Honduras permanece bajo una alta restricción a la libertad de prensa, según la sexta edición del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa de las Américas, impulsado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Esto implica que el país centroamericano aún enfrenta condiciones críticas para el ejercicio periodístico y el acceso pleno a la información, mientras la impunidad y la vulnerabilidad de los comunicadores continúan marcando el panorama nacional. El informe, publicado por la SIP este martes, posiciona a Honduras en el lugar 16 de los 23 estados analizados durante el periodo que va del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.
El Índice Chapultepec adjudica a Honduras una puntuación de 35,64 sobre 100, la más baja para el país desde la creación del barómetro. Este resultado representa un retroceso de 4,21 puntos respecto al año anterior, consolidando una tendencia descendente iniciada en 2023.
De acuerdo con la SIP, la nación hondureña mantiene su calificación de “alta restricción”, lo que traduce una degradación sostenida en indicadores clave como la protección a periodistas, la independencia de los medios y la actuación de instituciones públicas.
El estudio muestra una correlación directa entre el deterioro del ambiente para la prensa y el contexto político reciente. La SIP indica que la caída coincide con la administración de la presidenta Xiomara Castro, cuyo mandato se extendió entre el 27 de enero de 2022 y el 27 de enero de 2025.
Durante ese periodo se documentaron tensiones políticas y una prolongada crisis institucional en el Congreso Nacional que impactaron negativamente el clima democrático y la vigencia de las libertades fundamentales.
El documento atribuye al Poder Ejecutivo el papel central en la generación de obstáculos para la libertad de expresión, señala una influencia “moderada” de sus acciones y discursos en el deterioro del entorno periodístico y subraya la incidencia del Congreso Nacional como actor que agrava las tensiones del sector.
Uno de los indicadores con peores registros corresponde a la respuesta estatal ante la violencia contra periodistas y medios. Honduras obtuvo solo 8,53 puntos de un máximo posible de 40 en este ámbito, una cifra que, según la SIP, evidencia la debilidad de los sistemas de protección, investigación y sanción de ataques contra comunicadores. El informe lo expone claramente: “La ausencia de respuestas efectivas ante las agresiones genera vulnerabilidad y un efecto inhibidor sobre los periodistas, promoviendo la autocensura”.
Durante el periodo analizado, se documentaron 64 incidentes de violencia o intimidación contra periodistas entre el 1 de enero y el 4 de junio del año anterior. Estos casos incluyen amenazas, hostigamientos en redes sociales, impedimentos de acceso a la información pública y obstáculos en coberturas.
Destacan dos hechos: el asesinato de Juan López en diciembre de 2024 y el de Javier Antonio Hércules Salinas en junio de 2025. El caso de Hércules Salinas resulta especialmente grave para la SIP, ya que el periodista estaba bajo un mecanismo estatal de protección que no evitó el ataque; el informe considera este hecho como “una señal de la ineficacia de las medidas oficiales” para proteger a periodistas en riesgo.
También se consigna la denuncia del gremio de periodistas del departamento de Colón, que en enero de 2025 alertó sobre la vinculación falsa de varios comunicadores locales con grupos criminales, hecho que incrementó las amenazas y la exposición.
En el mismo periodo, altos mandos militares tildaron a periodistas de “sicarios de la verdad” y los acusaron de supuestos nexos con el crimen organizado. Para la SIP, estos discursos son “peligrosos” por su capacidad de legitimar actos de violencia y fomentar la estigmatización pública. La organización solicita que funcionarios y autoridades eliminen estas declaraciones y promuevan el respeto al trabajo informativo.
La categoría “Ciudadanía Informada y Libre de Expresarse” asigna a Honduras 11,33 puntos sobre 30, lo que indica barreras significativas para que la población acceda a información plural, participe en debates públicos o ejerza su derecho a expresarse sin represalias.
En cuanto a “Control de Medios y Periodismo”, el país alcanza 15,78 puntos de 30. Aunque este valor supera el promedio central del índice, sigue reflejando desafíos importantes relativos a la independencia editorial, pluralidad mediática y condiciones para el ejercicio profesional periodístic
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