Guatemala exonera impuestos a combustibles y el Presidente Bernardo Arévalo tiene un dilema en sus manos

En una sesión donde, al parecer, ya se tenían acuerdos y consensos, el Congreso de Guatemala aprobó una exoneración temporal del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para la venta e importación de gasolinas, diésel y gas oil.

El Decreto calzado con la nomenclatura 22-2026, fue aprobado en el pleno el martes 22 de septiembre, luego de varios rumores sobre reuniones del presidente Bernardo Arévalo con jefes de los diferentes bloques en el Legislativo en la que se buscaban acuerdos para calmar las protestas y críticas de partidos políticos. Situación que no fue confirmada de manera oficial.

La norma obtuvo respaldo de 148 legisladores oficialistas y de oposición y de ser sancionada por el Ejecutivo, estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, luego de ser aprobada en única lectura y de urgencia nacional, sin que se hubiera conocido previamente por los diputados.

La ley exonera impuestos, pero no detiene la volatilidad de los precios

La exención busca reducir el costo final de las gasolinas superior y regular, y del diésel y el gas oil, en medio de la escalada de precios vinculada a la crisis internacional del petróleo.

Sin embargo, contrario al Decreto 21-2026 que ponía precios tope, esta normativa estará sujeta a la fluctuación de los costos internacionales. Es decir, si los combustibles continúan en aumento, el pago en Guatemala variará al alza.

En este momento y según las estimaciones de los precios actuales, la suspensión de ambos tributos dejaría el costo de la siguiente manera:

• Gasolina Superior a Q34,59 (USD 4,49)por galón
• Gasolina Regular a Q32,90 (USD 4,27) por galón
• Diésel y gas oil a Q40,66 (USD 5,28) por galón

De ser sancionada la Ley en el Ejecutivo, lo único que está fijo es el descuento por galón correspondiente a la eliminación los impuestos, el cual queda de la siguiente manera:

• Rebaja de la Gasolina Superior: Q9,41 (USD 1,22) por galón
• Rebaja de la Gasolina Regular: Q9,10 (USD 1,18) por galón
• Rebaja al Diésel y Gas Oil: Q6,34 (USD 0,82) por galón

Para ejemplificarlo: Si el galón de gasolina regular actualmente es de Q44 (USD 5,71) con la reducción de los impuestos correspondientes a Q9,41 (USD 1,22) quedaría en Q34,59 (USD 4,49). Pero, si antes de la promulgación de la ley llegara a Q50 (USD 6,49) al aplicar el descuento quedaría en Q40,59 (USD 5,27).

En tanto, los legisladores dejaron como responsables para supervisar que la normativa se cumpla a la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor (DIACO) del Ministerio de Economía y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).

Costo fiscal

De ser promulgada la ley por el Ejecutivo, el Ministerio de Finanzas Públicas deberá realizar ajustes presupuestarios para compensar la caída de ingresos. El costo fiscal previsto por la exoneración asciende a Q3.318,4 millones, unos USD 430.9 millones, de los cuales Q1.332,2 millones (USD 173 millones) corresponden al IDP y Q1.986,2 millones (USD 257.9 millones) al IVA.

Pese a que el impuesto de los combustibles y el del valor agregado tienen destinos específicos, el Decreto aprobado garantiza los fondos para las Municipalidades en todo el país y para la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), este último dedicado a dar mantenimiento y construir nuevas carreteras.

Durante la aprobación el diputado de la bancada Cabal, Julio Héctor Estrada, explicó que el sacrificio fiscal se obtendrá de incrementos de recaudación que ha logrado la administración tributaria. “Por primera vez se tiene más recursos en caja... los guatemaltecos están pagando sus impuestos”, dijo.

La ley también establece que los combustibles adquiridos bajo el régimen de exención y que permanezcan en inventario al concluir el plazo deberán venderse sin incorporar nuevamente los impuestos hasta que se agoten. Desde el 1 de enero de 2027, los productos volverán a estar sujetos a las tarifas ordinarias.

Esta normativa entrará en vigencia un día después de que sea publicada en el diario oficial.

