La denuncia de presuntas irregularidades en la administración de más de 90 millones de lempiras asignados al programa Hermano, hermana, vuelve a casa ha reactivado el debate sobre la transparencia en el uso de fondos públicos destinados a migrantes retornados en Honduras, una nación donde la migración forzada representa uno de los fenómenos sociales más complejos y urgentes.
Itsmania Platero indicó que 98.25% de los recursos no cuenta con trazabilidad verificable y que solo una minoría de los beneficiarios habría recibido apoyo económico puntual, el cual rondó los mil dólares por persona e incluyó materiales básicos para emprendimientos, conforme a los resultados de un monitoreo independiente citado por la activista.
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Según Platero, esta situación representa una falla administrativa y una vulneración directa a los derechos de quienes regresan al país en condiciones de precariedad extrema.
De acuerdo con los datos proporcionados por Platero, la entrega de recursos del programa se caracterizó por una cobertura mínima. Señaló que la mayoría de los hondureños beneficiarios no pudo acreditar la recepción de fondos y denunció que “apenas un pequeño porcentaje” pudo acceder a los montos prometidos.
El destino del restante 98.25% del dinero permanece sin comprobación efectiva, lo que aumenta las dudas sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión estatal.
Por este motivo, la defensora hizo un llamado explícito al Ministerio Público para la realización de una auditoría urgente que, a su juicio, debe incluir la identificación de responsables y la adopción de medidas correctivas que garanticen la transparencia futura.
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La relevancia humana del caso se evidencia en las consecuencias que plantea la defensora muchas familias migrantes enfrentan deserción escolar y dificultades para emprender actividades productivas; otros padecen situaciones de riesgo al regresar al país.
Platero denunciò además que al menos 25 personas han sido asesinadas tras su retorno, lo que ilustra los desafíos de seguridad vinculados a la migración y el retorno forzado en Honduras.
La denuncia pública de Platero evidencia que un monto superior a 90 millones de lempiras asignados al programa de ayuda a migrantes retornados muestra, según el monitoreo independiente citado, una grave falta de trazabilidad, y que solo una minoría de beneficiarios habría recibido apoyos concretos.
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Esto derivó en la solicitud de una auditoría oficial y en la exposición de supuestas deficiencias sistémicas en la gestión estatal de recursos para poblaciones vulnerables.
El exdirector del Instituto Nacional de Migración, Wilson Paz, rechazó las acusaciones y defendió la legalidad y eficacia del programa. Paz sostuvo al medio fuente que la entrega de fondos se efectuó directamente en efectivo a unos 37.000 migrantes retornados, quienes firmaban constancias de recepción como medida de control.
En su opinión, la existencia de documentación respaldatoria y el esquema adoptado de entrega directa representan pruebas de una gestión conforme a la normativa, evitando intermediaciones y facilitando la llegada de recursos.
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Paz vinculó la denuncia de Platero a posibles intereses políticos y calificó sus afirmaciones como carentes de fundamento. Advirtió que, si tales declaraciones continuaran sin pruebas, correspondería tomar acciones legales, incluida una demanda por difamación.
Además, el exdirector ofreció una cifra global: durante el último año, aproximadamente 43.000 hondureños retornaron al país y cerca de 37.000 habrían recibido algún tipo de apoyo económico, según el registro oficial.
El programa Hermano, hermana, vuelve a casa fue lanzado como política prioritaria bajo el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro. La iniciativa original preveía la entrega de un bono económico de unos 100 dólares (2.630 lempiras) por persona beneficiaria, además de capacitación, asesoría para emprendimientos y acceso a recursos sociales. El objetivo era articular una respuesta integral que facilitara la reintegración social y económica de los migrantes retornados.
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