Nueve de cada diez mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica pertenecen al pueblo miskitu, y la gran mayoría llegó huyendo del despojo de tierras, la represión política o los efectos de huracanes en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. Solo el 2 % de ellas tiene hoy un empleo formal en el país de acogida.
Ese dato ilustra la magnitud del problema. El desplazamiento forzado de estas mujeres —intensificado desde 2018 y con un repunte entre 2024 y 2025— no termina con la llegada a Costa Rica: continúa como exclusión laboral, barreras idiomáticas, discriminación institucional y violencia doméstica. El 38 % no trabaja; el resto sobrevive en la informalidad.
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El último informe ¨“Mujeres Indígenas Nicaragüenses desplazadas en Costa Rica, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y la Asociación Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) retrata la falta de derecho y la exclusión que sufren como extranjeras e indígenas.
De dónde vienen y dónde se instalan
Las mujeres provienen especialmente de Bilwi (64 %) y Waspán (27 %), dos municipios del Caribe Norte nicaragüense. Además de las miskitu, el mapeo identifica presencia de mujeres mayagnas, ulwas y afrodescendientes.
En San José se concentra la mayor parte de la población desplazada. Pavas alberga al 42.7 % de los hogares; Alajuelita, al 28.3 %; La Carpio, al 23 %; y Purral, al 15 %.
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El hogar tipo está compuesto por 4.56 personas. En el 65 % de los casos hay menores de edad y el 40 % de los hogares tiene jefatura femenina.
El 60.4 % de las mujeres cuenta únicamente con el carné de solicitante de refugio y permiso de trabajo. Un 14.6 % ha obtenido refugio, espera resolución o logró residencia. El 4.9 % permanece sin ningún documento.
La irregularidad migratoria funciona como un cerrojo: sin papeles completos, el acceso al empleo formal está vedado, lo que empuja a la informalidad o a la dependencia económica total de la pareja. El 69 % de los ingresos familiares proviene del trabajo del compañero.
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La vivienda refleja esa precariedad: el 48 % habita en asentamientos sin acceso garantizado a servicios básicos y el 28 % vive en cuartos alquilados.
Educación y salud: dos derechos fuera de alcance
El 91 % de las mujeres adultas no estudia. Las razones se superponen: falta de recursos económicos (28 %), ausencia de documentación (17 %), barrera idiomática (11 %) y necesidad de trabajar (10 %). Prácticamente no existe validación de estudios realizados en Nicaragua.
Los menores acceden con mayor facilidad al sistema educativo costarricense, aunque el 27 % enfrenta problemas de documentación y otro 27 % carece de recursos suficientes.
En salud, solo el 30 % logró atención médica en los últimos seis meses. Los obstáculos predominantes son económicos (28 %), idiomáticos (23 %) y documentales (20 %). Más del 90 % nunca ha recibido atención psicológica, a pesar de los antecedentes de violencia que muchas arrastran desde Nicaragua.
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Violencia que no cesa al cruzar la frontera
Las formas de violencia que estas mujeres afrontan son numerosas y frecuentemente se solapan. El 41 % reconoció violencia verbal; el 40 %, económica; el 39 %, física; el 36 %, sexual, y el 38 % identificó haber sido víctima de chantaje sexual. En todos los casos, el principal agresor señalado es el esposo o compañero actual.
El 40 % tuvo su primera unión antes de los 18 años y el 41 % su primer embarazo en la adolescencia. Muchas solo identifican la violencia tras el proceso de entrevista, al recibir categorías concretas para nombrarla.
La violencia también proviene de instituciones. El 43 % de las entrevistadas reportó que les negaron información en servicios públicos (EBAIS, IMAS, Migración, ACNUR); el 39 % señaló negación de atención por su condición indígena, y el 38 % se sintió estigmatizada o culpabilizada, sobre todo en el sector salud.
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Las propuestas vienen de ellas mismas
Frente a este panorama, las mujeres desplazadas no se limitan a describir su situación: formulan propuestas concretas. Solicitan apoyo para emprendimientos productivos —venta de alimentos, costura, artesanías, belleza— mediante acceso a microcréditos y acompañamiento técnico.
Exigen la validación de estudios nicaragüenses a través de acuerdos educativos que no demanden la documentación completa y cursos técnicos adaptados a su lengua y cultura.
Además, piden capacitación en derechos migratorios, de salud y educación, junto con procesos de organización colectiva y talleres de prevención de violencia.
La sensibilización de funcionarios públicos para reducir la discriminación institucional aparece como una prioridad transversal en todos los testimonios.
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