Exfiscal general de Honduras reconoce que en su gestión hubo presiones políticas para favorecer a gerente de una empresa

Las declaraciones recientes de Johel Zelaya, exfiscal general de Honduras, han reavivado el debate sobre la independencia del sistema judicial en el país, ante los cambios institucionales de los últimos meses y el protagonismo de casos emblemáticos como Koriun Inversiones y El Mascarillazo.

Según Johel Zelaya, durante su gestión en el Ministerio Público enfrentó “fuertes presiones políticas” encaminadas a favorecer al gerente de Koriun Inversiones, Iván Velásquez, sin que estas lograran desviar el rumbo de la justicia, un hecho que, a su juicio, evidencia los riesgos que enfrenta hoy la autonomía de los poderes del Estado.

En las semanas previas, el Congreso Nacional vivió un proceso inusual como es el juicio político contra el fiscal general y los cambios en la presidencia del Poder Judicial, mismos que han sido justificados por el presidente del Congreso, Tomás Zambrano, como herramientas para “frenar una grave distorsión de la justicia”.

Sobre el mensaje del presidente del legislativo por redes sociales, Johel Zelaya mediante su cuenta de X afirmó que “el caso Koriun fue investigado y presentado ante los tribunales durante mi administración, pero también durante mi periodo al frente del Ministerio Público fue donde hubo presiones hasta políticas que buscaban modificar medidas a favor del imputado Iván Velásquez, pero nunca se permitió que se torciera el rumbo de la justicia”.

Detalló que esos intentos buscaban incidir de manera directa en decisiones procesales, lo cual representaba, a su entender, una amenaza profunda a la independencia judicial.

Koriun Inversiones operó bajo un esquema que, según investigaciones del Ministerio Público, presentaba características de un modelo piramidal o esquema Ponzi. Al menos 35 mil personas resultaron afectadas, según confirmó el Ministerio Público a raíz de investigaciones intensificadas tras varias denuncias ciudadanas. Durante una serie de allanamientos ejecutados a finales de abril de 2025, las autoridades incautaron 358 millones de lempiras en efectivo, localizados en siete sedes de la empresa y en la vivienda del gerente Ivan Velásquez, de acuerdo con registros oficiales.

Las irregularidades salieron a la luz tras las alertas presentadas por ciudadanos afectados, que señalaron incumplimientos en los pagos previstos por la empresa.

Este escenario se enmarca en una coyuntura política y judicial marcada por la polémica. Tras la salida de Zelaya del Ministerio Público, comenzaron a registrarse modificaciones en medidas judiciales en casos sensibles, incluido el de Koriun. El propio Zelaya consideró que este giro en la dinámica institucional “merece ser analizado con detenimiento”, pues ciertas decisiones recientes podrían entenderse como parte de una ruta que debilita la independencia de las instituciones y afecta la confianza ciudadana.

Al referirse al caso conocido como El Mascarillazo, Zelaya manifestó sorpresa por la ausencia de pronunciamientos tras la absolución de uno de los acusados. Se preguntó: “¿Por qué no se pronunciaron ante lo ocurrido en ese caso, donde pese a las evidencias, la Sala Penal terminó absolviendo?”.

La crítica del exfiscal no se limita a la naturaleza de las resoluciones, sino también a su instrumentalización política. Sostuvo que el caso Koriun se utiliza como ejemplo de aparente avance en la justicia hondureña, mientras que otros fallos relevantes, como el de El Mascarillazo, quedan relegados.

El 26 de marzo de 2026, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia en Honduras absolvió al excontador de INVEST-H, Carlos Luis Guevara, quien había sido previamente condenado a cinco años de prisión por el caso conocido como “El Mascarillazo”, un fraude millonario relacionado con la compra de 474 mil mascarillas KN95 por un monto superior a 39 millones de lempiras.

Las investigaciones del Ministerio Público indicaron que el 95% del pago hecho a una empresa intermediaria terminó transferido a Grupo G y T, propiedad de Juan José Lagos, esposo de la exdiputada Waleska Zelaya, quien fue señalado como principal beneficiario económico de la operación.

En la trama identificada por el Ministerio Público, funcionarios de INVEST-H simularon procesos legales para justificar la compra irregular de mascarillas de uso no médico dirigidas al sector sanitario, beneficiando a la mencionada empresa privada.

En 2023, Marco Bográn, exdirector de INVEST-H, fue sentenciado a seis años de prisión por su implicación en los mismos hechos.

Según Zelaya, hay una intención deliberada de usar determinados expedientes para proyectar una imagen de transformación institucional, separada de un análisis profundo sobre transparencia y rendición de cuenta

Zelaya advirtió sobre el riesgo de concentrar el poder y sus efectos sobre el papel del sistema judicial. Sostuvo: “Las decisiones adoptadas recientemente no pueden interpretarse como actos aislados, sino como parte de una ruta preocupante que debilita la independencia de las instituciones y socava la confianza de la ciudadanía”. Para él, el ejercicio del poder sin límites deja de responder al bien común y queda supeditado a intereses particulares.

El exfiscal utilizó la memoria histórica como argumento para subrayar la importancia de la vigilancia ciudadana. Afirmó que “la historia nos ha demostrado que ningún intento de control absoluto permanece impune ante la voluntad popular”, agregando que “el juicio más severo no proviene de las estructuras de poder, sino de la ciudadanía expresada en las urnas”.

Concluyó enfatizando que “la historia, aunque algunos quieran escribirla a su conveniencia, siempre termina poniendo cada cosa en su lugar”.

Mientras tanto, sectores de sociedad civil consideran esenciales los recientes cambios institucionales para corregir anomalías antiguas, voces como la del exfiscal general insisten en el riesgo de retroceso para el estado de derecho.