La migración forzada de mujeres indígenas nicaragüenses limita su integración y derechos en Costa Rica

Un análisis muestra que nueve de cada diez mujeres desplazadas por conflictos y desastres permanecen en la informalidad, tienen acceso restringido a salud y educación y experimentan violencia en el entorno familiar e institucional

Representación visual de mujeres indígenas, posiblemente miskitas, con niños en un campamento, junto a infografías sobre su situación de desplazamiento en Costa Rica.
Mujeres indígenas miskitas, en su mayoría nicaragüenses desplazadas en Costa Rica, enfrentan graves barreras para acceder a empleo formal, salud y educación, reflejando una profunda exclusión social. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Nueve de cada diez mujeres indígenas nicaragüenses desplazadas en Costa Rica pertenecen al pueblo miskitu, y la gran mayoría llegó huyendo del despojo de tierras, la represión política o los efectos de huracanes en la Región Autónoma del Caribe Norte de Nicaragua. Solo el 2 % de ellas tiene hoy un empleo formal en el país de acogida.

Ese dato ilustra la magnitud del problema. El desplazamiento forzado de estas mujeres —intensificado desde 2018 y con un repunte entre 2024 y 2025— no termina con la llegada a Costa Rica: continúa como exclusión laboral, barreras idiomáticas, discriminación institucional y violencia doméstica. El 38 % no trabaja; el resto sobrevive en la informalidad.

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El último informe ¨“Mujeres Indígenas Nicaragüenses desplazadas en Costa Rica, del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (CISAS) y la Asociación Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (CETCAM) retrata la falta de derecho y la exclusión que sufren como extranjeras e indígenas.

De dónde vienen y dónde se instalan

Las mujeres provienen especialmente de Bilwi (64 %) y Waspán (27 %), dos municipios del Caribe Norte nicaragüense. Además de las miskitu, el mapeo identifica presencia de mujeres mayagnas, ulwas y afrodescendientes.

Tres mujeres indígenas sentadas en una acera de la Avenida Central en San José, Costa Rica, con vestimenta tradicional, mientras un hombre y una mujer caminan detrás.
Tres mujeres indígenas se sientan en una acera de San José, Costa Rica, mientras transeúntes de clase media pasan y las observan, simbolizando las marcadas diferencias sociales en la capital. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En San José se concentra la mayor parte de la población desplazada. Pavas alberga al 42.7 % de los hogares; Alajuelita, al 28.3 %; La Carpio, al 23 %; y Purral, al 15 %.

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El hogar tipo está compuesto por 4.56 personas. En el 65 % de los casos hay menores de edad y el 40 % de los hogares tiene jefatura femenina.

El 60.4 % de las mujeres cuenta únicamente con el carné de solicitante de refugio y permiso de trabajo. Un 14.6 % ha obtenido refugio, espera resolución o logró residencia. El 4.9 % permanece sin ningún documento.

La irregularidad migratoria funciona como un cerrojo: sin papeles completos, el acceso al empleo formal está vedado, lo que empuja a la informalidad o a la dependencia económica total de la pareja. El 69 % de los ingresos familiares proviene del trabajo del compañero.

La vivienda refleja esa precariedad: el 48 % habita en asentamientos sin acceso garantizado a servicios básicos y el 28 % vive en cuartos alquilados.

Educación y salud: dos derechos fuera de alcance

El 91 % de las mujeres adultas no estudia. Las razones se superponen: falta de recursos económicos (28 %), ausencia de documentación (17 %), barrera idiomática (11 %) y necesidad de trabajar (10 %). Prácticamente no existe validación de estudios realizados en Nicaragua.

La irregularidad migratoria funciona como un cerrojo: sin papeles completos, el acceso al empleo formal está vedado, lo que empuja a la informalidad o a la dependencia económica total de la pareja.
La irregularidad migratoria funciona como un cerrojo: sin papeles completos, el acceso al empleo formal está vedado, lo que empuja a la informalidad o a la dependencia económica total de la pareja.

Los menores acceden con mayor facilidad al sistema educativo costarricense, aunque el 27 % enfrenta problemas de documentación y otro 27 % carece de recursos suficientes.

En salud, solo el 30 % logró atención médica en los últimos seis meses. Los obstáculos predominantes son económicos (28 %), idiomáticos (23 %) y documentales (20 %). Más del 90 % nunca ha recibido atención psicológica, a pesar de los antecedentes de violencia que muchas arrastran desde Nicaragua.

Violencia que no cesa al cruzar la frontera

Las formas de violencia que estas mujeres afrontan son numerosas y frecuentemente se solapan. El 41 % reconoció violencia verbal; el 40 %, económica; el 39 %, física; el 36 %, sexual, y el 38 % identificó haber sido víctima de chantaje sexual. En todos los casos, el principal agresor señalado es el esposo o compañero actual.

El 40 % tuvo su primera unión antes de los 18 años y el 41 % su primer embarazo en la adolescencia. Muchas solo identifican la violencia tras el proceso de entrevista, al recibir categorías concretas para nombrarla.

Una mujer sentada en una mesa de madera cuenta monedas, con dos niños de platos vacíos a su lado. Un hombre preocupado de pie al fondo, con una bandera de Nicaragua en la pared.
El 40 % tuvo su primera unión antes de los 18 años y el 41 % su primer embarazo en la adolescencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La violencia también proviene de instituciones. El 43 % de las entrevistadas reportó que les negaron información en servicios públicos (EBAIS, IMAS, Migración, ACNUR); el 39 % señaló negación de atención por su condición indígena, y el 38 % se sintió estigmatizada o culpabilizada, sobre todo en el sector salud.

Las propuestas vienen de ellas mismas

Frente a este panorama, las mujeres desplazadas no se limitan a describir su situación: formulan propuestas concretas. Solicitan apoyo para emprendimientos productivos —venta de alimentos, costura, artesanías, belleza— mediante acceso a microcréditos y acompañamiento técnico.

En salud, solo el 30 % logró atención médica en los últimos seis meses. Los obstáculos predominantes son económicos (28 %), idiomáticos (23 %) y documentales (20 %).
En salud, solo el 30 % logró atención médica en los últimos seis meses. Los obstáculos predominantes son económicos (28 %), idiomáticos (23 %) y documentales (20 %).

Exigen la validación de estudios nicaragüenses a través de acuerdos educativos que no demanden la documentación completa y cursos técnicos adaptados a su lengua y cultura.

Además, piden capacitación en derechos migratorios, de salud y educación, junto con procesos de organización colectiva y talleres de prevención de violencia.

La sensibilización de funcionarios públicos para reducir la discriminación institucional aparece como una prioridad transversal en todos los testimonios.

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