Sala de Apelaciones absuelve a tres exdiputados acusados de tráfico de influencias en Guatemala

La Sala Primera de la Corte de Apelaciones de Mayor Riesgo anuló las condenas y absolvió a tres exdiputados acusados de tráfico de influencias en el caso Asalto al Ministerio de Salud, una investigación sobre presuntas contrataciones irregulares y cobros de comisiones dentro de esa cartera en Guatemala.

La decisión favorece a Ronald Arango, Aracely Chavarría y Humberto Leonel Sosa, quienes habían recibido penas de prisión el 3 de agosto de 2026 por resolución del Tribunal de Mayor Riesgo D.

Los magistrados concluyeron que existió una errónea aplicación de la ley y ordenaron dejarlos libres de los cargos que enfrentaron durante el debate oral y público.

La Sala dejó sin efecto las penas de entre tres y casi ocho años

El Tribunal de Mayor Riesgo D, presidido por el juez Fredy Aguilar, había condenado por unanimidad a los tres exparlamentarios por el delito de tráfico de influencias. La sentencia había establecido penas distintas según la participación atribuida a cada acusado.

Chavarría recibió una condena de siete años y 11 meses de prisión inconmutable. Arango fue sentenciado a seis años y cuatro meses de cárcel inconmutable. Sosa, en tanto, recibió una pena de tres años y nueve meses de prisión conmutable, a razón de Q100 diarios.

La sentencia también había dispuesto que los tres quedaran inhabilitados para ejercer cargos públicos mientras duraran sus penas. Con el fallo de la Sala de Apelaciones, quedaron sin efecto tanto las sanciones principales como las accesorias.

La resolución elimina, además, las consecuencias jurídicas vinculadas con las condenas, incluida la reparación digna que el tribunal había impuesto a los tres exdiputados. Las medidas sustitutivas que mantenían los acusados también dejarán de tener vigencia cuando la decisión adquiera firmeza.

Los magistrados cuestionaron la relación entre las pruebas y los hechos juzgados

La Sala Primera de Apelaciones de Mayor Riesgo consideró que los hechos que valoró el Tribunal de Mayor Riesgo D no guardaban relación con la prueba presentada por el Ministerio Público (MP) durante el proceso.

De acuerdo con el análisis de los magistrados, la existencia de gestiones, comunicaciones y envío de currículos para procesos de contratación dentro de la administración pública no era suficiente para acreditar el delito imputado.

La resolución señala que esas actuaciones no permitían demostrar, por sí solas, que los acusados hubieran influido sobre funcionarios o empleados públicos mediante su jerarquía, posición, amistad u otro vínculo personal, con el propósito de obtener un beneficio indebido para ellos o para terceros.

Bajo ese criterio, la Sala concluyó que no correspondía imponer penas de prisión por tráfico de influencias. Por ello, revocó la sentencia de primera instancia y dictó la absolución de Arango, Chavarría y Sosa.

Dos de las condenas anuladas correspondían a la modalidad de delito continuado. El tribunal había considerado que los exdiputados intervinieron para que personas allegadas fueran contratadas en el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

El caso investigó presuntas plazas políticas y negocios irregulares

La pesquisa del caso Asalto al Ministerio de Salud, presentada en 2019, apuntó a una estructura que habría utilizado el Ministerio de Salud para favorecer intereses políticos y económicos durante la gestión de Jorge Villavicencio como ministro.

Según la investigación, los exdiputados habrían solicitado la contratación de personas afines. El expediente atribuyó a los sindicados participación en la contratación de ocho personas que, según la acusación, no cumplían con las cualidades requeridas para los cargos asignados.

Las pesquisas también describieron un esquema de cobro de comisiones por obras públicas, compras irregulares, construcción y reparación de hospitales y centros de salud. Parte de las irregularidades se habría relacionado con proyectos ejecutados tras el terremoto de San Marcos, cuando se declaró estado de calamidad.

La investigación estableció que la estructura habría manejado alrededor de 450 plazas, que presuntamente servían para otorgar favores políticos, exigir pagos periódicos y crear puestos fantasma. En el caso también se mencionó la posible participación de funcionarios, particulares y otros actores vinculados con la administración de la cartera de Salud.

Hasta el momento, no se conoce si el Ministerio Público presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la decisión de la Sala de Apelaciones.