Honduras enfrenta una ola de despidos y advertencias legales tras anulación de contratos heredados del gobierno anterior

La anulación de contratos laborales suscritos en los últimos meses del gobierno de Xiomara Castro ha desencadenado una fuerte controversia en Honduras, al tiempo que abogados y sindicatos advierten sobre posibles demandas masivas que pondrían en jaque las finanzas estatales y el futuro de miles de empleados públicos.

Las críticas más severas provienen del Colegio de Abogados de Honduras, encabezado por Gustavo Solórzano, quien solicitó enérgicamente la anulación de la circular administrativa que dejó sin valor los dictámenes de contratación.

El líder gremial argumentó que la base legal utilizada por el gobierno —el artículo 205 numeral 19 de la Constitución— se aplica a materias fiscales y no al régimen de personal público.

Solórzano aseguró: “La misma debería ser anulada. No creo que se ajuste a derecho; lo único que puede traer son complicaciones jurídicas”, e insistió en que la única vía aceptable sería que Servicio Civil revise y, de ser necesario, anule contratos de manera individual y debidamente justificada.

Las advertencias sobre las consecuencias no se limitan al ámbito gremial. Exfuncionarios de la Administración Nacional de Servicio Civil han manifestado que una anulación masiva de dictámenes podría vulnerar el principio constitucional de estabilidad laboral y los compromisos internacionales suscritos por Honduras.

Además, analistas sostienen que si se producen despidos sin el debido proceso, el Estado podría afrontar miles de demandas laborales, cuyos costos recaerían sobre el erario.

La controversia se originó tras la emisión, el 4 de febrero de 2026, de una circular de la Dirección General de Servicio Civil que dejó sin efecto los dictámenes administrativos que permitieron extender contratos de trabajo más allá del periodo gubernamental anterior, en particular aquellos emitidos bajo la circular 28-2025 el 30 de diciembre de 2025.

Estos dictámenes se aprobaron cuando el país aún no tenía presupuesto ni prórroga formal para 2026, situación que según las autoridades invalidaba cualquier contratación estatal.

Frente a la inquietud que provoca la posibilidad de despidos, Jimena Casasola, directora general de Servicio Civil, explicó que la circular no implica la cancelación automática de los contratos, sino la nulidad de los dictámenes que autorizaron procesos de contratación sin cumplir los requisitos legales.

Casasola detalló: “La ley es clara: toda contratación debe tener respaldo presupuestario debidamente acreditado. Si no existe presupuesto aprobado o prorrogado, no puede extenderse legalmente ningún contrato”. Según la funcionaria, el organismo revisa actualmente más de 150 dictámenes para que sean los titulares de cada Secretaría de Estado quienes decidan caso por caso, conforme a la normativa vigente.

Entre los sectores más cuestionados figura la Secretaría de Salud, donde la designada presidencial María Antonieta Mejía denunció que se otorgaron nombramientos sin respetar la normativa vigente. Mejía sostuvo: “Se saltaron procedimientos y repartieron nombramientos como piñatas”, refiriéndose a contrataciones autorizadas entre agosto de 2025 y enero de 2026.

La funcionaria defendió la medida del Ejecutivo al afirmar que la intención es regularizar la situación y no realizar despidos generalizados. Según Mejía, aunque cada Secretaría puede contratar personal por sí misma, Servicio Civil está facultada para intervenir cuando se detectan anomalías en los procedimientos.

Sindicatos y empleados públicos, entre tanto, reportan un clima de presión laboral y temor ante la posibilidad de perder sus empleos. En un contexto de alto desempleo y precariedad, el caos administrativo y la amenaza de despidos agudizan la incertidumbre.

La administración Asfura mantiene su defensa: la circular estaría destinada a garantizar transparencia y legalidad en la gestión pública, y no a propiciar una “barrida” de personal. Sin embargo, el conflicto apenas comienza, y el debate jurídico y político sobre la constitucionalidad y el alcance de la medida continúa polarizando a la opinión pública.