La lesión irreversible sufrida por el estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Axel Medina Castellanos, durante los enfrentamientos del lunes pasado en las inmediaciones del Congreso Nacional, ha reavivado el debate nacional sobre la legitimidad de la protesta, el uso de la fuerza policial y la posible manipulación política del movimiento estudiantil.
El caso, que dejó como saldo la pérdida total del ojo izquierdo de Medina, ha generado indignación en la sociedad hondureña y un llamado urgente a esclarecer las responsabilidades institucionales.
El episodio que terminó con Medina herido ocurrió en una protesta estudiantil frente al Congreso Nacional, donde estudiantes universitarios exigían el mantenimiento del presupuesto asignado a la UNAH.
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El rector de la universidad, Odir Fernández, condenó de manera categórica la violencia, al declarar: “¡Nada justifica la violencia!”, y solicitó públicamente una investigación exhaustiva que permita identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales de la agresión.
Este pronunciamiento se produjo mientras la comunidad universitaria y organizaciones de derechos humanos advertían sobre la gravedad de los hechos y la urgencia de proteger la integridad de los manifestantes.
El caso Axel Medina ha puesto en tensión la relación entre protesta social y operación policial en Honduras. La protesta se desarrollaba en los bajos del Congreso Nacional cuando, alrededor de las 16 horas del lunes 20 de abril, se registró el enfrentamiento con la Policía Nacional.
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Según precisó el secretario del Congreso Nacional, Francis Cabrera, el tema presupuestario objeto de la protesta ya había sido resuelto cerca de las 13 horas de ese mismo día. Cabrera denunció que “posteriormente, aproximadamente a las cuatro de la tarde, algunos diputados habrían incentivado a los estudiantes a continuar con las manifestaciones”, lo que derivó en los disturbios que provocaron la lesión irreversible del estudiante de Trabajo Social.
El parlamentario instó al Ministerio Público de Honduras a investigar si existió incitación deliberada de actores políticos para mantener la movilización, pese a que, según la versión oficial, el conflicto presupuestario ya había sido resuelto.
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La UNAH, a través de Fernández, enfatizó la importancia de rechazar cualquier intento de instrumentalizar políticamente al estudiantado, haciendo un llamado directo al sector político para que “no instrumentalicen a los estudiantes y deslegitimen sus genuinos reclamos”.
El rector reiteró que la institución dará acompañamiento pleno a Axel Medina, incluyendo seguimiento médico y académico. “Vamos a dar todo el acompañamiento como universidad a nuestro alumno, tal como lo hemos venido haciendo desde el día de ayer”, sostuvo Fernández.
Diversos defensores de derechos humanos insisten en que es imprescindible garantizar el derecho de manifestación pacífica y evitar el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos de seguridad, además de exigir que la protesta social transcurra sin violencia y sin injerencias externas que desvirtúen las demandas estudiantiles.
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La posible incitación de diputados al mantenimiento de la movilización, aún después de haberse presuntamente resuelto la cuestión presupuestaria, introduce un elemento de gravedad institucional y ética.
Francis Cabrera sostuvo que: “Cuando el problema ya estaba resuelto, varios diputados fueron a incentivar a estos jóvenes a manifestarse”, reforzando la dimensión política en la investigación judicial en curso.
Este caso responde directamente a la pregunta central sobre la responsabilidad en los hechos: el estudiante de la UNAH Axel Medina Castellanos perdió su ojo izquierdo tras un enfrentamiento con la Policía Nacional durante una protesta frente al Congreso Nacional.
La comunidad universitaria ha reiterado su solidaridad con Axel Medina. Fernández reiteró que la universidad continuará “apoyando a Axel Medina en su proceso de recuperación, tanto en el ámbito médico como en el académico”.
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Ante la gravedad del caso y el debate reabierto sobre la protesta social en Honduras, organizaciones de derechos humanos remarcaron la necesidad de revisar los protocolos estatales de actuación y fortalecer los espacios institucionales de diálogo
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