La Corte de Constitucionalidad de Guatemala da 48 horas al gobierno de Bernardo Arévalo para explicar los hechos de Huité y el asesinato de Solórzano Foppa

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala admitió para su trámite un amparo promovido por el abogado Erick Castillo, quien busca que el presidente Bernardo Arévalo adopte medidas frente a los hechos violentos ocurridos en Huité, Zacapa, y el asesinato del exfiscal anticorrupción Juan Francisco Solórzano Foppa.

El tribunal dio 48 horas al mandatario y al ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, para que presenten antecedentes o informes circunstanciados.

La resolución admite en única instancia la acción planteada contra Arévalo y Villeda. Castillo también solicitó la destitución del ministro de la Defensa, Henry Sáenz, a quien atribuye responsabilidad por la movilización de personal militar relacionada con los hechos en Huité.

La Corte pidió a las autoridades denunciadas que remitan la documentación disponible o un informe sobre los sucesos para decidir si corresponde otorgar un amparo provisional. El recurso invoca la obligación constitucional del presidente de proveer la defensa y seguridad de la Nación, además de preservar el orden público.

El abogado sostiene que el Gobierno no garantizó la seguridad ciudadana

Castillo explicó a Infobae que la acción pretende que el Ejecutivo implemente medidas para proteger a la población ante hechos de violencia que, según su planteamiento, revelan fallas en la política de seguridad y en la respuesta institucional.

El abogado sostuvo que el Estado tiene la obligación de garantizar la vida, la integridad y la seguridad de los ciudadanos. Afirmó que los casos de Huité y Solórzano Foppa evidencian, a su juicio, la ausencia de acciones eficaces contra el crimen organizado.

“No podemos seguir en un país donde la seguridad ciudadana no existe”, declaró Castillo. Según indicó, la falta de una política criminal efectiva puede tener consecuencias directas sobre la población.

El recurso solicita que Arévalo cumpla con lo establecido en el artículo 183, inciso b, de la Constitución Política de Guatemala. Esa disposición asigna al presidente la responsabilidad de proveer a la defensa y seguridad de la Nación, así como de conservar el orden público.

El abogado cuestionó la intervención de militares en Huité y afirmó que todavía no se conocen las medidas adoptadas por las autoridades después de los hechos que dejaron ocho fallecidos civiles.

Arévalo evitó brindar detalles y se remitió a la reserva del Ministerio Público

El presidente Bernardo Arévalo fue consultado el martes 27 de octubre sobre las investigaciones por Huité y por el doble crimen donde fue asesinado el exfiscal anticorrupción, en la zona 5 de la Ciudad de Guatemala. Durante la conferencia de prensa La Ronda, evitó adelantar hipótesis o información sobre las diligencias.

El mandatario afirmó que ambos expedientes se encuentran bajo reserva del Ministerio Público (MP). “Será el Ministerio Público el que en su momento responda a todas estas preguntas”, dijo al ser consultado por los hechos en Zacapa.

Arévalo añadió que corresponde al MP establecer las circunstancias de los ataques y determinar eventuales responsabilidades. También sostuvo que el Ejecutivo no puede divulgar datos mientras el ente investigador mantenga la reserva de las actuaciones.

La falta de información pública generó cuestionamientos sobre la secuencia de los hechos, la participación de efectivos militares y las decisiones adoptadas por las fuerzas de seguridad antes y después de los ataques.

Huité y Campo Marte quedaron bajo investigación tras dos hechos violentos

El caso de Huité, en Zacapa, ocurrió el 27 de septiembre. El expediente abrió interrogantes por la muerte de varias personas, entre ellas una madre y sus dos hijas, además de la presencia de integrantes del Ejército en el área.

El viceministro de la Defensa Nacional, Jorge Lemus, confirmó ante diputados que personal militar se trasladó al municipio sin acompañamiento de la Policía Nacional Civil (PNC). Precisó que el movimiento se produjo tras la circulación de información en redes sociales sobre la posible presencia de grupos armados.

Lemus negó que se tratara de una operación militar y aseguró que los efectivos no ingresaron al lugar donde ocurrieron los hechos. Además, informó que 107 integrantes de la Segunda Brigada de Infantería de Zacapa quedaron a disposición de las investigaciones.

El otro antecedente citado por Castillo es el asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro en el Campo Marte. El abogado señaló que la acción busca esclarecer si existieron omisiones en la respuesta de la PNC y exigir medidas de seguridad por parte del Ejecutivo.

La Corte de Constitucionalidad deberá evaluar los informes que presenten el presidente y el ministro de Gobernación antes de resolver si concede la protección provisional solicitada.