El Congreso Nacional de Honduras destituyó este a los funcionarios Marlon Ochoa y Mario Morazán tras un juicio político que los acusó de intentar obstaculizar las elecciones generales de 2025, una decisión con la que el Legislativo busca garantizar la estabilidad democrática y salvaguardar la integridad de los futuros procesos electorales.
A la par de Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), y Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), fueron cesados de sus cargos los magistrados suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé, conforme al acta validada por el Pleno.
El dictamen se respaldó con 88 votos durante una sesión especial, donde se ratificó que los destituidos vulneraron principios constitucionales y pusieron en riesgo la expresión popular en las urnas.
Según el informe final de la comisión especial, la investigación identificó una estrategia denominada “la silla vacía”, mediante la cual parte de los involucrados, al no integrar plenamente los plenos del TJE y el CNE, habrían paralizado sesiones con el propósito de obstaculizar el proceso electoral.
Este mecanismo fue uno de los argumentos centrales que justificaron las destituciones. El documento presentado al Legislativo consta de 184 páginas y fue leído a partir de las 14:25 y hasta las 17:20 de este jueves.
La comparecencia de Mario Morazán ante el Pleno se extendió por más de cinco horas, superando el tiempo ordinario de intervención establecido para estos procesos. Morazán utilizó el espacio para pronunciarse sobre cada cargo y se defendió abiertamente de las acusaciones.
En el inicio de su exposición, interpeló al diputado Tomás Zambrano con la frase: “Usted está ante un juez decente de una alta corte que debe estar en el pódium, usted es un indecente. Pero si no nos permiten el pódium de cualquier lugar hablaremos a la población, si la nueva narcodictadura nos quiere aquí, de aquí vamos a hablar”, citó.
Durante su intervención, Morazán rechazó las imputaciones, negando haber obstruido sesiones, abandonado sus funciones o seguido instrucciones partidarias para entorpecer el proceso electoral.
Señaló a actores del Partido Nacional y del Partido Liberal, y anunció la presentación de futuras denuncias formales ante autoridades competentes en contra de actuales diputados.
También atribuyó presiones políticas al magistrado Mario Flores, sosteniendo que la fallecida magistrada Mirian Barahona asistía a sesiones presionada por Flores y que, debido a su delicado estado de salud, recibía de este la instrucción directa sobre cómo votar.
Morazán criticó la falta de actuación por parte del entonces fiscal general Johel Zelaya y de la magistrada presidenta Rebeca Raquel Obando para ejecutar órdenes judiciales en casos relacionados con el TJE.
En su alegato, Morazán ofreció explicaciones contradictorias respecto a su participación en sesiones convocadas por vía virtual y justificó sus reiteradas ausencias argumentando motivos jurisdiccionales.
El jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, desmontó los argumentos de Morazán al presentar material audiovisual y documentos que registraban convocatorias a sesiones del TJE a las que Morazán se ausentó sin justificación.
Cálix exhibió ejemplos de diputados suplentes del Partido Libre que reemplazaron a titulares en la Cámara bajo causas previstas en la ley, desmintiendo la versión de Morazán. Asimismo, reveló mensajes en los que Morazán le aseguraba a Flores que no asistiría a las sesiones por presiones del partido gobernante.
En el debate parlamentario también se analizó la postura de Morazán en temas administrativos, como el pago de salario y beneficios médicos a la magistrada Barahona, oposiciones detalladas por Cálix durante la sesión.
El diputado del Partido Nacional Mario Pérez responsabilizó tanto a Morazán como a los magistrados suplentes Gutiérrez Peralta y Mejía Estapé de paralizar deliberadamente las sesiones del TJE.
Pérez advirtió sobre la existencia de una estructura destinada a entorpecer las elecciones y fomentar la narrativa de fraude, involucrando a exfuncionarios como Roosevelt Hernández y cuestionando el uso de la candidatura de Salvador Nasralla por el Partido Libre para alimentar dicho discurso.
El congresista Pérez desafió a Morazán a permitir un peritaje de su teléfono móvil para determinar si mantuvo conversaciones con directivos del Partido Libre antes y después de los días clave del proceso electoral.
La destitución de Marlon Ochoa, Mario Morazán, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé marca el cierre de una histórica sesión de juicio político en Honduras que responde a la preocupación por la autonomía y legitimidad de los órganos electorales frente a las elecciones generales del año próximo.
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