El régimen de Nicaragua sostiene una red transnacional de vigilancia destinada a controlar e intimidar a opositores en el exilio, lo que impacta a “cientos de miles” de personas, según advirtió el Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU.
Un informe presentado este martes por el grupo indica que existe una arquitectura transnacional de vigilancia e inteligencia diseñada para “monitorear, intimidar y atacar a los cientos de miles de nicaragüenses que viven en el extranjero”.
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Esta estructura, respaldada por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, involucra al ejército, la policía, autoridades migratorias y misiones diplomáticas.
El grupo precisó que la dictadura ha retirado arbitrariamente la nacionalidad a 452 nicaragüenses y ha dejado a miles de exiliados en situación de apatridia de facto al negarles la renovación o emisión de documentos, además de impedir su retorno al país.
Desde 2018, según el informe, fondos públicos han sido utilizados para financiar la represión mediante la creación de una estructura paralela dentro del partido de gobierno.
Jan-Michael Simon, presidente del grupo de expertos, expresó que “la represión y la corrupción institucional se han convertido en el método de gobierno en Nicaragua”.
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“La persecución política es financiada por el Estado, ejecutada a través de sus instituciones y se extiende más allá de las fronteras para garantizar que nadie —absolutamente nadie— se interponga en el camino del régimen”, añadió.
El informe señala que se han documentado al menos una docena de casos de asesinatos o intentos de asesinato contra críticos en el exilio, incluyendo el homicidio en junio de 2025 en Costa Rica de Roberto Samcam, mayor retirado del ejército y crítico del régimen.
Otro integrante del comité, Reed Brody, afirmó que “el mal uso y el desvío de recursos públicos han contribuido directamente a la comisión de graves violaciones de derechos humanos”.
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El Grupo de Expertos es un órgano independiente, bajo mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Fue creado en marzo de 2022 con el objetivo de investigar los abusos ocurridos en Nicaragua desde abril de 2018, cuando el régimen reprimió con violencia las protestas.
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