Partidos Políticos pasará el jueves al pleno, adelantó el presidente de la comisión, Ernesto Castro.