Una extradición desde Argentina impulsada por Guillermo Lasso podría resolver un caso de corrupción en Ecuador

El expresidente Guillermo Lasso celebró que la Corte Suprema de la Argentina haya autorizado la extradición de Hernán Luque Lecaro y cuestionó la intención de algunos sectores de intentar vincularlo con el llamado caso Encuentro. El ex jefe de Estado aseguró que fue él quien impulsó la entrega de Luque Lecaro, prófugo por esa investigación y a quien expulsó de su propio gobierno apenas se conocieron las primeras sospechas en su contra.

Lasso, en diálogo con Ecuavisa desde su oficina en Quito, recordó que habló con la ministra de Seguridad argentina en 2024 -la actual senadora Patricia Bullrich- y le pidió ayuda para detenerlo para su posterior extradición. El ex ministro fue apresado en Buenos Aires por Interpol en febrero de 2024.

“Yo he hablado hasta ayer con Patricia Bullrich sobre el tema y ella me ha explicado exactamente el punto en el que se encuentra”, indicó el ex presidente este jueves. “Lo único que puedo decir es que Luque Lecaro estará por el Ecuador muy pronto, muy pronto, y que vaya ante la justicia y pague por sus delitos”, subrayó.

La exfiscal general y actual embajadora en Buenos Aires, Diana Salazar, permaneció informada de las gestiones y habría facilitado información pública disponible en ese momento.

Luque Lecaro fue el titular de la empresa coordinadora de empresas públicas en su gobierno y, según la Fiscalía, fue parte de una estructura que buscaba réditos económicos desde sus cargos en el sector público.

Precisamente por esa designación, el oficialismo no descarta convocar a Lasso a la Comisión de Fiscalización, que hoy anunció que inicia una investigación sobre los actos de corrupción en EMCO. “Yo no voy a ir a una comisión de un patucho traidor como Ferdinan Álvarez, que estuvo con (Rafael) Correa y que ahora está con (Daniel) Noboa. ¿Y qué voy a ir? Pues eso es un show político, ¿no?“, indicó el expresidente.

La Superintendencia de Bancos y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) anunciaron acciones de control sobre cuentas en el Banco de Guayaquil vinculadas al caso Encuentro de exfuncionarios del gobierno de Lasso. Esa entidad bancaria ya anunció que responderá a todos los requerimientos. “Este banco ha sido, y será siempre una institución que cumple sus obligaciones a tiempo, paga sus impuestos, honra sus obligaciones laborales y respeta la ley. Sin excepciones”, señaló en un comunicado.

“El banco responderá ese requerimiento, tal como ha respondido siemper a los pedidos de toda autoridad competente”, añadió.

Lasso tomó nota de lo que consideró una maniobra por parte de algunos sectores del oficialismo: “Escribe un oficio dirigido al presidente ejecutivo del Banco de Guayaquil, pero se lo entrega primero a ciertos medios de comunicación y después al banco. ¿Qué hay en eso? ¿Qué hay en eso? Obviamente, es una pena decirlo, pero el Superintendente de Bancos no merece el cargo“.

“Es evidente que hay una persecución contra mí”, remarcó. “El propósito es amedrentarme, asustarme y (que) pueden suceder cosas aún más graves para mí, como el intento de querer inventar un delito, inventarlo, para meterme en la cárcel. Pero no tengo ningún problema en enfrentarlos. No tengo ningún problema. Están perdiendo el tiempo conmigo”, enfatizó el ex jefe de Estado.

El “caso Encuentro”

Luque Lecaro, expresidente de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) de Ecuador, permanece bajo orden de prisión desde el 24 de noviembre de 2023 y fue detenido en Argentina el 8 de febrero de 2024. La Corte Suprema de Justicia de ese país autorizó su extradición a Ecuador el 30 de abril pasado, aunque la última palabra la tendrá el presidente argentino Javier Milei, quien debe firmar la resolución final.

En el denominado caso “caso Encuentro” se investiga una supuesta red de delincuencia organizada acusada de manipular los contratos del sector eléctrico. El expediente incluye, además, al menos otros siete procesados. Entre las revelaciones destacadas de la investigación, la Fiscalía ecuatoriana sostiene que el grupo tenía capacidad para “interferir en instituciones públicas como CNEL EP, BanEcuador y el Servicio Nacional de Aduanas”. Este alcance institucional se sustenta en la filtración de audios difundida por un medio digital, en la que, según el expediente, se escuchan conversaciones sobre pagos por nombramientos y contratos estatales.

En una de esas grabaciones atribuidas a Luque, llega a mencionarse la cifra: “preferiría que me des USD 150.000 mensuales”, mientras en otra intervención se alude a la apertura de cuentas en Andorra. Estos elementos conforman la base de la acusación por parte de la Fiscalía.

Luque ejerció como delegado de la Presidencia de la República ante el Directorio de la EMCO desde julio de 2021 hasta noviembre de 2022, con facultades para presidir el directorio y designar a los gerentes de las empresas públicas bajo la órbita del Ejecutivo. Su nombramiento fue formalizado mediante decreto ejecutivo firmado por el presidente Lasso. Según documentación presentada a la Contraloría, durante su gestión experimentó una reducción patrimonial superior a USD 339.000, pasando de un saldo declarado de más de USD 580.000 en julio de 2021 a un total de apenas USD 127.754 al terminar su mandato, cifra que incluía únicamente USD 56,54 repartidos en dos cuentas bancarias y la pérdida tanto de oficina como de vivienda.

Más allá de la función pública, el perfil profesional de Luque muestra experiencia como administrador de siete empresas, incluyendo la Bolsa de Valores de Guayaquil. En el sector bancario, fue vicepresidente de Negocios del Banco Amazonas y ocupó cargos directivos en el Banco de Guayaquil. Hasta enero de 2023 figuró en la Superintendencia de Compañías como gerente general de GRC del Ecuador, sociedad actualmente en disolución, además de contar con participación accionaria en Creditline y la propia GRC.

La apertura de la investigación conocida como “caso Encuentro” surgió a raíz de la publicación de estos audios, que permitieron a la Fiscalía ecuatoriana perfilar la presunta existencia de una estructura delictiva dedicada al control ilegal de contrataciones públicas en el sector eléctrico.

El proceso judicial contra Luque ha atravesado varias instancias en Argentina. El 16 de mayo de 2024, la jueza Eugenia Capuchetti del Juzgado Criminal y Correccional Federal 5 de Buenos Aires dio su aprobación inicial a la extradición, decisión que fue apelada y posteriormente revisada por la Corte Suprema, que dictaminó la autorización en abril de 2026.

De acuerdo con los registros patrimoniales presentados a la Contraloría, el declive financiero de Luque es uno de los datos que más llaman la atención en el expediente: la reducción fue de más de USD 339.000 entre el inicio y el final de su periodo como funcionario público, quedando su saldo final casi en cero según lo declarado oficialmente.

Extradición

Al conocerse la extradición del ex funcionario gubernamental, Lasso celebró la decisión de la máxima autoridad judicial argentina: “Ya era hora de que Hernán Luque Lecaro enfrente a la justicia ecuatoriana”, dijo.

“En su momento, llamé a Patricia Bullrich, entonces Ministra de Seguridad de la Nación Argentina, para exponerle el caso y solicitar su intervención para lograr la extradición. La Fiscal General, Diana Salazar, estuvo informada de esa gestión y facilitó la información pública disponible en ese momento. Tras un proceso judicial prolongado, la Corte Suprema de Argentina ha autorizado la extradición. La justicia puede tardar, pero no debe detenerse”.

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