Celulares, armas y drogas: el negocio que llega desde el aire a las cárceles panameñas

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.