
El sistema hospitalario de Honduras enfrenta una acumulación sin precedentes en la atención de cirugías programadas, con alrededor de 20,000 pacientes a la espera de ser operados a causa de la falta de insumos, equipos y personal insuficiente en los hospitales públicos y del seguro social.
Esta situación, considerada de emergencia, podría comenzar a resolverse mediante un ambicioso plan que utilizará la capacidad de al menos 20 hospitales privados, según informaron las autoridades de Salud.
En una entrevista difundida este lunes, el viceministro de Salud, José Miguel Castillo, explicó que existen entre 16,000 y 20,000 hondureños que acumulan más de 90 días en lista de espera para una intervención quirúrgica.
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De ellos alrededor de 6,500 corresponden a derechohabientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), de acuerdo a datos oficiales citados por medios locales. Dentro de ese grupo, 2,500 afiliados aguardan en el Hospital de Especialidades de Tegucigalpa y 4,000 en el Hospital Regional de San Pedro Sula, según información proporcionada por el propio IHSS.

La mora quirúrgica es descrita por Castillo como un fenómeno “multifactorial”. El funcionario explicó: “Recordemos que venimos de pandemia. Los quirófanos para las cirugías electivas estuvieron cerrados, a eso se abona el detrimento del sistema de salud”. Por tanto, la falta de insumos y equipos en los hospitales de la red nacional se suma a los efectos de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, profundizando la brecha de atención que se arrastra.
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Entre las medidas para abordar esta emergencia, el viceministro de Salud confirmó que se está creando una base de datos nacional que permitirá identificar con precisión cuántos pacientes y casos existen en cada hospital.
- “Se le pidió a cada uno de los hospitales los documentos de los listados de mora quirúrgica. Estamos apostando a poderlos operar en el sistema privado, en la medida que vamos fortaleciendo el sistema público para que no nos vuelva a ocurrir esta situación”, manifestó el funcionario, a unaemisora local.

En una declaración específica al presentar el plan de contingencia, Castillo precisó: “Esta iniciativa tiene como principio no generar monopolio. El 100% de los hospitales privados que tengan su licencia en orden y que estén técnicamente habilitados con el reglamento nacional de los establecimientos de salud podrán operar a los pacientes”.
Para ejecutar este programa, la lista de espera será enviada al banco que administre el fideicomiso, mientras que un comité quirúrgico evaluará cada expediente a ser derivado al sector privado. Se tratará exclusivamente de cirugías electivas programadas de bajo riesgo, y los pacientes irán siendo contactados por medio de un call center centralizado, que dará seguimiento a la evolución de cada proceso, detalló el viceministro.
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El impacto de la escasez en el IHSS: clínicas detenidas y equipos fuera de servicio
El director ejecutivo del IHSS, Víctor Martínez, advirtió que la crisis dentro de la institución se ha profundizado en los últimos meses debido a la “falta de materiales médicos quirúrgicos”, lo cual ha impedido agendar inclusive operaciones previamente planificadas, en declaraciones recogidas por medios de Honduras.
Martínez explicó que “parte del problema se agrava porque varios contratos de mantenimiento de equipos médicos están vencidos, lo que ha provocado que algunos aparatos no puedan utilizarse, pese a que fueron adquiridos en administraciones anteriores”.

Frente a este panorama, Martínez insistió en la urgencia de que el Congreso Nacional apruebe un decreto de emergencia para el IHSS, con el fin de agilizar la compra de insumos, medicamentos y la contratación de servicios de mantenimiento. El retraso en la atención afecta de manera desigual a los diferentes niveles de complejidad hospitalaria y limita la continuidad de tratamientos para pacientes con enfermedades crónicas, en una situación cuya dimensión total aún está en proceso de ser esclarecida por las autoridades de Salud.
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Las autoridades han activado mecanismos legales y logísticos a nivel nacional para redirigir temporalmente la demanda excedente al sistema privado, como parte de una respuesta coordinada para reducir la sobrecarga del sector público.
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