Secretario de Seguridad en Honduras impulsa reformas legales para combatir extorsión como delito de orden público

El titular de la Secretaría de Defensa, Gerzon Velásquez, comunicó que la iniciativa será enviada al Congreso Nacional, lo que permitirá ampliar la capacidad institucional para responder ante las estructuras criminales. Si las reformas prosperan, las autoridades contarán con herramientas jurídicas más eficaces para la persecución e investigación de organizaciones delictivas, con la meta de disminuir los actuales índices de violencia, uno de los principales desafíos de la administración pública.

Velásquez precisó que las reformas se remitirán, en primer término, a la comisión de seguridad del Congreso Nacional, con la finalidad de proporcionar a la policía y al sistema judicial instrumentos adicionales contra la extorsión.

El funcionario declaró que la propuesta será presentada al Congreso Nacional para robustecer las herramientas legales del Estado en la lucha contra este delito y mejorar la respuesta institucional frente a las estructuras criminales. Los cambios pretenden atender el aumento de la actividad delictiva y coordinar esfuerzos con el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Entre las medidas anunciadas, Velásquez destacó un presupuesto dirigido al sector policial. En 2025, el Estado destinó aproximadamente 1,200 millones de lempiras a alquiler de patrullas y vehículos para las fuerzas de seguridad. Para 2026, el monto será similar, orientado específicamente a operaciones policiales exclusivas, con la finalidad de optimizar el uso de recursos públicos en acciones enfocadas a la seguridad ciudadana.

El ministro explicó que unas 250 camionetas ejecutivas, anteriormente asignadas a funcionarios públicos, pasarán ahora a labores policiales. Este cambio busca reforzar la capacidad operativa de la policía sin incrementar considerablemente el gasto, teniendo en cuenta que el alquiler de una patrulla cuesta alrededor de tres mil lempiras diarios y el de una camioneta blindada puede alcanzar los ocho mil lempiras diarios.

Además, el sector policial percibirá un bono alimenticio correspondiente a los meses de enero y febrero, con una bolsa total de aproximadamente 130 millones de lempiras, beneficiando a casi 24 mil agentes en todo el país. Velásquez señaló que este incentivo mejora las condiciones laborales del cuerpo policial y contribuye al cumplimiento de los objetivos de seguridad pública.

La estrategia para mitigar la violencia contempla el ajuste de la operatividad policial en territorios con mayor presencia delictiva. Velásquez explicó que en los últimos treinta días se reorganizó el servicio policial para concentrar los recursos en zonas caracterizadas por altos índices de criminalidad. “En estos 30 días hemos reorganizado el servicio policial focalizándolo en aquellos territorios que tienen mayor incidencia criminal y estamos muy conscientes de que tenemos una gran responsabilidad de bajar los indicadores de violencia”, afirmó.

Los operativos recientes tuvieron como objetivo principal a Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde se localizaron y desarticularon organizaciones criminales dedicadas al asalto en barrios y colonias. Información recopilada por las autoridades permitió identificar áreas como el Valle de Sula, el Litoral Atlántico de Honduras y zonas del Departamento de Yoro como focos prioritarios, lo que intensificó las acciones de seguridad y prevención en estos territorios.

Velásquez se refirió también al aumento de la violencia contra las mujeres, problemática que inquieta a autoridades y organismos de derechos humanos en Honduras. El ministro informó sobre la creación de una mesa interinstitucional destinada a analizar las causas que alimentan este fenómeno y elaborar estrategias de prevención.

El funcionario reconoció que no todos los homicidios de mujeres son femicidios, pero son igualmente importantes porque han aumentado en los últimos años. Las zonas rurales concentrarán los esfuerzos preventivos, ya que se observa allí el mayor índice de violencia contra las mujeres. “Tenemos que hacer campañas de prevención especialmente en las zonas rurales, que es donde se produce la mayor cantidad de violencia contra las mujeres”, destacó Velásquez