El Tribunal Supremo Electoral recibe descargos en más de 250 expedientes por campaña anticipada en Guatemala

El TSE de Guatemala comenzó a recibir pruebas de descargo en más de 250 expedientes por presunta campaña anticipada, mientras los partidos aceleran sus procesos internos para las elecciones generales de 2027 y el tribunal delimita qué actividades pueden realizarse antes de la convocatoria oficial. El secretario general del Tribunal Supremo Electoral, Pablo Portocarrero, indicó que algunos casos fueron archivados y otros continúan a la espera de los argumentos de las personas señaladas.

“Hasta la fecha van más de 250 expedientes que tiene Inspectoría General. Sin embargo, algunos ya han sido archivados y otros, pues, están pendientes de que las personas presenten sus pruebas de descargo”, afirmó Portocarrero durante una conferencia de prensa.

La mayor parte de las denuncias se originó en redes sociales. Un relevamiento de Prensa Libre determinó que el 95% de los expedientes documentados hasta septiembre se vinculó con publicaciones en esas plataformas, bajo monitoreo de la Unidad Especializada sobre Medios de Comunicación y de la Inspectoría General.

Las asambleas partidarias y los límites a la propaganda

Trece partidos programaron asambleas para proclamar candidatos presidenciales entre octubre y diciembre. Visión con Valores, Compromiso Renovación y Orden, Cabal, la Unidad Nacional de la Esperanza y Servir figuran entre las agrupaciones que anticiparon la presentación de sus binomios, según Prensa Libre.

La convocatoria oficial del TSE está prevista para el 22 de enero de 2027. La Ley Electoral y de Partidos Políticos permite que las organizaciones celebren asambleas y elijan candidaturas hasta seis meses antes de esa fecha, siempre que cumplan con la estructura partidaria mínima exigida.

La designación interna de aspirantes no habilita, sin embargo, la propaganda electoral. Esa etapa está reservada para los 90 días previos a los comicios y concluye 36 horas antes de la jornada de votación.

El tribunal distingue el proselitismo partidario de la promoción electoral anticipada. Los partidos pueden desarrollar actividades internas fuera del período formal de campaña, pero los llamados directos o indirectos al voto y la difusión de candidaturas deben ajustarse al calendario legal.

Entre las conductas bajo análisis aparecen la promoción de imagen de aspirantes, el uso reiterado de símbolos partidarios fuera de contexto y la contratación de publicidad con fines electorales antes del plazo autorizado. El artículo 94 Bis de la ley establece que no será inscrita como candidata una persona que haga campaña individual mediante la publicidad de su imagen en medios de comunicación antes de la convocatoria oficial.

La restricción no excluye eventuales sanciones contra la organización política que respalde a la persona investigada. Portocarrero señaló que el pleno de magistrados busca respetar la libertad de expresión y de acción de los partidos, por lo que no toda actividad partidaria constituye una infracción.

Más casos, notificaciones complejas y decisiones pendientes

Las cifras de expedientes variaron según el momento del registro. En octubre, se informó que había 259 denuncias acumuladas por posibles actos de campaña anticipada y promoción de imagen: 50 habían sido archivadas y 209 seguían en trámite.

Los datos fueron proporcionados por el inspector general, Carlos Roberto Garza, durante una reunión con la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso. Para el 6 de noviembre, República contabilizó 286 casos, de los cuales 60 ya habían concluido y cerca de la mitad involucraba a funcionarios públicos.

El resto de los expedientes corresponde a personas sin afiliación partidaria registrada, incluidos simpatizantes que también pueden ser investigados por la Inspectoría General. Diez casos fueron trasladados al Registro de Ciudadanos, la dependencia encargada de resolver una posible sanción o el archivo definitivo.

Las personas notificadas disponen de cinco días para presentar sus pruebas de descargo. La notificación debe efectuarse de manera personal, un requisito que ha dificultado el avance de las investigaciones en distintos puntos del país.

La Inspectoría General cuenta con 40 personas delegadas para seguir las denuncias por campaña anticipada, aunque el pleno del TSE autorizó diez plazas adicionales. Para identificar a los señalados, el organismo utiliza información del Registro Nacional de las Personas y sus propias bases de datos, pero algunos casos todavía no pudieron ser individualizados.

El secretario general del TSE sostuvo que no puede divulgar los nombres de quienes mantienen expedientes abiertos porque los procedimientos no finalizaron y los investigados pueden apelar ante instancias internas o judiciales. El tribunal prevé desarrollar campañas de comunicación para explicar a la ciudadanía y a las organizaciones políticas cuáles son las actividades permitidas antes de la convocatoria.

En julio, el TSE también informó que preparaba una plataforma para recibir denuncias ciudadanas mediante fotografías y enlaces, que serían remitidos a la Inspectoría General para su análisis.