El procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, José Alejandro Córdova, presentó un amparo contra la junta directiva del IGSS para restablecer la atención sanitaria de más de 3.000 trabajadores de la Municipalidad de Mixco y sus beneficiarios, afectados por las restricciones médicas mientras la comuna mantiene una deuda de USD 34,2 millones con el seguro social.
La acción busca que los empleados vuelvan a acceder de forma inmediata a servicios médicos, tratamientos y medicamentos. Córdova indicó que conoció casos urgentes de personas con embarazos de riesgo y enfermedades graves que no han podido recibir la atención requerida.
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“La salud y la seguridad social son un derecho humano reconocido en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala y debe garantizarse sin discriminación alguna”, sostuvo el procurador al anunciar la medida. También afirmó que “las consecuencias de los incumplimientos patronales no deben recaer sobre las personas trabajadoras ni sobre sus familias”.
La cobertura médica ante los atrasos de la Municipalidad de Mixco
La Procuraduría de los Derechos Humanos presentó el recurso contra la junta directiva del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no contra la municipalidad. El reclamo apunta a que los incumplimientos administrativos y financieros de los patronos no condicionen la salud ni la vida de los afiliados.
El funcionario pidió atención médica oportuna, integral y adecuada para el personal municipal y sus familias. “La salud y la vida de las personas no puede quedar condicionada por incumplimientos administrativos o financieros de los patronos”, remarcó Córdova.
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La Municipalidad de Mixco, administrada por el alcalde Neto Bran, adeuda 261 millones de quetzales al IGSS, según cifras divulgadas por el concejal opositor Mario Castellanos. El monto forma parte de un conjunto de obligaciones que comprometen las finanzas de la comuna.
Castellanos detalló que la municipalidad también mantiene una deuda de 15,9 millones de quetzales con la Empresa Eléctrica de Guatemala, un préstamo de 160 millones de quetzales con Banrural y pagos pendientes a proveedores por entre 150 y 200 millones de quetzales. A ello se añade el impago al Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, que ya había señalado a Mixco como la municipalidad con mayor deuda acumulada del país.
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El concejal comparó el escenario con el de una empresa privada en quiebra y advirtió que el nivel de endeudamiento comprometería el presupuesto municipal de un año fiscal completo. La administración de Bran propuso al Concejo Municipal ceder bienes para reducir las obligaciones pendientes.
Para negociar la deuda con el IGSS, la comuna planteó entregar varios inmuebles valuados en 100 millones, 60 millones y 40 millones de quetzales. A cambio, el instituto desarrollaría infraestructura en el municipio y podría condonar o reducir el monto adeudado.
Salarios pendientes y una nómina que se duplicó
La falta de recursos también alcanzó a los salarios del personal municipal. Hasta octubre, los empleados no habían recibido las dos quincenas correspondientes a septiembre, denunció Pantaleón Morales, presidente del sindicato de trabajadores de la comuna.
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“Se le debe a todo el empleado municipal”, afirmó Morales. El retraso salarial se sumó a las restricciones de cobertura médica que motivaron la acción constitucional presentada por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
Bran atribuyó la falta de fondos a la eliminación del Impuesto Único sobre Inmuebles, al sostener que los vecinos dejaron de pagar ese tributo. El alcalde señaló además que una parte de las obligaciones proviene de administraciones anteriores.
El jefe comunal vinculó el déficit con el crecimiento de la nómina municipal, que pasó de 2.000 empleados a entre 4.500 y 5.000 durante su gestión. Bran, proclamado candidato presidencial para las elecciones de 2027 por Compromiso, Renovación y Orden, anunció la suspensión de sus dietas y las de los integrantes del Concejo Municipal por la situación financiera.
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El IGSS y la vocería de la Municipalidad de Mixco no emitieron un pronunciamiento público sobre el amparo presentado por la Procuraduría de los Derechos Humanos.
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