En una operación conjunta que subraya la gravedad de los delitos contra ciudadanos extranjeros y grupos vulnerables, el Ministerio Público (MP) ha dado un paso decisivo en el esclarecimiento del violento fallecimiento de la ciudadana norteamericana Susan Joanne Johnston, de 72 años.
A través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y en estrecha coordinación con la Fuerza de Tarea de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), las autoridades hicieron efectiva la captura del abogado Carlos Mauricio Cálix Ponce. Al profesional del derecho se le supone responsable del delito de asesinato, en un caso que ha conmocionado a la comunidad de Roatán y al sector de residentes extranjeros en el país.
De acuerdo con el expediente investigativo, el trágico suceso tuvo lugar el pasado 27 de febrero del año en curso. La escena del crimen fue la propia residencia de Johnston, situada en el sector de Coco Road, una zona habitualmente tranquila de la isla de Roatán.
La investigación, dirigida técnica y jurídicamente por la Sección de Muertes de Personas Pertenecientes a Grupos Sociales Vulnerables de la FEDCV, ha revelado detalles escalofriantes sobre los últimos momentos de la víctima. Las pesquisas indican que Cálix Ponce no era un extraño para la fallecida; por el contrario, fungía como su abogado de confianza, lo que le habría permitido un acceso directo a la intimidad de su hogar.
Según los informes de la DPI, el sospechoso arribó a la vivienda aproximadamente a las 12:30 del mediodía. Lo que inició como una visita profesional o de rutina, derivó rápidamente en un episodio de violencia extrema.
Pruebas audiovisuales y hallazgo del cuerpo
Uno de los pilares fundamentales que sostiene la acusación contra el abogado es el rastreo y análisis de cámaras de video de seguridad. Los dispositivos, ubicados estratégicamente en la parte superior de una bodega de la propiedad, captaron evidencia sonora y visual determinante.
En las grabaciones se escucha una acalorada disputa entre el sospechoso y Johnston. Tras el intercambio verbal, el agresor habría atacado a la víctima de manera sorpresiva, infligiéndole múltiples golpes en distintas partes del cuerpo. El informe detalla que el atacante finalmente la sujetó del cuello, aplicándole una fuerza letal hasta causarle la muerte por estrangulamiento.
Fue hasta el 1 de marzo, dos días después del incidente, que las autoridades competentes realizaron el levantamiento cadavérico. El dictamen médico legal posterior confirmó la brutalidad del acto: el tiempo de muerte coincidía con la visita del abogado (de dos a tres días de evolución) y la causa de muerte se estableció científicamente como asfixia por estrangulación, catalogada como una muerte de naturaleza homicida.
A pesar de la contundencia de las pruebas presentadas por el Ministerio Público para sustentar la captura y el requerimiento fiscal, existe una interrogante que aún planea sobre el caso: el motivo.
Hasta el momento, los investigadores no han logrado determinar con exactitud qué impulsó a un profesional del derecho, que gozaba de la confianza de la víctima, a cometer presuntamente un acto de tal magnitud.
No se ha confirmado si el móvil fue de índole económica dada la relación profesional entre ambos, una disputa personal o algún otro factor desencadenante. Esta opacidad en el motivo principal es uno de los puntos que la defensa y la fiscalía deberán debatir en las etapas procesales venideras.
Por lo que, la FEDCV ha reiterado su compromiso de trabajar de forma rigurosa para garantizar que el asesinato de Susan Joanne Johnston no quede en la impunidad.
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