Gobierno de Costa Rica rompe negociación del FEES y traslada decisión al Congreso tras choque con rectores por aumento de casi ₡30,000 millones

El Gobierno de Costa Rica dio por cerradas las negociaciones del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) este 21 de abril de 2026, tras un fuerte desacuerdo con los rectores de las universidades públicas, quienes plantearon un aumento que el Ejecutivo calificó como “irracional y abusivo”.

El conflicto gira en torno a la propuesta presentada por las universidades, que planteaba un incremento del 2.94% sobre la base presupuestaria. Esto representa más de ₡17,000 millones adicionales (USD 37,4 millones), que se suman a cerca de ₡11,000 millones (USD 24,2 millones) ya incorporados previamente, elevando el ajuste total a casi ₡30,000 millones (USD 66 millones)

Desde el Gobierno, la posición fue clara: mantener el presupuesto sin crecimiento, es decir, con un ajuste del 0%, argumentando que esta decisión responde al comportamiento de la inflación y a las limitaciones fiscales del país.

Ante la falta de consenso en la Comisión de Enlace —instancia encargada de negociar el FEES—, el proceso ahora pasa a la Asamblea Legislativa, donde se definirá el monto final en el marco de la discusión del Presupuesto Ordinario de la República.

Este procedimiento está respaldado por el artículo 85 de la Constitución Política, que regula el financiamiento de la educación superior estatal y establece que, en ausencia de acuerdo entre las partes, corresponde al Congreso tomar la decisión final.

El FEES es el principal mecanismo de financiamiento de las universidades públicas en Costa Rica, incluyendo la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC), la Universidad Nacional (UNA), la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y la Universidad Técnica Nacional (UTN).

Además, este fondo forma parte del mandato constitucional más amplio contenido en el artículo 78, que establece que el Estado debe destinar al menos un 8% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación en todos sus niveles. Sin embargo, en los últimos años esta meta no se ha cumplido, y la inversión ha mostrado una tendencia a la baja.

Datos recientes evidencian que el financiamiento educativo ha disminuido en términos relativos, pasando de alrededor de un 5,7% del PIB en 2023 a cerca de un 5% en 2025, lo que ha generado preocupación en el sector académico.

En el caso específico del FEES, el crecimiento también ha sido limitado. Para 2025, el fondo rondó los ₡587,000 millones (USD 1,29 mil millones), mientras que para 2026 se ubicó cerca de ₡593,000 millones (USD 1,30 mil millones), lo que representa incrementos modestos que, según las universidades, no compensan el impacto de la inflación ni el aumento en los costos operativos.

Los rectores han defendido su propuesta señalando que el ajuste es necesario para sostener la calidad de la educación superior pública, financiar la investigación científica, mantener programas de becas y atender el crecimiento de la matrícula estudiantil.

Asimismo, han advertido que, en términos reales, el FEES ha perdido poder adquisitivo en los últimos años, lo que podría afectar la capacidad de las universidades para responder a las necesidades del país.

Por su parte, el Ejecutivo ha insistido en que el contexto fiscal obliga a la contención del gasto público, en línea con las restricciones impuestas por la regla fiscal y la necesidad de mantener la estabilidad de las finanzas públicas.

La Comisión de Enlace, donde se desarrollaron las negociaciones, está integrada por representantes del Gobierno, entre ellos los ministros de Educación, Hacienda, Planificación y Ciencia y Tecnología, así como por los rectores de las universidades públicas y una representación estudiantil.

El cierre sin acuerdo refleja las tensiones persistentes entre el Gobierno y el sector universitario sobre el papel del financiamiento estatal en la educación superior, en un momento en que el país enfrenta desafíos económicos y demandas crecientes por acceso a la educación.

Ahora, el debate se traslada al Congreso, donde los diputados deberán definir el monto final del FEES, una decisión que impactará directamente a miles de estudiantes y al desarrollo académico, científico y social de Costa Rica.