Analizan normativa

El Gobierno no se pronunció inmediatamente sobre la nueva normativa, fue hasta este miércoles 23 de septiembre cuando la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia (SCSP) indicó que “los equipos del Ejecutivo están trabajando en el análisis del Decreto 22-2026 a fin de estar listos cuando venga para el proceso de sanción presidencial que corresponde”.

Contrario a lo ocurrido con el Decreto de precios tope, el presidente Bernardo Arévalo no se ha pronunciado de manera directa y se desconoce si la norma será sancionada o no.

Por su parte, la SCSP afirmó: “Estamos conscientes que no hay una medida perfecta en el corto plazo, pero reiteramos a la población que tenemos el compromiso de cumplir y responder con efectividad para proteger a las familias y, en este caso, aliviar el bolsillo ante el alza de combustibles”.

Mientras que rehusaron a responder si el Ejecutivo participó de alguna forma en la elaboración de la normativa aprobada por el Legislativo y tampoco quisieron opinar sobre sacrificio fiscal que representará la eliminación de impuestos, interrogantes planteadas por Infobae.

“De momento esta es la única respuesta”, se limitaron a indicar.

Arévalo podría juntarse con dos Decretos

Esta nueva legislación llega semanas después de la aprobación del Decreto 21-2026, que establecía precios máximos para los combustibles.

Esa norma, aprobada el 8 de septiembre, fijaba un precio tope de Q39 (USD 5,06) por galón para el diésel y la gasolina regular, mientras que la gasolina superior tendría un límite de Q41 (USD 5,32). Su vigencia también estaba prevista hasta el 31 de diciembre, siempre que hubiera recursos disponibles.

Sin embargo, el decreto no entró en vigor porque el diputado opositor Allan Rodríguez, del bloque Vamos, presentó objeciones, las cuales se empezaron a conocer el martes 22, pero no se continuó debido a que los diputados rompieron quórum. El legislador cuestionó aspectos del procedimiento de aprobación y señaló presuntas inconsistencias.

Las observaciones impidieron que el texto fuera enviado al Organismo Ejecutivo para su sanción o veto.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Luis Contreras, aseguró que mañana jueves 24 de septiembre se conocerán “sí o sí” las objeciones.

El congresista indicó que su intención es que previo a la interpelación al ministro de Desarrollo Social, Abelardo Medina, se presente una moción para conocer los alegatos de Rodríguez.

“Vamos a meter una moción privilegiada para que las objeciones se conozcan antes de la interpretación. Va a haber 81, lo someto a votación y pase lo que pase, no importa. El decreto se va mañana sí o sí. El 21. El 22 se va el viernes”, dijo.

Sin embargo, reconoció la posibilidad de que Rodríguez tenga más apoyo y, si ocurriera de esa manera, el Decreto de precios máximos aprobado de urgencia nacional y con 130 votos de 160, será archivado.

Pero, si se logra el apoyo, el presidente Bernardo Arévalo se juntará con las dos propuestas y deberá ser él quien decida si sanciona la ley para eliminar impuesto o la que establece precios tope.

Transportistas, comerciantes y organizaciones civiles protestaron por el alza

El aumento de los combustibles provocó manifestaciones y bloqueos en distintos puntos de Guatemala. Transportistas, vendedores de mercados, organizaciones civiles y representantes indígenas reclamaron medidas que redujeran el impacto del encarecimiento en el transporte y en el precio de la canasta básica.

El 14 de septiembre, integrantes de la Asociación de Gremiales de Transportistas y comerciantes del Mercado de la Bethania protestaron en la Plaza de la Constitución, en Ciudad de Guatemala. Los participantes solicitaron una mesa de diálogo con el presidente Bernardo Arévalo y con diputados para discutir alternativas.

En esa jornada, el diésel alcanzó USD 6,41 por galón, mientras que la gasolina regular se ubicó en USD 5,52 y la superior en USD 5,79 en algunas estaciones de servicio. Los reclamos incluyeron críticas al retraso en la aplicación del decreto de precios tope.