
En El Salvador, 50 edificios con daños graves en San Salvador siguen habitados pese a haber sido declarados inoperables o inhabitables. La mayoría fue afectada por terremotos de 1986 y 2001, y sus residentes permanecen allí por falta de recursos y de alternativas habitacionales.
Registros de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss) indican que la mayoría de estas construcciones está marcada con bandera roja, una clasificación que señala que no son aptas para vivienda y que representan peligro para quienes las ocupan.
Pese a esas advertencias, grupos familiares continúan en esos inmuebles, conscientes del riesgo ante un posible sismo. La falta de recursos económicos y la ausencia de proyectos habitacionales de bienestar social los obligan a quedarse.
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Daños acumulados por los terremotos

La mayor parte de los daños se originó en el terremoto de magnitud 7,5 que afectó a El Salvador en octubre de 1986, un evento que dejó 1.530 víctimas fatales. El deterioro de los edificios se agravó tras los terremotos de 7,7 y 6,6 registrados en enero y febrero de 2001, que provocaron cerca de 1.000 muertes adicionales.
Entre los inmuebles afectados están los condominios Regis y el residencial Modelo, ambos con más de 40 años de antigüedad y ubicados en barrios de alta densidad poblacional de San Salvador.
La situación de las familias que siguen allí
Maritza, una residente de los condominios Regis, contó su experiencia a EFE. Lleva 25 años viviendo en ese complejo, donde crió a sus tres hijos. Ante la precariedad, modificó su apartamento para habilitar una salida de emergencia y usa uno de los cuartos como un pequeño negocio en el que ofrece productos básicos a sus vecinos.
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Maritza dijo que no contempla mudarse porque no cuenta con los recursos necesarios ni con familiares que puedan ayudarla. “Estos edificios están con bandera roja, pero yo soy pobrecita y no tengo a nadie”, expresó.

Algunos apartamentos en esos condominios fueron abandonados por sus propietarios a causa de los daños, lo que permitió que otras personas los ocuparan sin pagar alquiler. Maritza, en cambio, paga 50 dólares mensuales por su vivienda y teme que ocurra una tragedia. “Con solo ver lo que pasó allá ya me da miedo, si llegara a pasar aquí yo no lo soportaría”, confesó.
Falta de acceso a vivienda
En El Salvador hay un aumento de proyectos habitacionales verticales, en especial en áreas exclusivas del país y a precios elevados, fuera del alcance de familias de bajos recursos como la de Maritza.
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El arquitecto Manuel Peña explicó que, aunque crecen este tipo de construcciones, no representan una solución para la mayoría de la población. Según señaló, la permanencia de familias en edificios declarados inhabitables responde al acceso restringido a nuevas viviendas, sobre todo para sectores de clase media y baja que no califican para financiamiento de vivienda nueva o construcción.

Peña advirtió sobre el riesgo latente en los condominios con daños estructurales, ya que pueden colapsar en cualquier momento, no solo por el desfasaje en los estándares de diseño antisísmico, sino también por el desgaste de los materiales y el deterioro general de las ciudades.
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