El Gobierno de Honduras anunció una nueva estrategia de seguridad que, entre 2026 y 2030, se enfocará en atacar la estructura financiera de las organizaciones criminales, planteando un cambio sustantivo en la política contra el crimen organizado.
Esta apuesta gubernamental busca afectar la capacidad de operación, reclutamiento y expansión de los grupos delictivos, con el objetivo declarado de disminuir los índices de violencia y recuperar la paz en el país.
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La presentación oficial fue realizada por Gerzon Velásquez, titular de la Secretaría de Seguridad, quien detalló los tres pilares de la política: control territorial dirigido a las zonas con mayor índice delictivo, ataque directo a las economías criminales y fortalecimiento de las áreas de investigación e inteligencia.
La iniciativa pondrá por primera vez el foco en el decomiso sistemático de bienes, con la intención de restar a los criminales el dinero y la logística que sostienen sus operaciones.
La magnitud de la problemática quedó evidenciada en datos recientes de la Asociación para una Sociedad Más Justa, que registró un aumento del 5 % en los homicidios en lo que va de 2024, sumando 624 asesinatos hasta el 10 de abril.
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Este récord ha encendido las alarmas en distintos sectores, presionando al Gobierno a responder con una política más robusta y de largo alcance.
Velásquez afirmó que la estrategia irá más allá de capturas puntuales: “No solamente se está capturando gente, les estamos quitando su logística, su dinero y sus bienes”, especificó el funcionario, subrayando la importancia del decomiso de activos y la desarticulación de redes logísticas.
El control territorial se diseñará a partir de un análisis de datos que permita identificar las áreas más críticas, donde fuerzas de seguridad actuarán para recuperar espacios en manos de estructuras delictivas.
Respecto al eje financiero, el ministro explicó que las acciones incluirán el bloqueo de cuentas, la incautación de efectivo y la confiscación de bienes muebles e inmuebles adquiridos por organizaciones criminales.
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El propósito es reducir de forma significativa la capacidad de los grupos para sostener sus actividades ilícitas y reclutar nuevos integrantes.
El refuerzo de inteligencia y tecnología será la tercera base del plan. El Gobierno prevé sumar recursos materiales y humanos para mejorar la recolección y el análisis de información, así como la cooperación entre agencias estatales, con la meta de fortalecer la prevención y la coordinación operativa.
Velásquez rechazó que el alza de homicidios implique, necesariamente, un aumento generalizado de la criminalidad, asegurando tajantemente que “en este momento estamos atacando de manera contundente a la criminalidad y grupos organizados”.
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Sin embargo, expertos en seguridad advierten que la sostenibilidad de estos operativos y la continuidad de la política pública serán determinantes para garantizar resultados duraderos.
La efectividad del enfoque financiero depende de la capacidad del sistema judicial para procesar los casos derivados y de la existencia de mecanismos robustos para administrar los bienes incautados. Sin estructuras legales y administrativas sólidas, el impacto podría diluirse.
Además, diversos sectores insisten en que el plan debe reforzar la prevención y atacar causas estructurales de la criminalidad, como la pobreza, el desempleo y la falta de oportunidades para jóvenes.
La coordinación entre políticas de seguridad y programas de desarrollo comunitario aparece como condición indispensable para evitar que el ciclo de violencia se replique.
La estrategia hondureña parte del reconocimiento expreso de que la seguridad es una de las principales preocupaciones ciudadanas. El éxito del plan, dependerá no solo de la coherencia en la ejecución y de su sostenibilidad, sino también de la transparencia en la gestión de recursos y de la rendición de cuentas.
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En Honduras, la violencia y los índices delictivos generan una presión constante sobre el Gobierno y la sociedad. La apuesta por debilitar las finanzas del crimen organizado se presenta como una posible inflexión en la política de seguridad nacional, aunque su eficacia estará determinada por la articulación interinstitucional, la continuidad administrativa y el compromiso a largo plazo de todos los actores implicados.
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