Elecciones en Guatemala: las organizaciones políticas perfilan a sus aspirantes presidenciales para 2027

El tablero político de Guatemala aceleró su reconfiguración institucional antes de que el TSE emita la convocatoria oficial en enero y celebre la primera vuelta el 27 de junio de 2027. Los partidos con reconocimiento legal activaron asambleas, negociaciones y procesos internos para definir sus fórmulas presidenciales y completar los requisitos que les permitirán competir por el control del Organismo Ejecutivo.

La carrera reúne figuras procedentes de la administración pública, el Congreso de la República, las municipalidades y el sector empresarial. Las agrupaciones buscan consolidar respaldos en los 22 departamentos, mientras los comités ejecutivos ajustan sus calendarios para cumplir con las exigencias de la legislación electoral.

El Departamento de Organizaciones Políticas del Tribunal Supremo Electoral registra 27 partidos políticos inscritos en el país. De ese total, 20 organizaciones ya cuentan con aspirantes presidenciales visibles o respaldos preliminares, mientras seis todavía no han ratificado ni presentado públicamente sus binomios.

VIVA, el primer partido con fórmula presidencial completa

Visión con Valores, conocido como VIVA, fue la primera agrupación en proclamar una fórmula presidencial completa. Durante una asamblea nacional extraordinaria realizada en la capital, el partido designó al empresario y exdiputado Armando Castillo como candidato a la Presidencia.

Castillo estará acompañado por el general retirado Luis Miguel Ralda como postulante a la Vicepresidencia. Ralda dirigió el Ministerio de la Defensa Nacional entre 2017 y 2019.

Compromiso, Renovación y Orden, identificado como CREO, mantiene al alcalde de Mixco, Neto Bran, como su principal figura para disputar la Presidencia de la República. La asamblea partidaria prevista inicialmente fue cancelada y la organización aún debe establecer una nueva fecha para formalizar su candidatura.

El partido TODOS, por su parte, determinó que la proclamación de Sergio Madrazo como aspirante presidencial se realizará en diciembre. La definición forma parte de la secuencia de convenciones y asambleas nacionales que las organizaciones deben completar antes de la apertura formal del proceso de inscripción.

La nómina preliminar incluye a Oscar Rodolfo Castañeda por PODER, Fausto Arimany por Valor, Roberto Arzú por Fuerza y Oscar Cruz por Jaguar. También figuran Isaac Farchi por Cambio, Annabella Giracca por Raíces y Sonia Gutiérrez por la coalición integrada por URNG Maíz y Winaq.

Entre las figuras que buscan encabezar proyectos presidenciales están Sandra Jovel, vinculada al partido Nuevos Tiempos; Edmond Mulet, por X/Guate; Hugo Peña, por Elefante; y Carlos Pineda, por Servir. La oferta también incorpora a Nery Ramos por Firmes, Geovanni Reyes por Partido Azul, Zury Ríos por Unionista y Max Santa Cruz por BIEN.

Leonel Toriello aparece como referente presidencial de VOS, mientras Sandra Torres se perfila por la Unidad Nacional de la Esperanza, conocida como UNE. La diversidad de postulaciones anticipa una contienda con fuerzas fragmentadas y con necesidad de acuerdos territoriales, gremiales y comunitarios. Además, el partido Nosotros buscará postular como precandidato presidencial al diputado y exalcalde de Salcajá, Miguel Ovalle Barrios.

Cinco partidos sin binomio presidencial confirmado

Cabal, Calidad, Prosperidad Ciudadana, Vamos y Victoria son las cinco agrupaciones que todavía no han confirmado oficialmente a sus candidatos a la Presidencia y Vicepresidencia. Sus dirigencias concentran las gestiones en comités locales, convenciones departamentales y negociaciones internas antes de convocar a sus asambleas nacionales.

La Ley Electoral y de Partidos Políticos exige que cada organización cumpla los quórums establecidos y valide las postulaciones sin irregularidades de procedimiento que puedan derivar en impugnaciones. La conservación del estatus legal partidario y la obtención de casillas en la papeleta dependen de esos requisitos.

La convocatoria institucional prevista para enero reducirá el margen de acción de los comités ejecutivos. Cada aspirante deberá presentar ante el Registro de Ciudadanos sus finiquitos, acreditaciones de carencia de antecedentes penales y policiales, además de las solvencias administrativas correspondientes.

El proceso de inscripción abrirá una etapa de revisión jurídica en la que el tribunal electoral resolverá la procedencia de cada candidatura. Esa evaluación definirá qué fórmulas estarán habilitadas para competir en la primera vuelta presidencial.

Organizaciones de la sociedad civil, observatorios electorales y cámaras empresariales plantearon que la campaña debe evitar la confrontación descalificadora y la desinformación. Los colectivos ciudadanos reclaman planes de gobierno viables frente al desempleo, las deficiencias de la infraestructura vial, la crisis del sistema de salud pública y la desnutrición crónica.