
El embajador de Irán en Bolivia, Bahram Shahabeddin, se retractó de una declaración en la que hizo referencia al ordenamiento jurídico del país durante una visita a Cochabamba cuando, en un contacto con los medios locales, el diplomático expresó su deseo de que esa ciudad se convierta en la nueva capital de Bolivia.
Sus declaraciones provocaron críticas y un pronunciamiento de la Cancillería en el que pidió al cuerpo diplomático “no inmiscuirse” en asuntos internos y lo instó a canalizar sus expresiones por los mecanismos diplomáticos formales previstos en la Convención de Viena, evitando el uso de plataformas públicas para expresar quejas o posturas.
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Posteriormente, Shahabeddin se reunió con el canciller Fernando Aramayo en La Paz y aclaró que sus palabras “no fueron formuladas de la mejor manera”. A través de un comunicado público, el diplomático señaló que quiso hacer referencia a Cochabamba como “capital cultural-gastronómica” de Bolivia, “en un sentido de aprecio” por esa región.

“Mis palabras, expresadas en tono de cortesía y reconocimiento cultural, no fueron formuladas de la mejor manera y lamentablemente generaron malestar en algunos sectores del pueblo boliviano”, admitió en el documento y declaró su “compromiso con los principios fundamentales del derecho y las relaciones internacionales, entre ellos el respeto a la soberanía nacional y la no injerencia en los asuntos internos”.
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El debate sobre la capitalidad en Bolivia es un tema históricamente sensible que se remonta a la Guerra Federal de 1899. Desde entonces, la sede de Gobierno es La Paz y la capital constitucional es Sucre, y cualquier alusión a modificar ese ordenamiento tiende a reactivar disputas de representación y poder territorial. En ese marco, las declaraciones del diplomático iraní generaron una fuerte reacción especialmente en actores políticos de Sucre.
El canciller Aramayo también convocó al embajador de Rusia, Dimitry Vérchenko, para dialogar sobre “la importancia de mantener los canales y procedimientos de comunicación institucional que rigen las relaciones diplomáticas”, según informó el Ministerio de Relaciones Internacionales a través de una publicación.
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La nota señala que en el encuentro con el embajador ruso se habló sobre “la necesidad de preservar el respeto mutuo y encauzar cualquier diferencia a través de los mecanismos protocolares establecidos” para evitar que “situaciones aisladas afecten la armonía y la cooperación entre ambas naciones”.
La citación a ambas autoridades se da luego de que asistieron al acto de posesión del nuevo gobernador de Cochabamba, el dirigente cocalero Leonardo Loza, quien es uno de los principales aliados del expresidente izquierdista Evo Morales (2006-2019) y el único de su línea política que ocupa un cargo público relevante.
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Estos encuentros se dan en un momento de cambio en la política exterior boliviana. El Gobierno de Rodrigo Paz, investido hace seis meses, dio un giro en las relaciones diplomáticas del país al acercarse a países con los que no se tenían relaciones —como Estados Unidos e Israel— y tomó distancia con los aliados del régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) como Irán, país con el que suspendió convenios de cooperación en materia militar.
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