Ministerio Público de Guatemala realiza allanamientos en inmuebles vinculados a Miguel Martínez hombre de confianza de Alejandro Giammattei

El Ministerio Público (MP), con apoyo de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) y la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó 13 allanamientos en propiedades vinculadas a la familia de Miguel Martínez y giró órdenes de aprehensión contra su entorno cercano.

Las diligencias judiciales, que se desarrollaron este miércoles 23 de septiembre, incluyeron el registro de una residencia de los padres del exfuncionario en Jocotenango, departamento de Sacatepéquez.

Además de operativos en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla, de donde es oriundo Martínez, más conocido como “Miguelito”, así como en la ciudad de Guatemala.

Fuentes allegadas al Ministerio Público y a la policía, confirmaron a Infobae que la intención es capturar a dos personas relacionadas con procesos penales contra el allegado al expresidente Alejandro Giammattei y exjefe del Centro de Gobierno.

Aunque, por el momento no se han dado declaraciones oficiales, se sabe que en las inspecciones a los inmuebles, se han incautado varios teléfonos celulares, dispositivos USB y documentación diversa, incluyendo archivos relacionados con la administración gubernamental.

Las diligencias están a cargo de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, confirmó a Infobae el Ministerio Público. Pese a que no se han revelado los motivos de la investigación de manera oficial, se ha revelado que tienen relación con irregularidades financieras y contratos estatales.

Mientras que el Ministerio Público informó que al finalizar las diligencias se compartirá información relacionada con las acciones legales contra el círculo cercano a Martínez.

Un exfuncionario que concentró el poder político durante el gobierno de Alejandro Giammattei

Miguel Martínez ejerció como titular del extinto Centro de Gobierno, una estructura creada al inicio de la gestión del expresidente Alejandro Giammattei para coordinar los ministerios del Organismo Ejecutivo.

Esta dependencia fue cerrada en diciembre de 2020 bajo una fuerte tensión entre el expresidente Giammattei y el ex vicepresidente Guillermo Castillo, luego de serios cuestionamientos de diversos sectores sociales que consideraban a la institución que duplicaba las funciones de la Vicepresidencia de Guatemala.

Pese al cierre del Centro de Gobierno, Martínez mantuvo una influencia enorme en las decisiones de la administración pública y en la adjudicación de contratos estatales a través de empresas con vínculos a su círculo personal y social, según se denunció en numerables publicaciones de prensa y señalamientos ciudadanos.

Incontables investigaciones periodísticas expusieron la cercanía del exfuncionario con directivos y operadores de firmas beneficiadas con asignaciones presupuestarias, entre las que sobresalen constructoras y distribuidoras de insumos médicos.

El protagonismo de Martínez y la cercanía con Giammattei lo convirtió en una de las figuras de mayor poder político en Guatemala durante el periodo 2020-2024, en medio de señalamientos de opacidad, favorecimiento a allegados y presuntos cobros de comisiones ilícitas en las compras gubernamentales.

Pese a que los señalamientos se convirtieron en denuncias penales, durante la administración de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público ninguna prosperó. Incluso, se supo que varias habían sido desestimadas.

Las sanciones internacionales de Estados Unidos y la batalla legal para revertirlas

El 1 de diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Martínez bajo la Ley Global Magnitsky.

Las autoridades norteamericanas respaldaron la medida al señalar al exfuncionario por solicitar sobornos en la compra de 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V contra el COVID y por influir en la adjudicación de contratos públicos en beneficio de sus intereses.

La sanción conllevó la congelación de sus activos y la prohibición para realizar transacciones en el sistema financiero bajo jurisdicción estadounidense.

Para revertir la sanción de la OFAC, el exdirector promovió una demanda ante la Corte del Distrito de Columbia con la representación de su abogado Alexei Schacht.

Sin embargo, en julio de 2026, la jueza federal Beryl A. Howell denegó su petición y determinó que el Departamento del Tesoro contaba con evidencia sustancial para sostener las restricciones.

Ante dicho fallo, la defensa de Martínez presentó en agosto pasado un recurso ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito de Columbia para intentar revertir el bloqueo de sus activos en el exterior.