La Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó al Congreso de Guatemala revisar la legitimidad de las firmas que acompañan dos propuestas de reforma a la Constitución y habilitar un mecanismo para que los ciudadanos comprueben si sus datos fueron incluidos con su consentimiento.
La resolución también establece que, si se detectan anomalías, el Organismo Legislativo deberá presentar las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público para deducir responsabilidades penales. La decisión se originó en dos amparos provisionales solicitados por el Centro para la Defensa de la Constitución (Cedecón).
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Uno (Expediente 9090-2026) cuestiona la iniciativa impulsada por Poder Ciudadano y el otro (Expediente 9130-2026) se refiere a la propuesta presentada por el político Carlos Pineda, identificado como directivo de movimiento “Menos Privilegios, Más País” y quien se prevé como candidato presidencial del partido Servir.
Ambas iniciativas llegaron al Congreso respaldadas con miles de firmas de ciudadanos. Sus promotores sostuvieron que esos apoyos expresaban respaldo a los cambios planteados para la Constitución Política de la República de Guatemala.
La CC consideró necesario confirmar la autenticidad de esos registros antes de que continúe el trámite parlamentario.
Según la resolución, el Congreso deberá requerir información al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para establecer si las personas que figuran como firmantes estaban empadronadas.
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También tendrá que solicitar datos al Registro Nacional de las Personas para confirmar que los ciudadanos estaban vivos al momento de adherir a las propuestas.
El fallo añade una tercera verificación: el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) deberá informar si los firmantes se encontraban dentro del territorio guatemalteco cuando registraron su apoyo.
Con esos informes, el Congreso deberá determinar si las listas contienen nombres inexistentes, personas fallecidas o ciudadanos que estaban fuera del país.
El Congreso deberá habilitar un canal de reclamos ciudadanos
La resolución de la Corte de Constitucionalidad obliga al Congreso a crear un módulo físico o digital para que los ciudadanos puedan puedan comprobar si sus datos fueron utilizados y denunciar la inclusión de una firma sin consentimiento.
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La Corte dispuso además que, si el Congreso encuentra inconsistencias en las firmas, deberá trasladar el caso al Ministerio Público (MP). La instrucción incluye la presentación de denuncias penales contra quienes hubieran solicitado o recopilado apoyos mediante procedimientos que no se ajusten a la ley.
El pronunciamiento constitucional se conoció el 5 de noviembre, horas después de que Edgar Ortiz, directivo de Poder Ciudadano, anunciara que la organización desistía de continuar con su iniciativa. Ortiz atribuyó esa decisión a una serie de amenazas, que ya fueron denunciadas ante el MP.
Pese al retiro anunciado por Poder Ciudadano, la propuesta permanece en el Congreso porque algunos diputados asumieron el respaldo de la iniciativa. Por ese motivo, la orden de verificar las firmas mantiene efectos sobre el expediente que ingresó al Legislativo junto con los listados ciudadanos.
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El abogado Edgar Ortiz informó en sus redes sociales que él y otros integrantes de la organización civil Poder Ciudadano están siendo intimidados, por lo que anunció la cancelación del Congreso Ciudadano que tenían previsto para el 31 de octubre.
La resolución tuvo votos disidentes y concurrentes
La decisión fue aprobada por mayoría, aunque contó con votos disidentes de la presidenta de la Corte, Annabella Morfín, y de la magistrada Astrid Lemus.
Los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera emitieron votos razonados concurrentes. Posición que estuvo vinculada con el retraso en el conocimiento y la resolución de los amparos presentados por Cedecón, pese a la solicitud de incluirlos en la agenda con anterioridad.
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