El Gobierno de Guatemala conmemora los 30 años del Convenio 169 y admite una deuda con los pueblos indígenas

A 30 años de la ratificación del Convenio 169 de la OIT, Guatemala volvió a poner el foco en una deuda que sigue abierta: traducir ese compromiso internacional en igualdad efectiva para los pueblos indígenas, en un país donde 4 de cada 10 personas se identifican como integrantes de esos pueblos y aún persisten brechas de empleo, ingresos, educación, idioma y acceso a servicios públicos.

Durante un acto en el Palacio Nacional de la Cultura, la ministra de Trabajo y Previsión Social Miriam Roquel sostuvo que los avances de estas tres décadas conviven con obstáculos que siguen limitando el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones.

Entre ellos mencionó las barreras lingüísticas, que, dijo, no deberían convertirse en impedimentos para acceder a servicios y ejercer derechos.

La conmemoración recordó que el convenio reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derechos y fija obligaciones para el Estado en materia de igualdad, participación y respeto de sus instituciones, idiomas y formas propias de organización. Roquel subrayó que ese marco también exige eliminar las barreras que dificultan el ejercicio de esos derechos.

El Gobierno admite que las brechas siguen en empleo, ingresos y servicios

Roquel afirmó que el cumplimiento del Convenio 169 no recae solo en una dependencia del Ejecutivo, sino en todo el Estado. Planteó que ese trabajo requiere coordinación entre instituciones públicas, autoridades indígenas y ancestrales, organizaciones de mujeres, organizaciones sindicales, sociedad civil y comunidad internacional.

La respuesta a qué sigue pendiente fue explícita: persisten desigualdades en la calidad del empleo, los ingresos, la educación y el acceso a servicios públicos. La ministra añadió que los idiomas nacionales deben funcionar como puentes de comunicación y no como barreras para la atención estatal.

La publicación oficial del organismo internacional ya vinculaba la ratificación con un objetivo más amplio: convertir los acuerdos del proceso de paz en realidades sociales y políticas concretas. También recordaba que, como parte de ese proceso, en marzo de 1995 se había firmado un acuerdo específico basado en el convenio para lograr el reconocimiento y la protección de los derechos y la identidad cultural de los indígenas.

En ese mismo documento, Ian Chambers, entonces director de la Oficina de la OIT en San José, sostuvo que la ratificación era un paso en el proceso de paz y afirmó: “Este compromiso internacional supone una garantía formal para el desarrollo de la naturaleza y características multiculturales y pluriétnicas de la sociedad guatemalteca, que ya están reconocidas en la Constitución del país”. Añadió que “resultaba imposible garantizar una paz duradera si no se reconocía y protegía esta diversidad, tanto en Guatemala como en el resto del mundo”.

Roquel cerró la conmemoración con un compromiso del Ministerio de Trabajo y Previsión Social: seguir trabajando con distintos sectores para que los derechos reconocidos hace 30 años se reflejen en condiciones concretas para los pueblos indígenas, tanto en el ámbito laboral como en los servicios públicos y en la vida cotidiana.

La ratificación de 1996 quedó ligada al proceso de paz y al reconocimiento de la diversidad indígena

La ministra situó la ratificación en el contexto del proceso de paz y después de la firma del Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrito en 1995. Señaló que la decisión de 1996 representó un paso para el reconocimiento formal de los pueblos indígenas como sujetos sociales y políticos y como titulares de derechos.

Según una publicación oficial de la Organización Internacional del Trabajo, difundida el 13 de junio de 1996, la aceptación de la ratificación formalizó un compromiso destinado a garantizar los derechos de la población de origen maya, presentada allí como mayoritaria en el país. El organismo explicó entonces que el convenio obliga a los gobiernos que lo ratifican a respetar los valores tradicionales de los pueblos indígenas y tribales, a consultarlos sobre decisiones que afecten su desarrollo económico o social y a respetar sus derechos sobre las tierras que ocupan tradicionalmente.

Ese antecedente también fue descrito por el organismo como una pieza del proceso de negociación impulsado bajo auspicios de las Naciones Unidas para poner fin a la guerra civil en Guatemala. En esa comunicación, la OIT señaló que el conflicto, al que definió como el de mayor duración en América Latina, había costado cerca de 250 mil vidas a lo largo de 30 años.

El entonces ministro de Trabajo y Previsión Social de Guatemala Arnoldo Ortiz Moscoso calificó la ratificación como “un hito histórico en la consolidación de la democracia y del respeto de los derechos humanos internacionalmente reconocidos en Guatemala”. En la misma publicación, pidió apoyo a la comunidad internacional para garantizar “la plena participación de todos los sectores de la sociedad, hombres y mujeres, empleadores y trabajadores, en la construcción de una cultura nueva y democrática de tolerancia, paz y desarrollo económico”.