
Más de 400 elementos de la Policía Nacional Civil y del Comando Élite del Sistema Penitenciario ingresaron al Centro de Detención Preventiva de Puerto Barrios, en Izabal, para buscar teléfonos celulares, armas de fuego y drogas vinculados con extorsiones contra transportistas, comerciantes y particulares de la región.
La diligencia comenzó durante la madrugada, después de que las fuerzas de seguridad solicitaran autorización al director de la cárcel para acceder a los distintos sectores. Los reclusos fueron trasladados uno por uno a una cancha del recinto y quedaron bajo custodia mientras los agentes revisaban camas, pertenencias y espacios comunes.
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El principal objetivo fueron los dispositivos empleados para realizar llamadas de cobro bajo amenaza. El Ministerio Público registra denuncias que sitúan al penal como punto de origen de comunicaciones extorsivas contra personas que circulan por la ruta al Atlántico y residentes de Puerto Barrios y áreas cercanas.
La operación incluyó herramientas para localizar escondites de aparatos electrónicos y una inspección módulo por módulo, una vez desalojados los internos. Las autoridades no informaron cuántos objetos fueron incautados durante la jornada.

Tres bandas bajo investigación desde el centro penitenciario
El director general del Sistema Penitenciario, Jorge López, ordenó la intervención como parte de una segunda fase de investigaciones sobre estructuras criminales que presuntamente coordinaban delitos desde la cárcel. Las autoridades habían desarticulado tres bandas consideradas peligrosas y trasladaron a sus líderes a otros centros de máxima seguridad.
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También existen investigaciones contra trabajadores del penal señalados de colaborar con esas organizaciones. En meses anteriores, un intento de motín en el mismo recinto dejó varios reclusos muertos, algunos calcinados por otros integrantes de la población penitenciaria, en un episodio atribuido a disputas por el control interno.
La requisa se desarrolló bajo el estado de sitio decretado por el Gobierno de Guatemala el 15 de noviembre en Izabal y Zacapa, con una vigencia de 30 días. El Decreto Gubernativo 8-2026 suspendió garantías constitucionales vinculadas con la libertad de locomoción, el derecho de reunión y la regulación de la portación de armas, ante un repunte de violencia asociado al narcotráfico.
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La medida fue aprobada una semana después del asesinato del diputado Julio Portillo y de tres agentes de policía, además de una masacre que dejó ocho víctimas en el municipio de Huité. Las autoridades relacionaron esos hechos con una disputa territorial entre estructuras criminales transnacionales.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, sostuvo que la decisión busca: “Proteger a las comunidades y garantizar la continuidad de sus servicios esenciales, fortalecer el control territorial del Estado y enfrentar y desarticular a las estructuras criminales vinculadas al narcotráfico”.

Puerto Barrios, Morales y El Estor bajo control reforzado
El Departamento de Estado de Estados Unidos designó a tres clanes familiares como organizaciones terroristas extranjeras por su presunta colaboración con cárteles mexicanos. Dos de ellos, los clanes Lorenzana y Mendoza, operan en Zacapa e Izabal.
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Los ministros de Gobernación, Marco Antonio Villeda, y de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, señalaron que las acciones del estado de sitio se concentrarán en Puerto Barrios, Morales y El Estor, municipios identificados por su mayor incidencia delictiva. El plan incluye controles en rutas terrestres y marítimas, además de operativos contra la minería ilegal de jade y oro, actividad que financia a estructuras criminales de la zona.
El Sistema Penitenciario informó el decomiso de alrededor de 2.000 teléfonos celulares en cárceles del país durante los últimos meses y la instalación de escáneres en 23 centros de detención. Las autoridades mantienen abierta la posibilidad de nuevas intervenciones en la cárcel de Puerto Barrios mientras avancen las pesquisas sobre las redes de extorsión.
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